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Albal destinará los 600.000 euros remanentes de la ayuda de Amancio Ortega a comunidades de propietarios y ascensores dañados por la dana

El Ayuntamiento defiende que el retraso en la distribución se debió a la complejidad técnica de canalizar los fondos hacia comunidades de propietarios, mientras Compromís denuncia una parálisis administrativa injustificable.

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Albal destinará los 600.000 euros remanentes de la ayuda de Amancio Ortega a comunidades de propietarios y ascensores dañados por la dana
El Ayuntamiento defiende que el retraso en la distribución se debió a la complejidad técnica de canalizar los fondos hacCrédito · Valencia Plaza

Lo esencial

  • La Fundación Amancio Ortega concedió 4 millones de euros al municipio de Albal para paliar los daños de la dana del 29 de octubre de 2024.
  • Quedan 600.000 euros sin distribuir, que el Ayuntamiento destinará a comunidades de propietarios y aparatos elevadores afectados.
  • Compromís per Albal presentó una moción exigiendo la publicación inmediata de las bases reguladoras de estas ayudas.
  • El portavoz de Compromís, Raúl Esteban, denunció en redes sociales que los fondos llevaban meses retenidos.
  • La vicealcaldesa María José Hernández afirmó que el Ayuntamiento ya gestionó el grueso de los 4 millones.
  • El consistorio ha trabajado con 93 comunidades de propietarios y 7 elevadores de vehículos para canalizar el remanente.
  • Las bases de las ayudas se aprobarán en el pleno de mayo y se publicarán en el BOP de Valencia.
  • Albal será el único municipio que habilite una ayuda específica para elementos comunes y ascensores en edificios plurifamiliares.

El remanente de la donación de Amancio Ortega encuentra por fin un cauce

El Ayuntamiento de Albal ha definido la hoja de ruta para los cerca de 600.000 euros que quedaban pendientes de distribuir de la ayuda concedida por la Fundación Amancio Ortega. El consistorio ha elaborado las bases específicas para canalizar este remanente hacia comunidades de propietarios y aparatos elevadores dañados por la dana del 29 de octubre de 2024. Se trata del último tramo de una subvención de 4 millones de euros que la fundación destinó al municipio para hacer frente a los daños del temporal. La activación de esta línea coincide con la moción registrada por Compromís que exigía al gobierno municipal la elaboración y publicación "inmediata" de las bases reguladoras. La formación denunciaba la paralización administrativa de unos fondos que, según sus cálculos, llevaban meses sin llegar a los vecinos afectados. Para Compromís, el retraso resulta "injustificable", dado que los fondos fueron transferidos al consistorio en diciembre de 2024. El portavoz de Compromís, Raúl Esteban, ha sido especialmente crítico a través de sus redes sociales: "No podemos permitir que más de medio millón de euros estén cogiendo polvo en un cajón mientras nuestros vecinos y vecinas continúan esperando soluciones". Esteban ha reclamado al gobierno municipal que "se deje de excusas y de batallitas internas entre ellos y se ponga a trabajar de una vez por todas".

El gobierno local defiende la complejidad técnica del reparto

Frente a estas críticas, el Ayuntamiento de Albal sostiene que el proceso de reparto no ha estado paralizado, sino condicionado por la complejidad administrativa y técnica de una línea de ayudas extraordinaria. La vicealcaldesa y concejala de Servicios Sociales, María José Hernández, explica que el consistorio ya ha gestionado el grueso de los 4 millones de euros procedentes de la Fundación Amancio Ortega. El remanente, asegura, se ha retenido precisamente para destinarlo a las comunidades de propietarios, un colectivo que inicialmente no estaba contemplado en las bases de la fundación. "Preguntamos a la Fundación Amancio Ortega si podíamos destinar esta subvención a comunidades de propietarios, pero nos dijeron que no a entidades jurídicas, solo físicas", señala Hernández. Por eso, el Ayuntamiento ha diseñado un mecanismo alternativo: cada comunidad debe presentar a una persona representativa que pueda recibir la ayuda en nombre de los vecinos. El consistorio ha convocado a los representantes a una reunión el 7 de mayo para explicar la fórmula. El gobierno local, formado por PP, Avant y Vox, asegura que su intención es realizar un reparto equitativo y eficiente de los 600.000 euros. Durante los últimos meses, el consistorio ha mantenido un contacto constante con administradores de fincas y presidentes de comunidades —muchas de ellas sin administrador— para recopilar toda la documentación necesaria. En total, se ha trabajado con 93 comunidades de propietarios, a las que se suman 7 elevadores de vehículos.

