Bolivia identifica 14 empresas públicas para posible liquidación en plan de ajuste fiscal
El viceministro Cristian Morales anunció una evaluación de 90 días que podría derivar en el cierre de entidades estatales sin viabilidad, mientras 15 empresas acumulan pérdidas por 2.655 millones de bolivianos.

BOLIVIA —
Lo esencial
- El Gobierno identificó 14 empresas públicas que podrían ser liquidadas en una evaluación preliminar.
- El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, declaró que esas empresas 'no tienen una razón de ser'.
- La evaluación abarca un plazo de hasta 90 días con un informe 'empresa por empresa'.
- El Ejecutivo envió un proyecto de ley para que la OFEP actúe como entidad liquidadora.
- 15 empresas estatales están en 'quiebra técnica' con pérdidas conjuntas de 2.655 millones de bolivianos.
- EMAPA lidera las pérdidas con un saldo negativo de 828,9 millones de bolivianos.
- EMAPA ha reducido sucursales y aumentado precios, generando críticas sobre su viabilidad estratégica.
- El Gobierno busca redirigir recursos del Tesoro General de la Nación hacia usos más eficientes.
Un primer grupo de empresas sin razón de ser
El Gobierno boliviano ha identificado, en una evaluación preliminar, alrededor de 14 empresas públicas que podrían ser liquidadas como parte de un plan de ajuste fiscal y revisión del gasto estatal. El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, afirmó en el programa La Mañana en Directo de ERBOL: “Hay más o menos unas 14 empresas que vemos que no tienen una razón de ser y creemos que podrían llegar a ser el primer esbozo de ajustes que podríamos llevar adelante en cuanto a los recortes o a las liquidaciones”. La autoridad precisó que se trata de un primer grupo dentro de una evaluación más amplia que se realizará en un plazo de hasta 90 días, con un informe “empresa por empresa” para definir su continuidad, cierre o reestructuración. Morales señaló que varias de estas empresas consumen recursos públicos sin resultados sostenibles, por lo que su eventual cierre permitirá redirigir esos fondos. El Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley que otorga a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) la función de entidad liquidadora, con el fin de encarar procesos de cierre, fusión o reestructuración según corresponda.
Quiebra técnica y pérdidas millonarias
Según el reciente informe de la OFEP, 15 empresas estatales se encuentran en “quiebra técnica”, acumulando pérdidas conjuntas de 2.655 millones de bolivianos. En el epicentro de este descalabro financiero se encuentra la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA), que lidera la lista roja con un saldo negativo de 828,9 millones de bolivianos. Ante este escenario, el gobierno estableció un ultimátum de 90 días para evaluar la rentabilidad técnica de estas empresas o proceder a su liquidación definitiva. La lógica macroeconómica de buscar eficiencia y frenar la hemorragia de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) es indiscutible y necesaria, según analistas. Sin embargo, la estrategia de repliegue ya implementada sobre EMAPA —que se percibe operativamente en las calles— genera serias dudas sobre su viabilidad estratégica. Cualquier ciudadano que visite hoy una sucursal de EMAPA se encontrará con un panorama desolador: estantes vacíos, reducción de locales comerciales y un incremento desproporcionado en el precio de los productos exclusivos de la empresa.
El dilema de EMAPA: de misión social a empresa inviable
EMAPA nació con un enfoque estrictamente social, diseñado para mitigar precios en escenarios especulativos y garantizar seguridad alimentaria, no como un ente corporativo generador de utilidades. Hoy, ese enfoque ya no está vigente. Atribuir el repentino encarecimiento de sus productos únicamente a “altos costos de producción” resulta apresurado, según críticos. En economía, tapar ineficiencias operativas o supuestos hechos de corrupción incrementando el precio final al consumidor es una receta directa para la contracción de la demanda. Si los precios suben desproporcionadamente, las ventas caen; y si las ventas caen, el déficit de la empresa se profundizará aún más. Evaluar a las empresas estatales para corregirlas es el camino correcto, pero la liquidación silenciosa mediante el cierre de sucursales y la asfixia de precios es un error estratégico garrafal, advierten expertos.
Una oportunidad para reestructurar, no liquidar
En lugar de achicar EMAPA hasta su desaparición legal, el Estado tiene ante sí una gran oportunidad para reestructurarla y convertirla en una cadena de supermercados de alcance nacional, rentable y competitiva. El mercado de retail en Bolivia opera bajo dinámicas de alta concentración, con prácticamente una sola gran franquicia privada dominando el formato de hipermercados. EMAPA posee un nicho de mercado inmenso y un posicionamiento de marca ya establecido. Además, si observamos economías vecinas como la chilena, grandes cadenas como Líder (Walmart) no se limitan a distribuir productos de terceros; su modelo de negocio se sostiene fuertemente en el desarrollo y comercialización de bienes de marca propia. El Estado ya ha incurrido en el costo hundido de construir una vasta infraestructura agroindustrial, la maquinaria ya está instalada. Hoy contamos con activos como la “Planta procesadora de papa” en El Alto, el “Matadero frigorífico” en San Borja, el “Complejo piscícola” en Chimoré, e incluso la capacidad instalada de otras entidades que, paradójicamente, también figuran en la lista roja de quiebra de la OFEP, como la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) o la azucarera EASBA.
El costo de liquidar versus integrar
El costo económico y social de liquidar, abandonar u oxidar esta infraestructura sería infinitamente mayor que el de integrarla de manera eficiente para que opere a su máxima capacidad. El verdadero desafío de estos 90 días de evaluación no debería ser redactar los decretos de cierre, sino realizar una planificación integral para que estas plantas productivas alcancen niveles óptimos de eficiencia para manufacturar bienes de la marca EMAPA, comercializándolos a través de su propia red de sucursales, sin intermediarios. Querer que las empresas públicas sean superavitarias es una meta loable, pero el camino no es la contracción apresurada ni el cierre contable ciego. Con una visión empresarial de mediano plazo, transparencia operativa y una integración real de toda la capacidad productiva estatal, no es descabellado pensar que EMAPA pueda transformarse en una poderosa red de supermercados capaz de competir en el mercado y generar riqueza genuina para el país. El gobierno enfrenta así una disyuntiva: avanzar con la liquidación de empresas que drenan recursos, o apostar por una reestructuración profunda que aproveche la infraestructura existente y convierta a las empresas públicas en motores de desarrollo.
En resumen
- El Gobierno boliviano ha identificado 14 empresas públicas para posible liquidación en un plazo de 90 días.
- 15 empresas estatales están en quiebra técnica con pérdidas de 2.655 millones de bolivianos, lideradas por EMAPA.
- EMAPA, creada con fines sociales, enfrenta un deterioro operativo que ha llevado a cierre de sucursales y aumento de precios.
- El proyecto de ley otorga a la OFEP la función de entidad liquidadora para gestionar cierres, fusiones o reestructuraciones.
- Expertos sugieren que liquidar EMAPA sería un error, proponiendo en su lugar una reestructuración como cadena de supermercados estatal.
- La infraestructura agroindustrial existente (plantas procesadoras, mataderos, complejos piscícolas) podría integrarse para hacer viable a EMAPA.


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