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Marchistas indígenas de Pando llegan a La Paz tras 24 días de caminata y exigen reunión con el presidente Paz

Con síntomas de mal de altura y lesiones en los pies, un primer grupo de campesinos e indígenas presenta un pliego de 12 puntos al Gobierno y da un ultimátum de 24 horas para obtener respuestas.

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Marchistas indígenas de Pando llegan a La Paz tras 24 días de caminata y exigen reunión con el presidente Paz
Con síntomas de mal de altura y lesiones en los pies, un primer grupo de campesinos e indígenas presenta un pliego de 12Crédito · unitel.bo

Lo esencial

  • Marchistas de Pando entregaron un pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno el lunes.
  • Exigen una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz, descartando el diálogo con ministros.
  • El pliego pide la abrogación de la Ley 1720 y la suspensión de la ley antibloqueo.
  • El grupo llegó a La Paz tras 24 días de caminata, con síntomas de mal de altura.
  • Una médica voluntaria atendió a unas 200 personas entre ayer y hoy.
  • Cuatro personas fueron evacuadas en ambulancia, una requirió oxígeno.
  • Los marchistas provienen de tierras bajas y son en su mayoría habitantes del Beni.

Llegada a La Paz: 24 días de caminata y los estragos de la altura

Un primer grupo de indígenas y campesinos movilizados contra la Ley 1720 llegó a La Paz tras 24 días de caminata desde Pando. El arribo se produjo en la víspera, con los manifestantes visiblemente agotados y afectados por el mal de altura. Dolor de cabeza, falta de aire, rodillas y pies hinchados y con heridas son los síntomas más comunes entre los marchistas, la mayoría habitantes de las tierras bajas no acostumbrados a la altitud de la sede de gobierno. Cerca de la tranca de Urujara, en la Sede Integral Productiva Suma Khamaña, cientos de hombres, mujeres y algunos niños descansan e intentan reponerse. La falta de colchones y frazadas los obliga a dormir en el suelo, cubiertos con lo que tienen a mano. El frío y el polvo han irritado las gargantas, y muchos no pueden hablar por la inflamación.

Ultimátum al Gobierno: 24 horas para responder a 12 demandas

Este lunes, los marchistas entregaron un pliego petitorio de 12 puntos en la ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, y dieron un plazo de 24 horas al Gobierno para obtener respuestas. “A partir de la entrega damos 24 horas de plazo al gobierno para responder a nuestras demandas”, señalaron los dirigentes. Además, exigieron una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz, descartando el diálogo con ministros. “No queremos ni un ministro ni un viceministro, queremos su presencia”, afirmaron, al insistir en dialogar únicamente con el jefe de Estado. Los dirigentes advirtieron que permanecerán en La Paz hasta ser atendidos y rechazaron la convocatoria a una reunión con ministros para las 14:30 de este lunes. El documento presentado incluye la abrogación de la Ley 1720, demandas sobre territorios indígenas —dotación, titulación y compensación en el Beni— y el respeto a la Constitución Política del Estado y a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en nuevas normativas.

Las 12 demandas: desde la abrogación de la Ley 1720 hasta la eliminación de la renta vitalicia

El pliego petitorio contiene 12 puntos que abarcan temas de tierras, legislación y servicios básicos. Entre las principales exigencias se encuentran la suspensión y archivo del proyecto de la denominada “ley antibloqueo”, así como la paralización del tratamiento del Proyecto de Ley 060 vinculado a mercados de carbono, y la aprobación de una ley de bosques y sistemas de vida. Los marchistas también exigen soluciones al abastecimiento de combustible a nivel nacional, la dotación de ítems en salud y educación para comunidades rurales, y mejoras en la conexión vial para sectores movilizados. El pliego incluye además la erradicación progresiva de cultivos de coca en zonas no autorizadas, en cumplimiento de la Ley 906, y la anulación de la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes. Estas demandas reflejan un amplio espectro de preocupaciones que van desde la protección de territorios indígenas hasta la reforma de privilegios políticos.

