Misiones asume el costo de luz y agua en centros de discapacidad ante el desfinanciamiento nacional

Lo esencial

• El Decreto N.º 657 crea un régimen extraordinario desde mayo hasta el 31 de diciembre de 2026.
• El subsidio cubre hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución al mes.
• Los centros deben tener categorización vigente del Ministerio de Salud Pública de Misiones.
• Al menos el 60% de los pacientes deben ser afiliados al IPSM o beneficiarios del programa Incluir Salud.
• El desfinanciamiento acumulado por parte de Nación asciende a cerca de 2.500 millones de pesos.
• La implementación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.
• El beneficio se suspende automáticamente ante irregularidades o vencimiento de condiciones.

Una deuda que pone en riesgo tratamientos esenciales

El gobierno de Misiones ha decidido intervenir directamente para evitar el colapso de los centros que atienden a personas con discapacidad, luego de que el Estado nacional suspendiera los envíos de fondos durante meses. La medida, formalizada mediante el Decreto N.º 657, establece un régimen extraordinario y transitorio que cubre los costos de energía eléctrica y agua potable de estos establecimientos. El gobernador Hugo Passalacqua advirtió que el desfinanciamiento acumulado representa “una cifra importante, cercana a los 2.500 millones de pesos” y subrayó la urgencia de la situación: “No podemos hacernos los distraídos. Hay que hacer un esfuerzo, sacar recursos de otros lugares y ponerlos donde más se necesitan”. La falta de pago por parte de Nación ha generado, según los considerandos del decreto, “una grave afectación en el flujo de fondos” y una “emergencia prestacional inminente” que pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales.

El alcance del subsidio provincial

El beneficio consiste en un subsidio destinado a cubrir consumos mensuales de hasta 1000 kW de energía eléctrica y 9 m³ de agua potable por institución. Las transferencias se realizarán directamente a las prestatarias, entre ellas Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), Servicios de Aguas de Misiones S.A. (SAMSA) y las cooperativas de la provincia. El régimen tiene vigencia desde mayo hasta el 31 de diciembre de 2026. Podrán acceder los centros que cuenten con categorización vigente otorgada por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia y que acrediten que al menos el 60% de sus pacientes sean afiliados al Instituto de Previsión Social de Misiones (IPSM) o beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. Además, deberá existir coincidencia entre el domicilio de prestación del servicio y el registrado en la habilitación correspondiente.

La respuesta a una crisis anunciada

El subsecretario de Coordinación de Gabinete, Joaquín Montenegro Niveyro, confirmó la decisión en una entrevista radial y explicó que la problemática se profundizó en las últimas semanas debido a la falta de recursos nacionales, particularmente del programa Incluir Salud. “Hacía meses que Nación no enviaba los fondos, lo que generó una gran preocupación en los centros”, indicó. El gobernador instruyó a distintas áreas del Ejecutivo a intervenir. “Nos pidió al equipo de Salud, Hacienda y a nosotros que nos ocupemos. Se mantuvieron reuniones con los centros, escuchamos sus inquietudes y se empezó a trabajar en soluciones concretas”, sostuvo Montenegro Niveyro. Como resultado, se logró destrabar parte de los fondos adeudados, pero también se avanzó en una respuesta provincial propia.

14 centros en la mira: atención integral en riesgo

Actualmente, en la provincia funcionan entre 14 y 15 centros categorizados que brindan atención integral a personas con discapacidad, incluyendo transporte, alimentación, asistencia psicológica y acompañamiento educativo. “Son como una especie de pensión donde se garantiza una atención completa y permanente”, explicó Montenegro Niveyro. El funcionario puso el foco en la vulnerabilidad de las personas con discapacidad y el rol central que cumplen estos espacios. “Siempre surge la preocupación de qué va a pasar el día de mañana con estas personas. Estos centros no solo contienen a quienes tienen una discapacidad, sino a toda una familia”, señaló. La medida busca aliviar la carga económica de estos establecimientos y hacer sostenible una situación que el gobernador calificó como “muy compleja”.

Requisitos y mecanismos de control

Para acceder al beneficio, los centros deben estar inscriptos en Salud Pública, en la Dirección de Discapacidad, y contar con al menos el 60% de sus pacientes afiliados al IPS o al programa Incluir Salud. La Dirección de Discapacidad y la Junta Evaluadora, donde está la doctora Marcela Álvarez, establecerán los lineamientos y requisitos específicos. El decreto prevé la suspensión automática del beneficio ante irregularidades o vencimiento de las condiciones exigidas. La implementación quedará a cargo del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud Pública, que actúa como autoridad de categorización.

Un esfuerzo colectivo en tiempos de ajuste

Montenegro Niveyro destacó que la medida representa “un esfuerzo de todos los misioneros” y que cada anuncio tiene un gran trabajo detrás, porque hay que cuidar los recursos, pero también entender que hay áreas donde no se puede escatimar. El gobernador Passalacqua había anticipado la decisión la semana pasada al señalar que “hace meses que el Ministerio de Salud de la Nación no les gira los fondos y se trata de espacios de alta sensibilidad”. “Vamos a hacernos cargo del consumo de luz y agua de estos centros como una forma de aliviar la carga y hacer sostenible una situación muy compleja”, agregó. La normativa se enmarca en lo establecido por la Ley Nacional N.º 24.901, que garantiza la cobertura integral para personas con discapacidad, y busca llenar el vacío dejado por el gobierno nacional.

El futuro de la atención a la discapacidad en Misiones

Aunque la medida provincial proporciona un alivio inmediato, la incertidumbre persiste sobre la continuidad de los fondos nacionales. El gobierno de Misiones sostiene que resulta “imperativo intervenir para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales”, pero la dependencia de las transferencias federales sigue siendo un factor crítico. La decisión de Passalacqua establece un precedente en la provincia, al asumir competencias que corresponden al Estado nacional. Queda por ver si otras jurisdicciones adoptarán medidas similares ante el desfinanciamiento de programas clave. Por ahora, los centros de discapacidad misioneros pueden respirar, aunque con la vista puesta en diciembre de 2026, cuando el régimen extraordinario llegue a su fin.

En resumen

• El gobierno de Misiones subsidiará hasta 1000 kW de electricidad y 9 m³ de agua por mes para centros de discapacidad, desde mayo hasta diciembre de 2026.
• La medida responde a la falta de transferencias del programa nacional Incluir Salud, que acumula una deuda de cerca de 2.500 millones de pesos.
• Podrán acceder al beneficio los centros con categorización vigente y al menos el 60% de pacientes afiliados al IPSM o Incluir Salud.
• El decreto establece controles estrictos y suspensión automática del subsidio ante irregularidades.
• La implementación estará a cargo de los ministerios de Hacienda y Salud Pública de Misiones.
• La provincia actúa en el marco de la Ley Nacional N.º 24.901, que garantiza cobertura integral para personas con discapacidad.