Argentina propone reformar la ley de salud mental para facilitar internaciones involuntarias

Lo esencial

• Liliana González, directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, presentó el proyecto ante las comisiones de Salud y Legislación General del Senado.
• Se reemplaza el criterio de 'riesgo cierto e inminente' por un criterio situacional para internaciones involuntarias.
• El término 'padecimiento mental' se sustituye por 'trastorno mental' para precisar diagnósticos.
• En urgencias sin psiquiatra, un médico clínico puede ordenar la internación involuntaria, revalidada en 24 horas por un equipo interdisciplinario.
• Argentina cuenta con 6.632 camas de salud mental (14,5 cada 100.000 habitantes); la OCDE recomienda 60 cada 100.000.
• La oposición, liderada por Lucía Corpacci, denunció que 18 provincias rechazan la reforma y que no se consultó al Consejo Federal de Salud.
• El proyecto incluye control judicial de pacientes dados de alta durante seis meses y obligación de familiares de hacerse cargo de externados.

El Gobierno impulsa cambios en la ley de salud mental tras 15 años de vigencia

El Senado argentino inició el debate de la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, impulsada por el Ejecutivo libertario. Durante la primera jornada informativa, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, expuso los principales puntos del proyecto ante un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, presidido por la senadora mileísta Ivanna Arrascaeta (San Luis). González afirmó que, tras 15 años de la sanción original, la ley “no funciona adecuadamente” y que las modificaciones buscan superar obstáculos que impiden una respuesta oportuna a los pacientes. El texto, según la funcionaria, es fruto de decenas de diálogos con pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales y representantes de las 24 jurisdicciones del país.

Internaciones involuntarias: del riesgo inminente al criterio situacional

Uno de los cambios centrales del proyecto es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. La propuesta reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un criterio situacional que permita analizar los antecedentes del paciente y la evolución previsible de su trastorno. “Tenemos que buscar los antecedentes y no basarnos en la foto del momento”, subrayó González. La funcionaria explicó que este cambio facilitará intervenciones preventivas y garantizará que los pacientes reciban el tratamiento que necesitan antes de que ocurran tragedias. “Evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”, señaló.

Precisión diagnóstica y rol del psiquiatra en el equipo interdisciplinario

El proyecto también sustituye el término “padecimiento mental” por “trastorno mental”, con el objetivo de precisar las características diagnósticas y evitar errores involuntarios. González aclaró que “el objetivo no es patologizar sino precisar”, y que las afecciones que no alteran el bienestar del paciente se denominarán “afecciones”, un término habitual en salud. En cuanto a las internaciones involuntarias, se refuerza el rol del médico psiquiatra dentro del equipo interdisciplinario para asegurar una evaluación clínica exhaustiva. En casos de urgencia donde no haya un psiquiatra disponible, un médico clínico podrá determinar la internación, pero deberá ser revalidada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas.

Camas insuficientes y presupuesto: los números detrás de la reforma

González reveló datos concretos sobre la capacidad del sistema: actualmente hay 6.632 camas de salud mental en Argentina, lo que equivale a 14,5 camas cada 100.000 habitantes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda 60 camas por cada 100.000 habitantes. En Italia la cifra es de 9; en Alemania, de 135. Ante las preguntas de la oposición sobre el presupuesto, la funcionaria reconoció que “se reclama el 10%, pero ningún gobierno pudo alcanzarlo”. La senadora kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) advirtió que 18 provincias rechazan la modificación y criticó la falta de consulta al Consejo Federal de Salud: “Los citaron a un encuentro, comentaron la ley y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”.

Ampliación de la red y seguimiento judicial post-alta

La reforma propone que los hospitales generales atiendan casos leves, mientras que las instituciones especializadas se reserven para cuadros graves, asegurando recursos específicos para pacientes con necesidades complejas. Además, se incorpora la evaluación de los pacientes internados voluntariamente por un equipo interdisciplinario antes del alta. Se establece también la obligación legal de los familiares de hacerse cargo de los pacientes externados, y un control judicial durante seis meses para mejorar la adherencia al tratamiento y promover los tratamientos ambulatorios, reforzando el primer nivel de atención. González destacó la importancia de las familias, señalando que hay expedientes donde no aparecen para retirar a internados, y que no deben eximirse del derecho a cuidados con la excusa de haber pagado una obra social.

Apoyo oficialista y críticas de la oposición en el Senado

La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, defendió la reforma afirmando que “propone mecanismos ágiles, no burocráticos, para resolver más rápido situaciones urgentes”. Instó a los senadores a “analizar desde la vida de la gente que sufre, que muere o que hoy no tiene mecanismos frente a situaciones terribles”. Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina, respaldó el proyecto señalando que ayudará “especialmente a los casos más vulnerables”. Por el contrario, la oposición reclamó la presencia de más expositores y denunció que el trámite legislativo es lento. Corpacci mencionó el conflicto de financiamiento del sistema sanitario y puso como ejemplo el hospital Laura Bonaparte. Su colega Fernando Salino calificó la situación de “cruenta”. La discusión continuará en próximas jornadas.

En resumen

• El proyecto modifica la Ley 26.657 de salud mental, vigente desde 2010, para flexibilizar las internaciones involuntarias y precisar diagnósticos.
• Se introduce un criterio situacional en lugar de 'riesgo cierto e inminente', permitiendo intervenciones basadas en antecedentes y evolución previsible.
• Argentina tiene 14,5 camas de salud mental por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la recomendación de la OCDE de 60.
• La oposición denuncia que 18 provincias rechazan la reforma y que no hubo consulta previa al Consejo Federal de Salud.
• El control judicial de pacientes dados de alta se extenderá a seis meses, y los familiares tendrán obligación legal de hacerse cargo de los externados.
• La reforma busca fortalecer la atención ambulatoria y reservar las instituciones especializadas para casos graves, ampliando la red de hospitales generales.