Un calendario cerrado para las próximas semanas

La vicealcaldesa ha detallado el calendario previsto: "Esperamos que en pleno de mayo, ya se puedan presentar las bases y lanzar la convocatoria". Una vez aprobadas en el pleno municipal, las bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valencia, momento a partir del cual se abrirá el plazo para la presentación de solicitudes. El Ayuntamiento de Albal será el único consistorio que habilitará este tipo de ayuda específica para elementos comunes y aparatos elevadores en edificios plurifamiliares. Además, el consistorio tiene previsto publicar en breve en el BOP una nueva convocatoria de ayudas correspondientes al remanente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigida a viviendas afectadas que ya fueron beneficiarias anteriormente. Estas ayudas se suman a los 4 millones ya gestionados de la Fundación Amancio Ortega. El Ayuntamiento también deberá asumir el coste de las auditorías correspondientes a las subvenciones concedidas por el Ministerio de Derechos Sociales, así como las del Real Patronato sobre Discapacidad. Desde el consistorio se ha señalado que la resolución por parte del Gobierno, del que forma parte Compromís, se ha demorado cerca de un año.

La crítica de Compromís y el pulso político

Compromís per Albal considera "inadmisible" que, año y medio después de la dana, con centenares de personas aún intentando recuperarse de las pérdidas materiales, "la administración local sea incapaz de gestionar unos fondos que ya están en las arcas municipales pero que no llegan al bolsillo de los ciudadanos por falta de voluntad política o eficiencia en la gestión". La moción presentada por la formación exige que la elaboración y publicación de las bases sea una prioridad absoluta e inmediata para el equipo de gobierno. El portavoz de Compromís, Raúl Esteban, ha sido especialmente duro: "El equipo de gobierno debe dejarse de excusas y de batallitas internas entre ellos y ponerse a trabajar de una vez por todas". La formación denuncia que los fondos fueron transferidos al consistorio en diciembre de 2024 y que, desde entonces, no se ha dado un destino claro al remanente. El gobierno local, por su parte, insiste en que el proceso ha sido meticuloso y que el contacto con las comunidades de propietarios ha sido constante. La vicealcaldesa Hernández subraya que el Ayuntamiento ha trabajado con 93 comunidades y 7 elevadores para garantizar que todos puedan beneficiarse. La reunión del 7 de mayo con los representantes de las comunidades será el paso previo a la aprobación definitiva de las bases.

El contexto de las ayudas posdana en la comarca

Albal no es el único municipio que ha gestionado fondos de la Fundación Amancio Ortega. Picassent, por ejemplo, ya ha distribuido los 2,2 millones de euros que recibió de la misma fundación. La diferencia en Albal radica en la complejidad de destinar el remanente a comunidades de propietarios, una figura jurídica que inicialmente no encajaba en las condiciones de la donación. La dana del 29 de octubre de 2024 causó daños generalizados en la comarca de l'Horta Sud, y muchos vecinos aún esperan soluciones. La lentitud en la distribución de las ayudas ha generado tensiones políticas, con acusaciones cruzadas entre el gobierno local y la oposición. Mientras Compromís habla de "parálisis administrativa", el equipo de gobierno defiende que la prioridad ha sido garantizar un reparto equitativo. El Ayuntamiento de Albal asume también el coste de las auditorías exigidas por el Ministerio de Derechos Sociales, una carga adicional que el consistorio deberá afrontar mientras intenta cerrar el capítulo de las ayudas de la Fundación Amancio Ortega. La resolución de estas auditorías, según fuentes municipales, se ha demorado cerca de un año.

Lo que viene: pleno de mayo y publicación en el BOP

El próximo hito será el pleno municipal de mayo, donde se aprobarán las bases específicas de las ayudas para comunidades de propietarios y ascensores. Una vez aprobadas, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, y a partir de ese momento se abrirá el plazo de solicitudes. El Ayuntamiento espera que la convocatoria esté operativa antes de que finalice el mes de mayo. Paralelamente, el consistorio ultima la publicación de la nueva convocatoria de ayudas del Ministerio de Derechos Sociales, dirigida a viviendas que ya fueron beneficiarias. Estas ayudas, junto con el remanente de Amancio Ortega, completarán el paquete de fondos destinados a la recuperación posdana. La vicealcaldesa Hernández se muestra confiada en que el proceso se desarrollará sin más demoras: "Hemos trabajado intensamente para recopilar toda la documentación y ahora estamos en condiciones de lanzar las ayudas". Queda por ver si la oposición dará su respaldo a las bases en el pleno o si el pulso político continuará.

En resumen

  • El Ayuntamiento de Albal destinará 600.000 euros del remanente de la ayuda de Amancio Ortega a comunidades de propietarios y ascensores dañados por la dana.
  • Compromís per Albal denuncia una parálisis administrativa de meses y exige la publicación inmediata de las bases reguladoras.
  • El gobierno local defiende que el retraso se debió a la necesidad de adaptar las ayudas a comunidades de propietarios, algo no previsto inicialmente por la fundación.
  • El consistorio ha trabajado con 93 comunidades y 7 elevadores; las bases se aprobarán en el pleno de mayo y se publicarán en el BOP.
  • Albal será el único municipio que habilite ayudas específicas para elementos comunes y ascensores en edificios plurifamiliares.
  • El Ayuntamiento también gestiona ayudas del Ministerio de Derechos Sociales y asume el coste de auditorías que se han demorado casi un año.
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