Asesinato de juez agroambiental en Bolivia expone la captura del Estado por el crimen organizado

Lo esencial

• Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental, fue asesinado el jueves en Santa Cruz de la Sierra por sicarios en motocicleta.
• Claure recibió cuatro impactos de bala en el corazón y los pulmones, según la autopsia.
• El crimen ocurrió cerca de las 22:00 horas, cuando el magistrado llegaba a un condominio tras cenar con otros miembros del tribunal.
• La Fiscalía allanó el despacho de Claure para recoger indicios que ayuden a esclarecer el asesinato.
• El fiscal general, Róger Mariaca, convocó a fiscales de narcotráfico a una capacitación con un experto colombiano, apoyada por la UNODC y la Unión Europea.
• El presidente del Tribunal Supremo de Justicia confirmó que la Policía brinda escolta a los magistrados, pero calificó la medida como una 'reacción'.
• Santa Cruz es el epicentro de la violencia, seguido por el trópico cochabambino, según el analista Róger Cortez Hurtado.

Un magistrado ejecutado en la puerta de su casa

El jueves por la noche, el decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, fue abatido a tiros cuando llegaba a un condominio en Santa Cruz de la Sierra. Según los informes, dos sicarios en motocicleta se aproximaron al vehículo del magistrado; uno descendió y disparó contra Claure, quien murió desangrado tras recibir cuatro impactos de bala en órganos vitales como el corazón y los pulmones. El asesinato ocurrió minutos después de las 22:00 horas, luego de que Claure cenara con otros representantes del Tribunal Agroambiental. La víctima había sido electa en las últimas elecciones judiciales de finales de 2004 y era una figura clave en la resolución de litigios de tierra y territorio, uno de los focos más conflictivos del país. Este domingo, familiares, amigos y excolegas acompañaron sus restos hasta el Cementerio General de Cochabamba, tras una misa de cuerpo presente realizada bajo fuerte resguardo policial. En medio del dolor, pidieron justicia.

Allanamiento y reuniones de emergencia

Al día siguiente del crimen, la Fiscalía allanó el despacho de Claure para recolectar indicios que ayuden a esclarecer el asesinato. De manera paralela, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que se convocó a todos los fiscales del país que investigan casos de narcotráfico a una reunión en Santa Cruz. El objetivo es recibir capacitación de un fiscal especializado de Colombia, con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Unión Europea. “Tras haber conocido estos nuevos asesinatos, y que tienen alguna relación con el narcotráfico, pedimos que se capacite a nuestros fiscales de materia”, explicó Mariaca. La reunión refleja la creciente vinculación entre la violencia letal y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se reunió con representantes de la Organización de Naciones Unidas en La Paz para expresar la preocupación de los magistrados por la seguridad. Saucedo confirmó que la Policía Boliviana les brinda escolta, pero calificó la medida como una “reacción” y conminó al Poder Ejecutivo a mantener el resguardo de manera permanente, para evitar que el asesinato quede impune.

Una ola de violencia que desborda al Estado

El asesinato de Claure no es un hecho aislado. El analista Róger Cortez Hurtado advierte que Bolivia enfrenta una escalada de violencia que incluye ejecuciones por sicarios en motocicletas, incendios premeditados, invasiones de tierras y asaltos a yacimientos minerales. “El dique se ha roto, no en uno sino en varios frentes”, escribe, señalando al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de tierras como los principales motores. Santa Cruz es el escenario principal de los hechos más resonantes, seguido por el trópico cochabambino, pero también se nota un incremento en La Paz, Beni, Pando, Oruro y Potosí. Cortez Hurtado critica la indiferencia de organizaciones sociales como la Central Obrera Boliviana (COB), las federaciones de mineros, universidades e iglesias, que permanecen al margen. “La reciente experiencia de Ecuador (antes la de Perú) demuestra cuán erróneo es adoptar la prescindencia”, afirma. Una vez que la violencia se reproduce, sus víctimas principales son las bases de las grandes organizaciones sociales, sin importar si el derramamiento de sangre se inició dentro o fuera del ámbito político.

Captura de la justicia y el Estado

Cortez Hurtado sostiene que el tráfico de drogas, de tierras y la explotación depredadora de recursos naturales atacan la seguridad colectiva y la soberanía del país. “La captura e instrumentalización de la administración de justicia, a la Policía y fuerzas especializadas de seguridad, nos ametralla, simbólica y materialmente”, escribe. El analista describe un Estado penetrado, cooptado y secuestrado, incapaz de responder con medidas efectivas. La seducción económica amarra al poder político, que se limita a gestos y simulacros vacíos. En este contexto, el asesinato de un juez encargado de litigios de tierra subraya que mantener una mirada exclusivamente policial y criminal no atiende la magnitud del problema. La propuesta de militarización o creación de nuevos aparatos de seguridad, dice Cortez Hurtado, desdeña el compromiso de la sociedad como el camino que conocemos y que funciona. Recuerda que hace 40 años, la reacción social en Santa Cruz ante el asesinato de Noel Kempff, Juan Cochamanidis y Franklin Parada detuvo la multiplicación de esos episodios.

La lucha contra el sicariato y el narcoterrorismo

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, declaró que “se está declarando la guerra al sicariato y al narcoterrorismo”, tras una reunión en Santa Cruz. Sin embargo, la falta de detalles sobre los avances en la investigación genera escepticismo. Saucedo dijo que la cita con la ONU fue “para hacer conocer la preocupación que tenemos como magistrados por el tema de la seguridad” y que hay avances comunicados internamente, pero no dio más información. La Fiscalía, por su parte, busca fortalecer la capacidad de los fiscales con la ayuda internacional. La capacitación con un experto colombiano, respaldada por la UNODC y la Unión Europea, apunta a mejorar la investigación de casos de narcotráfico, que según Mariaca están vinculados a los nuevos asesinatos. No obstante, la sociedad civil y las organizaciones sociales siguen en silencio. Cortez Hurtado advierte que callarse y resignarse tiene un precio demasiado alto. “La lucha por la vida, la libertad y nuestra dignidad pasa por generar respuestas y propuestas desde el espacio en que nos desenvolvamos”, concluye.

En resumen

• El asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure evidencia la penetración del crimen organizado en el sistema judicial boliviano, especialmente en litigios de tierra y territorio.
• La violencia en Bolivia se ha expandido a múltiples frentes: narcotráfico, minería ilegal y tráfico de tierras, con Santa Cruz como epicentro.
• El Estado boliviano se muestra cooptado e incapaz de responder, limitándose a medidas reactivas como escoltas policiales para magistrados.
• La sociedad civil y las organizaciones sociales han permanecido indiferentes, repitiendo un patrón que en Ecuador y Perú derivó en una escalada de violencia.
• La cooperación internacional, con la UNODC y la Unión Europea, busca capacitar a fiscales en narcotráfico, pero la efectividad de estas medidas es incierta.
• La lucha contra el sicariato requiere un compromiso social amplio, no solo respuestas militares o policiales, para evitar que la violencia se reproduzca.