Santa Fe: Padres de un menor multados con $6 millones por un "desafío viral" en escuela

Lo esencial

• Un adolescente de 13 años está involucrado en un "desafío viral" que llevó a la escritura de un mensaje intimidatorio.
• La familia del menor recibió una notificación de pago por $6.024.944 por un operativo de seguridad.
• El abogado de la familia, Rodolfo Mingarini, afirma que el operativo nunca existió y el hecho ocurrió fuera del horario escolar.
• El gobierno provincial busca recuperar costos operativos y disuadir conductas de alto impacto social.
• Más de 400 casos similares, la mayoría cometidos por menores, han sido registrados en la provincia.
• Las multas provinciales oscilan entre 2 y 11 millones de pesos, con reclamos totales que podrían superar los $250 millones.

Un desafío viral que escala a una millonaria exigencia económica

La provincia de Santa Fe exige el pago de un operativo de seguridad de más de 6 millones de pesos a la familia de un adolescente de 13 años. El caso se origina a raíz de un "desafío viral" protagonizado por el menor y un grupo de compañeros, quienes escribieron un mensaje intimidatorio en un papel que luego fue roto. Según la defensa, el hecho ocurrió fuera del horario escolar y en un estacionamiento aledaño, y el operativo de seguridad por el que se reclama el pago, según el abogado de la familia, Rodolfo Mingarini, "nunca existió". La notificación, entregada por personal policial en la ciudad de Santa Fe, generó sorpresa y malestar en los padres, quienes son descritos como "dos empleados con dos chicos, alquilando". Para ellos, la cifra de 6 millones de pesos representa una condena económica imposible de afrontar por un papel roto encontrado en un estacionamiento. Este caso pone sobre la mesa un dilema sin resolver: ¿cómo sancionar a menores que, inmersos en la lógica viral de las redes sociales, cometen actos de alto impacto social sin dimensionar sus consecuencias? La provincia busca recuperar costos operativos y enviar un mensaje disuasorio, pero la proporcionalidad de las sanciones y la legalidad del cobro directo son puntos centrales del debate.

La defensa argumenta inexistencia del operativo y desproporción de la sanción

El abogado Rodolfo Mingarini, quien patrocina a la familia, explicó en diálogo con Cadena 3 Rosario que el hecho fue "un desafío viral" y que el papel fue encontrado por un padre fuera del establecimiento educativo y ya fuera del horario escolar. "No pueden cobrar lo que no existió", sentenció el letrado, quien además criticó la actuación del ministerio que conduce Pablo Cococcioni. Mingarini enfatizó que lo que está en juego va más allá de los 6.200.000 pesos, pidiendo "proporción" y "moderación" ante la magnitud de la cifra exigida a un menor de 13 años. Como alternativa a la sanción económica, sugirió la expulsión del establecimiento si las autoridades lo consideran, pero advirtió contra la criminalización de un chico por este tipo de actos. La defensa también cuestiona la legalidad del cobro directo por parte del Poder Ejecutivo, argumentando que no existe una ley específica que lo habilite y que la responsabilidad penal es intransferible, mientras que la civil, si bien podría trasladarse a los padres, debe surgir de una sentencia judicial previa. La falta de desglose en los costos del operativo, donde según el abogado solo intervino un patrullero, agrava la objeción.

El gobierno provincial defiende la medida como resarcimiento civil y disuasión

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, se sostiene que estas sanciones buscan desalentar conductas de alto impacto social y recuperar los costos operativos de los procedimientos de seguridad. El ministro Pablo Cococcioni detalló que, a medida que la Fiscalía valida las identidades de los autores, se identifica a los responsables civiles y se emiten las intimaciones de pago de manera automática. Los montos, según el gobierno, varían en función de los recursos movilizados en cada intervención, incluyendo combustible, uso de vehículos, despliegue de brigadas especializadas y horas de servicio policial. El gobierno provincial subraya que la medida no constituye una multa ni una sanción penal, sino una deuda civil por el resarcimiento del daño causado por la movilización de recursos públicos. En una de las primeras notificaciones entregadas, los padres de un estudiante recibieron una boleta por $6.024.944, cifra que generó sorpresa. El gobernador Maximiliano Pullaro difundió un video donde se escucha al padre decir: “Cara la jodita”, en referencia al costo de la falsa alarma, un hecho que ilustra la magnitud del impacto económico y social de estas exigencias.

Un fenómeno creciente con implicaciones legales y sociales

El caso de Santa Fe se enmarca en un contexto de más de 400 casos registrados, la gran mayoría cometidos por menores de edad, relacionados con amenazas o intimidaciones en instituciones educativas. El gobierno provincial ya ha comenzado a cobrar a los responsables el costo de los operativos policiales, con montos que oscilan entre 2 y 11 millones de pesos. Las autoridades santafesinas intensificaron durante el fin de semana los operativos de notificación, llegando a familias de alumnos sindicados por amenazas en diversas escuelas. Solo entre viernes y sábado, el monto de los resarcimientos superó los $36 millones, distribuidos en once notificaciones que detallan el costo exacto de los operativos policiales desplegados. Hasta el momento, las autoridades de Santa Fe han identificado a los responsables de 58 hechos, involucrando a más de setenta personas. Las estimaciones oficiales indican que los reclamos económicos totales podrían superar los $250 millones, una cifra que se incrementará a medida que la Fiscalía continúe validando nuevas identidades y sumando hechos a la lista de intimaciones. La familia del adolescente multado, sin embargo, enfrenta una cifra que describen como una condena económica imposible de pagar.

El precedente de Santa Fe y el debate sobre la proporcionalidad

A medida que las notificaciones sigan llegando a otras familias, este caso sienta un precedente y abre el interrogante sobre si la provincia podrá sostener legalmente el cobro de estos millonarios operativos. La defensa ha presentado la primera impugnación formal, cuestionando la legalidad del cobro establecido por la provincia sin intervención judicial y la falta de desglose y explicación de los costos. La reacción de la familia, registrada en video y difundida por el gobernador, pone de manifiesto la dificultad de afrontar tales sumas por un hecho que, según la defensa, no constituye un delito de amenaza en los términos legales y cuya gravedad es desproporcionada. El debate trasciende lo particular del caso para interpelar la forma en que la sociedad y las instituciones deben responder ante las nuevas formas de interacción juvenil en el entorno digital, donde la impulsividad y la falta de dimensión de las consecuencias pueden derivar en actos de alto impacto social. La provincia de Santa Fe, con esta política de resarcimiento civil, busca marcar un camino, pero enfrenta el desafío de legitimar legal y socialmente sus métodos ante la opinión pública y los tribunales.

En resumen

• El gobierno de Santa Fe reclama a la familia de un menor de 13 años más de 6 millones de pesos por un operativo de seguridad ligado a un "desafío viral" en una escuela.
• La defensa alega que el hecho ocurrió fuera del horario escolar, el operativo de seguridad no existió y la cifra exigida es desproporcionada.
• El gobierno provincial considera la medida como un resarcimiento civil por el uso de recursos públicos, no una multa penal.
• El caso sienta un precedente en la provincia, que ya ha registrado más de 400 incidentes similares y estima reclamos totales por encima de los 250 millones de pesos.
• La legalidad del cobro directo por parte del Ejecutivo y la proporcionalidad de las sanciones son puntos clave de impugnación y debate público.