Joaquín Lavín León enfrenta formalización por desvío de $104 millones en asignaciones parlamentarias

Lo esencial

• Joaquín Lavín León será formalizado el lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
• La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente investiga un desvío de $104 millones de asignaciones parlamentarias.
• La plataforma SocialTazk, con un costo de $93 millones, habría sido usada con fines electorales.
• Los otros imputados son Arnaldo Domínguez, Felipe Vázquez y Juan Silva.
• La Corte Suprema ratificó el desafuero en marzo de 2025, excluyendo delitos tributarios.
• La defensa, liderada por Cristóbal Bonacic, solicitará el sobreseimiento de una arista del caso.
• El caso está vinculado a la gestión de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, esposa de Lavín.

Un exparlamentario ante la justicia por presunto fraude sistemático

El exdiputado Joaquín Lavín León comparecerá este lunes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para ser formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos. La investigación, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, sostiene que Lavín desvió más de $104 millones de sus asignaciones parlamentarias hacia fines personales y electorales, utilizando un mecanismo que involucraba facturas ideológicamente falsas. El caso marca un hito en la carrera del otrora representante de la renovación de uno de los apellidos más influyentes de la centroderecha chilena. Lavín llega a esta instancia sin fuero parlamentario, tras renunciar a la Unión Demócrata Independiente (UDI), y en calidad de imputado. La fiscalía sostiene que las irregularidades no son hechos aislados, sino parte de una estructura orientada al uso indebido de fondos públicos.

El rol de SocialTazk y los vínculos con la Municipalidad de Maipú

Uno de los ejes centrales de la indagatoria es la plataforma SocialTazk, cuyo desarrollo costó cerca de $93 millones. Según la fiscalía, esta herramienta fue presentada como un apoyo a la labor legislativa, pero en realidad se trataba de un sistema para gestionar datos de ciudadanos con fines electorales, financiado con recursos fiscales. El Ministerio Público sindica a Felipe Vásquez como colaborador en la creación del sistema, aunque la defensa rechaza esta tesis. Los ilícitos también estarían vinculados a la gestión de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, esposa de Lavín. El abogado y exfiscal Emiliano Arias explicó que la máquina imputada no apuntaba a un enriquecimiento personal masivo, sino a generar ingresos para potenciar la imagen política mediante una campaña permanente usando la municipalidad. La creación de una empresa destinada a obtener datos de ciudadanos de Maipú habría sido clave, dado que Lavín era diputado de la zona y Barriga alcaldesa del mismo territorio.

Los otros imputados y las querellas en el caso

Junto a Lavín, serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor parlamentario del diputado, y los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva. La Fiscalía Metropolitana Oriente lidera la investigación, y en la causa también figuran como querellantes la Municipalidad de Maipú, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según la fiscalía, Lavín rindió a la Cámara de Diputados y al Servicio Electoral (Servel) facturas ideológicamente falsas por cerca de $104 millones, a nombre de la imprenta MMG, de propiedad de Juan Silva Morales, y de la empresa Modo 74 SPA, de Felipe Vásquez. La defensa, en tanto, atribuye las irregularidades a errores administrativos y descarta intencionalidad en los cobros indebidos.

El desafuero y la exclusión de delitos tributarios

El avance del caso se produjo tras el fallo de la Corte Suprema que ratificó el desafuero de Lavín en marzo de 2025, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago lo aprobara el 16 de octubre de 2024. En su resolución, el máximo tribunal señaló que el desafuero es un antejuicio cuyo único propósito es autorizar la formación de causa, y que basta con antecedentes verosímiles que justifiquen la existencia de un ilícito e indicios suficientes de participación. Sin embargo, la Corte Suprema excluyó los delitos tributarios del ámbito penal, acotando la causa a ilícitos contra la administración pública. Esto obliga a la fiscalía a concentrar su teoría del caso en fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil. La defensa ha cuestionado la solidez de la investigación, afirmando que no existen diligencias que acrediten el supuesto fraude derivado de la aplicación SocialTazk.

La defensa anticipa solicitud de sobreseimiento y rechaza prisión preventiva

El abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Lavín, declaró ante la prensa en el Centro de Justicia que la defensa es sólida y que una revisión exhaustiva de la carpeta, más allá de los antecedentes presentados por la fiscalía y los querellantes, revelará una realidad distinta. Bonacic adelantó que solicitarán el sobreseimiento respecto de una arista particular del caso, sin entregar detalles. Asimismo, el letrado rechazó la posibilidad de que su representado quede en prisión preventiva, argumentando que Lavín ha colaborado con la investigación durante más de dos años y ha aportado una serie de antecedentes. “En ningún caso corresponde a alguna que sea privativa de libertad”, sostuvo. La audiencia de formalización definirá las medidas cautelares que podrían imponerse al exdiputado y a los demás imputados.

Implicaciones políticas y el futuro judicial del caso

La formalización de Lavín representa un golpe simbólico para la centroderecha chilena, al tratarse de un apellido emblemático en la política nacional. El exdiputado, que alguna vez encarnó la renovación de su sector, ahora enfrenta un proceso que podría derivar en una condena penal, aunque la defensa confía en desvirtuar los cargos. El caso también pone en entredicho el uso de asignaciones parlamentarias y la fiscalización de los recursos públicos destinados a los legisladores. La investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente sienta un precedente sobre la utilización de fondos fiscales para fines electorales, un fenómeno que, según los querellantes, no se limita a este caso. El desenlace judicial dependerá de las pruebas que se presenten en las próximas audiencias y de la capacidad de la defensa para demostrar que las irregularidades fueron meros errores administrativos.

En resumen

• Joaquín Lavín León es formalizado por fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación de documentos por un desvío de $104 millones.
• La plataforma SocialTazk, de $93 millones, habría sido utilizada para fines electorales con recursos fiscales.
• El caso está vinculado a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, esposa de Lavín, y a la gestión de datos de ciudadanos.
• La Corte Suprema excluyó delitos tributarios, centrando la causa en ilícitos contra la administración pública.
• La defensa solicitará el sobreseimiento de una arista y rechaza la prisión preventiva.
• El proceso marca un hito en la fiscalización del uso de asignaciones parlamentarias en Chile.