Testimonios de la marcha: “Grave ha sido la caminata, es algo doloroso”

Escarlet Aramayo, de 51 años, dejó a sus seis hijos en su comunidad en la provincia Vaca Diez del Beni, donde produce arroz, yuca, plátano y caña para subsistir. Su mayor temor es que la Ley 1720 facilite que los terratenientes se hagan de nuevas tierras en detrimento de los territorios indígenas. Con la voz entrecortada relata: “Grave ha sido la caminata, es algo doloroso para nosotros venir de tierras bajas a tierras altas, no es algo bonito, hace más de 22 días que hemos caminado, pasando frío, hambre, bajo la lluvia, con los pies todos ampollados, pero estamos aquí para defender nuestros derechos, nosotros vivimos de la tierra, de lo que cultivamos. Le pedimos al Gobierno sea más flexible con la norma”. Khaterine Gutiérrez, médica voluntaria que llegó al lugar para prestar ayuda, socorre a los enfermos y afectados. Ella y otros galenos y enfermeros atendieron a unas 200 personas entre ayer y hoy. “Por el tema de altura hay muchos descompensados y sufren dolores de cabeza leves. Otros tienen problemas estomacales, son pacientes de toda edad. Es un gusto apoyar a los hermanos que necesitan ayuda, el servicio médico siempre debe estar con ellos”, dice. Mientras Sumando Voces estuvo en el lugar, una ambulancia tuvo que evacuar a cuatro personas que apenas podían sostenerse; uno de ellos incluso tuvo que ser auxiliado con oxígeno para respirar mejor.

Contexto: la Ley 1720 y la movilización indígena

La Ley 1720, contra la cual se movilizan los indígenas y campesinos, es una norma que, según los manifestantes, facilita la expansión de terratenientes en detrimento de las tierras comunitarias. Los marchistas provienen de Pando y Beni, regiones de tierras bajas donde la presión sobre los territorios indígenas es particularmente intensa. La caminata de 24 días desde Pando hasta La Paz es una muestra de la determinación de los manifestantes, que han soportado condiciones climáticas adversas y problemas de salud para hacer oír sus demandas. El pliego petitorio también aborda la necesidad de respetar la Constitución Política del Estado y los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en nuevas normativas. La suspensión de la ley antibloqueo y del proyecto de ley de mercados de carbono son puntos clave, ya que los manifestantes consideran que estas iniciativas podrían afectar aún más sus derechos territoriales y su forma de vida.

¿Qué sigue? El reloj corre para el Gobierno de Paz

Con el ultimátum de 24 horas, el Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta la presión de una movilización que no muestra signos de ceder. Los marchistas han dejado claro que no aceptarán reuniones con ministros y que solo dialogarán directamente con el presidente. Mientras tanto, en la Sede Integral Productiva Suma Khamaña, los manifestantes reciben apoyo médico insuficiente, y la falta de colchones y frazadas agrava su situación. La evacuación de cuatro personas en ambulancia subraya la urgencia de atender las necesidades de salud de los movilizados. Si el Gobierno no responde en el plazo establecido, es probable que las protestas se intensifiquen, con posibles bloqueos de vías y mayor presión sobre la administración de Paz. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de esta crisis, que pone a prueba la capacidad del Gobierno para manejar las demandas de los pueblos indígenas en un contexto de tensiones sociales y políticas.

En resumen

  • Indígenas y campesinos de Pando llegaron a La Paz tras 24 días de caminata y presentaron un pliego de 12 puntos al Gobierno.
  • Exigen reunión directa con el presidente Rodrigo Paz y dan un ultimátum de 24 horas para obtener respuestas.
  • El pliego pide la abrogación de la Ley 1720, suspensión de la ley antibloqueo y anulación de la renta vitalicia para expresidentes.
  • El mal de altura afecta gravemente a los marchistas, con cuatro evacuados en ambulancia y 200 atendidos por voluntarios.
  • Los manifestantes rechazan dialogar con ministros y advierten que permanecerán en La Paz hasta ser atendidos.
  • La crisis pone a prueba la capacidad del Gobierno de Paz para responder a demandas territoriales y sociales.
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