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Juez ordena destruir datos personales del celular de Máximo Pacheco en caso El Teniente

El magistrado Gonzalo Celedón dio 30 días al Ministerio Público para separar la información relevante de la investigación por la muerte de seis contratistas, citando el riesgo de filtraciones como en el Caso Audio.

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Juez ordena destruir datos personales del celular de Máximo Pacheco en caso El Teniente
El magistrado Gonzalo Celedón dio 30 días al Ministerio Público para separar la información relevante de la investigacióCrédito · 24horas

Lo esencial

  • El Juzgado de Garantía de Rancagua ordenó destruir o devolver la información del celular de Máximo Pacheco no vinculada al caso.
  • La medida también beneficia a Mary Carmen Llano, vicepresidenta de Gestión de Personas de Codelco.
  • El Ministerio Público tiene 30 días para seleccionar los datos relevantes tras recibir el informe forense de la PDI.
  • El accidente en la mina El Teniente ocurrió el 31 de julio de 2025 y causó la muerte de seis contratistas.
  • El juez Celedón citó las filtraciones del Caso Audio, donde es investigado el abogado Luis Hermosilla, como ejemplo de riesgo a la privacidad.
  • La defensa de Pacheco fue encabezada por el abogado Juan Domingo Acosta; la de Llano, por Jonathan Valenzuela.
  • Pacheco ejercerá como presidente de Codelco hasta el 25 de mayo de 2025.

El tribunal ordena depurar el contenido del móvil del expresidente de Codelco

El Juzgado de Garantía de Rancagua resolvió que toda la información del teléfono celular de Máximo Pacheco, expresidente de Codelco, que no esté directamente relacionada con la investigación por la muerte de seis contratistas en la mina El Teniente debe ser destruida o devuelta. La decisión fue adoptada por el magistrado Gonzalo Celedón en una audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa de Pacheco, a cargo del abogado Juan Domingo Acosta. El tribunal también extendió la misma medida a Mary Carmen Llano, vicepresidenta de Gestión de Personas de la estatal, representada por el jurista Jonathan Valenzuela. La resolución busca resguardar la vida privada de los involucrados, en un caso que ha generado alta atención pública.

Un plazo de 30 días para separar lo relevante de lo íntimo

El Ministerio Público dispondrá de 30 días, una vez que reciba el informe pericial de la Policía de Investigaciones de Chile sobre el contenido del dispositivo, para identificar y separar la información pertinente a la causa. Todo aquello que no guarde relación con la indagatoria deberá ser eliminado o devuelto a sus dueños. El magistrado enfatizó que el celular de Pacheco, quien ocupaba la presidencia de la cuprífera estatal hasta el 25 de mayo de 2025, contenía “información muy confidencial, muy estratégica, especialmente relevante para la economía nacional”. En su argumentación, Celedón señaló que “no nos interesan las fotografías del bautizo o del cumpleaños y todos los amigos cantando cumpleaños feliz”, ejemplificando con contenidos cotidianos que suelen almacenarse en un teléfono móvil.

El riesgo de filtraciones y el fantasma del Caso Audio

El juez aludió, sin mencionarlo formalmente, a la difusión de chats y audios en el caso que involucra al abogado Luis Hermosilla, conocido como Caso Audio, donde se investigan delitos de corrupción. “No se puede desconocer que hemos conocido a través de medios de prensa contenidos que no son necesariamente delictuales, de mensajería entre personas que están siendo investigadas”, advirtió. Celedón subrayó que en el móvil podrían existir “comentarios sobre el físico de una persona, por ejemplo, que emitió alguna persona respecto de otra, (que) resulta penalmente irrelevante, pero da lugar a habladurías sobre esta persona”. La decisión del tribunal refuerza el debate sobre los límites entre la investigación penal y la protección de la vida privada, especialmente en causas de alta connotación pública.

La investigación por la muerte de seis contratistas en El Teniente

El caso indaga eventuales responsabilidades penales tras el accidente ocurrido el 31 de julio de 2025 en la División El Teniente, una de las principales operaciones de Codelco. El siniestro costó la vida a seis contratistas, y la fiscalía investiga posibles delitos de homicidio y falsificación de documentos. El magistrado recordó que lo autorizado a incautar se refería exclusivamente a los hechos de esta causa: “falsificaciones de documentos y homicidio o cuáles son los delitos de homicidio dependiendo de cómo se califique el accidente que costó la vida de seis personas, pero no se refiera a la operación minera de Codelco”. La precisión busca evitar que la pesquisa se extienda a ámbitos no relacionados.

Un precedente sobre privacidad en investigaciones de alto perfil

La resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua establece un criterio claro sobre la protección de datos personales en dispositivos incautados en causas penales. El juez Celedón insistió en que “no todas las conversaciones tienen que ver con temas de trabajo” y que el Ministerio Público debe indicar en los informes policiales qué es relevante, dejando copia separada de lo pertinente. “Que se ventile mucho de la intimidad es un riesgo. Ya ha pasado”, señaló el magistrado, destacando la importancia de evitar filtraciones de antecedentes irrelevantes desde el punto de vista penal, pero potencialmente dañinos para la reputación de las personas. La decisión sienta un precedente en el equilibrio entre la eficacia investigativa y el derecho a la privacidad.

En resumen

  • El juez Gonzalo Celedón ordenó destruir o devolver la información personal del celular de Máximo Pacheco no vinculada al caso El Teniente, en un plazo de 30 días tras el informe pericial de la PDI.
  • La medida también protege a Mary Carmen Llano, vicepresidenta de Codelco, y fue solicitada por sus defensas para resguardar la vida privada.
  • El magistrado citó las filtraciones del Caso Audio como ejemplo de los riesgos de exponer información íntima sin relevancia penal.
  • La investigación busca determinar responsabilidades por la muerte de seis contratistas en la mina El Teniente el 31 de julio de 2025, por posibles delitos de homicidio y falsificación de documentos.
  • La decisión judicial refuerza el debate sobre los límites entre la investigación penal y la protección de datos personales en casos de alta connotación pública.
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