La Justicia obliga al Gobierno a restituir el programa Volver al Trabajo: 1,01 millones de beneficiarios cobrarán $78.000 en mayo

Lo esencial

• El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó la medida cautelar el 21 de abril de 2026.
• 1.012.357 titulares fueron transferidos al programa Volver al Trabajo desde el anterior Potenciar Trabajo.
• El pago de mayo asciende a $72.384.624.000, con un monto mensual de $78.000 por beneficiario.
• El programa se abonará el martes 5 de mayo, antes del quinto día hábil del mes.
• El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, apeló la cautelar pero acató la orden.
• La resolución judicial impide aplicar las políticas de vouchers de capacitación y doble jornada escolar.
• El amparo colectivo fue impulsado por organizaciones sociales de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Un fallo que frena la reforma de los planes sociales

Más de un millón de beneficiarios del programa Volver al Trabajo cobrarán su asignación en mayo tras una orden judicial que obliga al Gobierno a mantener el esquema de transferencias directas. La medida, dictada el 21 de abril por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, instruye al Ministerio de Capital Humano a continuar con los pagos hasta que haya una sentencia definitiva sobre la continuidad del programa. El fallo interrumpe la transición que el Ejecutivo había iniciado para reemplazar el programa por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Según fuentes oficiales, la cartera que conduce Sandra Pettovello acatará la resolución pero ya presentó una apelación para revertirla. El conflicto judicial se originó en el proceso de transformación de los programas de asistencia social iniciado en febrero de 2024, cuando se creó Volver al Trabajo para reemplazar la modalidad anterior de inclusión laboral.

Los detalles del pago de mayo y los montos

El programa Volver al Trabajo se abonará el martes 5 de mayo, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). A diferencia de las jubilaciones y pensiones, que se pagan según la terminación del DNI, este beneficio se acredita antes del quinto día hábil de cada mes. Los beneficiarios recibirán una asignación mensual fija y no remunerativa de $78.000, sin modificaciones respecto a meses anteriores. El pago total asciende a $72.384.624.000, correspondiente a 1.012.357 titulares que pasaron al programa desde el anterior Potenciar Trabajo, más otros 260.911 que fueron transferidos al Programa de Acompañamiento Social. Los beneficiarios pueden verificar el cobro a través de las aplicaciones Mi ANSeS o Mi Argentina, ingresando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La postura del Gobierno: acatamiento y apelación

El Ministerio de Capital Humano emitió una resolución en la que ordena el pago del beneficio en cumplimiento de la manda judicial, pero sin modificar el marco normativo vigente. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sostuvieron fuentes oficiales. La administración de La Libertad Avanza considera que la medida cautelar “cristaliza la pobreza” y “perpetúa el asistencialismo”, según un comunicado oficial. El Gobierno había proyectado redirigir los fondos hacia vouchers de capacitación laboral en articulación con centros formativos provinciales y financiar la extensión de la doble jornada escolar en contextos vulnerables. Desde los despachos oficiales interpretaron que el Poder Judicial “termina haciendo política pública y nos dice cómo asignar los recursos”. La apelación presentada por los abogados de Capital Humano busca recuperar autonomía en la asignación de partidas presupuestarias para políticas sociales.

El impacto en las políticas de empleo y educación

La resolución judicial dentro del expediente colectivo “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO” bloquea temporalmente el uso de los recursos en las nuevas políticas de capacitación y educación. El Ministerio de Capital Humano informó que, a raíz del fallo, ambas políticas “no podrán llevarse a cabo” al menos hasta que se resuelva el litigio. El programa Volver al Trabajo fue creado en febrero de 2024 con el objetivo de fortalecer la capacitación y la inserción en empleos formales. Sin embargo, la medida cautelar consolida el esquema de transferencia directa sin contraprestaciones, según detallaron funcionarios consultados. El diagnóstico de la administración de La Libertad Avanza apunta a que la continuidad de estos programas impide una transición hacia mecanismos de intervención estructurales y de largo plazo, como la extensión de escolaridad gratuita y los vouchers de formación profesional.

El origen del conflicto y los actores involucrados

El amparo colectivo fue impulsado por organizaciones sociales enroladas en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que buscaban frenar la suspensión del programa. El juez Adrián González Charvay hizo lugar al recurso y ordenó al Estado nacional mantener activas las transferencias económicas. La medida beneficia a más de 900 mil personas, según el fallo, aunque las cifras oficiales indican que 1.012.357 titulares fueron transferidos al programa Volver al Trabajo. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, es el organismo obligado a cumplir la orden. La resolución judicial también afecta al Programa de Acompañamiento Social, que cuenta con 260.911 beneficiarios, todos bajo la órbita del mismo ministerio.

Lo que viene: la batalla judicial y el futuro del programa

El Gobierno ya presentó una apelación para revertir la medida cautelar, pero mientras tanto debe cumplir con el pago de mayo. La resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dejó constancia de que “sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales correspondientes, corresponde efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial”. El conflicto judicial pone en pausa la reingeniería del sistema de asistencia social que promueve la gestión de Pettovello. La administración de Javier Milei busca reemplazar los planes sociales por políticas activas de empleo y educación, pero la Justicia ha bloqueado temporalmente ese camino. El caso sienta un precedente sobre los límites del Poder Ejecutivo para modificar programas sociales sin intervención judicial, en un contexto donde más de un millón de personas dependen de estas transferencias para su subsistencia.

En resumen

• El juez federal Adrián González Charvay ordenó al Ministerio de Capital Humano restituir los pagos del programa Volver al Trabajo hasta sentencia definitiva.
• 1.012.357 beneficiarios cobrarán $78.000 el 5 de mayo, con un costo total de $72.384.624.000.
• El Gobierno acató la orden pero apeló la cautelar, argumentando que el Poder Judicial interfiere en la política pública.
• La medida bloquea la transición a vouchers de capacitación y la extensión de la doble jornada escolar.
• El amparo fue impulsado por organizaciones sociales de la UTEP, que defienden el esquema de transferencias directas.
• El conflicto refleja la disputa entre el Ejecutivo y la Justicia por el control de los programas sociales en Argentina.