Interpol rechaza reactivar circular roja contra Carlos Ramón González; Fiscalía apela con nuevo cargo de lavado de activos

Lo esencial

• Interpol rechazó reactivar la circular roja contra Carlos Ramón González el 2 de abril de 2026.
• La decisión se fundamenta en el artículo 3 del estatuto de Interpol, que prohíbe intervenir en asuntos políticos.
• González permanece prófugo en Nicaragua, donde goza de asilo político otorgado por el gobierno de Daniel Ortega.
• La Fiscalía colombiana presentó una nueva solicitud de circular roja el 2 de abril, esta vez por lavado de activos.
• González es acusado de cohecho, peculado y lavado de activos por su presunta participación en el desfalco a la UNGRD.
• Se le atribuye haber ordenado el pago de al menos 4.000 millones de pesos en sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas.
• González fue director del Dapre y de la DNI, y fue un funcionario cercano al presidente Gustavo Petro.

Interpol levanta la orden de captura internacional contra el exdirector del Dapre

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha decidido no emitir una nueva circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), dejándolo sin orden de captura internacional. La decisión, adoptada unilateralmente desde la sede central en Lyon (Francia), fue notificada a Colombia el pasado jueves 2 de abril, y en la práctica permite al exfuncionario movilizarse fuera de Nicaragua, donde permanece prófugo de la justicia desde hace dos años. La medida se sustenta en la prohibición estricta de Interpol de intervenir en asuntos de carácter político, contemplada en el artículo 3 de su estatuto, según el oficio GS-2026-048826. El organismo internacional argumentó que la información suministrada en la solicitud inicial de Colombia contenía restricciones destinadas a proteger los derechos y libertades del solicitante, lo que determinó el rechazo. No obstante, la propia Interpol dejó abierta la posibilidad de que el Estado colombiano presente una nueva solicitud, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos no estudiados previamente.

Fiscalía colombiana reacciona con una nueva solicitud por lavado de activos

En respuesta a la negativa de Interpol, la Fiscalía General de la Nación reactivó el trámite y presentó una nueva solicitud ante la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) para que se emita otra circular roja, esta vez sustentada en el delito de lavado de activos. La petición fue radicada el mismo 2 de abril y se encuentra en evaluación por las autoridades competentes. La estrategia de la Fiscalía busca sortear el obstáculo político que impidió la primera solicitud, al enfocarse en un delito que no está directamente vinculado a la esfera política. González ya había sido acusado el pasado 29 de enero ante la Corte Suprema por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, este último ahora utilizado como base para la nueva petición internacional. El exfuncionario es considerado por la Fiscalía como uno de los cerebros detrás del millonario desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), uno de los escándalos de corrupción más graves que han sacudido al país en los últimos años.

El entramado de corrupción en la UNGRD y los sobornos millonarios

Las investigaciones señalan que Carlos Ramón González habría ordenado el pago de al menos 4.000 millones de pesos en sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas, en el marco del escándalo de la UNGRD. Este entramado corrupto involucraba la apropiación de recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres, desviando fondos públicos hacia fines ilícitos. González, quien también se desempeñó como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es señalado como presunto autor intelectual de la red de corrupción. Su papel habría sido determinante en la coordinación de los sobornos y en la ocultación de los movimientos financieros ilícitos. La Fiscalía ha recopilado pruebas que vinculan directamente a González con las operaciones de lavado de activos, lo que sustenta la nueva solicitud de circular roja. El exfuncionario, sin embargo, mantiene su inocencia y cuenta con el respaldo del gobierno nicaragüense, que le concedió asilo político.

El asilo en Nicaragua y la imposibilidad de extradición

Carlos Ramón González permanece en Managua, protegido por el gobierno de Daniel Ortega, desde donde ha evitado la acción de la justicia colombiana. Su condición de asilado político fue considerada determinante por el comité de Interpol para rechazar la solicitud de captura internacional, al interpretar que el caso tenía connotaciones políticas. En la práctica, esto implica que González únicamente mantiene una orden de captura vigente en Colombia, pero puede viajar libremente a nivel internacional sin riesgo de ser detenido mediante mecanismos de cooperación policial. Nicaragua no ha mostrado disposición a extraditarlo, y el asilo le brinda una protección legal que complica cualquier intento de repatriación. La situación ha generado tensiones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua, aunque hasta ahora no se han producido declaraciones oficiales de alto nivel. El gobierno colombiano, a través de la Fiscalía, insiste en que se trata de un caso de corrupción y no de persecución política.

El perfil de González: un exfuncionario de alto rango cercano a Petro

Carlos Ramón González fue un funcionario de confianza del presidente Gustavo Petro, integrando su gabinete durante más de dos años como director del Dapre y posteriormente al frente de la DNI. Su cercanía con el mandatario le otorgó influencia en decisiones clave del Ejecutivo, lo que ahora añade una dimensión política al escándalo. Su caída en desgracia se produjo tras destaparse el escándalo de la UNGRD, que salpicó a varios altos funcionarios y congresistas. González huyó a Nicaragua en 2024 y solicitó asilo, el cual le fue concedido rápidamente por el régimen de Ortega, un gesto que algunos analistas interpretan como un desafío a Colombia. El exdirector del Dapre enfrenta ahora un futuro incierto: mientras la Fiscalía colombiana redobla sus esfuerzos para lograr su captura internacional, él permanece en Managua, donde su libertad de movimiento solo está limitada por la orden de captura nacional, que no tiene efecto fuera de las fronteras colombianas.

Próximos pasos y perspectivas del caso

La nueva solicitud de circular roja presentada por la Fiscalía colombiana se encuentra en evaluación por parte de la Dijín y, eventualmente, será remitida a Interpol. El organismo internacional ha señalado que, conforme a lo previsto por su secretaría general, existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no hayan sido objeto de estudio en el proceso anterior. La Fiscalía confía en que el delito de lavado de activos, al ser de naturaleza técnica y no política, pueda sortear las restricciones del artículo 3 del estatuto de Interpol. Sin embargo, no hay garantías de éxito, ya que el comité de Interpol podría considerar que el caso sigue teniendo connotaciones políticas. Mientras tanto, las investigaciones en Colombia continúan avanzando, y se espera que en los próximos meses se produzcan nuevas imputaciones o revelaciones. El escándalo de la UNGRD sigue siendo uno de los temas más sensibles para el gobierno de Petro, y la suerte de González es vista como un termómetro de la capacidad del Estado para combatir la corrupción de alto nivel.

En resumen

• Interpol rechazó la circular roja contra Carlos Ramón González por considerarlo un asunto político, pero la Fiscalía colombiana ya presentó una nueva solicitud basada en lavado de activos.
• González, asilado en Nicaragua, puede viajar internacionalmente sin riesgo de captura, aunque mantiene una orden de detención vigente en Colombia.
• Se le acusa de haber ordenado sobornos por 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Congreso Iván Name Vásquez y Andrés Calle Aguas en el marco del desfalco a la UNGRD.
• El exfuncionario fue un estrecho colaborador del presidente Gustavo Petro, lo que añade una dimensión política al caso.
• La nueva solicitud de circular roja está en evaluación; el resultado dependerá de si Interpol considera que el delito de lavado de activos elimina el carácter político del caso.