La Defensoría del Pueblo respalda el decreto de emergencia por inundaciones en ocho departamentos de Colombia

Lo esencial

• El Decreto 150 de 2026 declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional.
• La emergencia cubre 181 municipios de ocho departamentos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.
• Las inundaciones ocurrieron entre el 1 y el 6 de febrero de 2026 debido a un frente frío y lluvias intensas.
• La Defensoría del Pueblo intervino en el expediente RE-390 para respaldar la constitucionalidad del decreto.
• Carlos Carrillo, director de la UNGRD, afirmó que la declaratoria está 'debidamente sustentada' técnicamente.
• Carrillo advirtió que más de cien mil familias quedarían sin acceso a recursos de reconstrucción si se revoca el decreto.
• La primera vuelta presidencial está fijada para el 31 de mayo de 2026.
• La presión delictiva en el tercer año del Gobierno Petro alcanzó 61,9, el nivel más alto en cinco gobiernos.

La emergencia que desbordó ocho departamentos

Entre el 1 y el 6 de febrero de 2026, un frente frío acompañado de intensas lluvias desató inundaciones que afectaron a 181 municipios en ocho departamentos de Colombia. Las comunidades rurales y étnicas, sujetos de especial protección constitucional, perdieron el acceso a servicios esenciales como salud, agua potable, alimentación y ayuda humanitaria. La magnitud de la catástrofe llevó al Gobierno Nacional a expedir el Decreto 150 de 2026, declarando el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional. La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para respaldar la medida, solicitando que se declare su exequibilidad. En su intervención en el expediente RE-390, la entidad argumentó que la calamidad pública agravó situaciones históricas como el deficiente ordenamiento territorial, y que las afectaciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el aislamiento de comunidades justifican el uso de facultades normativas especiales y el aumento del recaudo en un contexto de déficit presupuestal. Los departamentos más golpeados son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena. Las defensorías regionales de estas zonas proporcionaron información sistematizada sobre las afectaciones a derechos fundamentales, que fue anexada al expediente judicial.

El respaldo técnico y las advertencias políticas

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), afirmó este miércoles durante un foro en la Universidad de Córdoba que la declaratoria de emergencia cuenta con un fundamento técnico sólido. "Está debidamente sustentada", declaró el funcionario, quien aseguró que responde personalmente por la documentación que respalda el decreto. Carrillo advirtió que si la Corte Constitucional decide revocar la medida, esa resolución obedecería a motivaciones electorales y no a insuficiencias técnicas. Señaló que los magistrados evitaron pronunciarse en la sesión plenaria del 27 de abril, conducta que calificó como una evasión de responsabilidad política frente a un tema de importancia nacional. El director de la UNGRD conectó su análisis con el contexto electoral: la primera vuelta presidencial está fijada para el 31 de mayo. Planteó que actores políticos representados mayoritariamente en la Corte podrían buscar incidir sobre las opciones disponibles en la contienda electoral. Mencionó que tanto el presidente Gustavo Petro como el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo son originarios de Córdoba, departamento epicentro de la crisis climática.

Las consecuencias humanitarias de una posible anulación

Carrillo enfatizó que una eventual anulación de la declaratoria traería consecuencias humanitarias graves. Advirtió que más de cien mil familias en el país quedarían sin acceso a recursos de reconstrucción y recuperación económica si la corporación judicial invalida la medida que moviliza fondos para atender los daños causados por el fenómeno hidrometeorológico de enero y febrero de 2026. La Defensoría del Pueblo ya había identificado graves afectaciones a la población, incluyendo restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado y aislamiento parcial o total de comunidades rurales y étnicas, con limitaciones en el acceso a servicios esenciales como salud, vivienda, educación, agua potable, alimentación y ayuda humanitaria. La emergencia, según la entidad, demandaba el aumento del recaudo en un contexto de déficit presupuestal y el uso de facultades normativas especiales para conjurar la extensión de estos efectos. El Gobierno Nacional ha defendido la medida como necesaria para enfrentar una crisis que, de no ser atendida, podría profundizar las desigualdades estructurales en las regiones más vulnerables del país.

El contexto de presión delictiva y déficit presupuestal

La emergencia climática ocurre en un momento de alta presión delictiva en Colombia. Según datos recientes, la presión delictiva en el tercer año del Gobierno de Gustavo Petro alcanzó un índice de 61,9, el nivel más alto en cinco gobiernos. Este contexto de inseguridad agrava la capacidad de respuesta del Estado frente a desastres naturales. Además, el déficit presupuestal limita las opciones del Gobierno para financiar la reconstrucción sin recurrir a medidas extraordinarias como la declaratoria de emergencia. La Defensoría del Pueblo argumentó que el aumento del recaudo es necesario para hacer frente a los impactos sociales y ambientales de las inundaciones. La combinación de crisis climática, inseguridad y restricciones fiscales pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para proteger a las poblaciones más vulnerables, especialmente en regiones como Córdoba, donde la emergencia ha sido más severa.

El pulso entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional

El Decreto 150 de 2026 se encuentra ahora en manos de la Corte Constitucional, que debe decidir sobre su constitucionalidad. La Defensoría del Pueblo ha solicitado que se declare exequible, mientras que el director de la UNGRD ha advertido que un fallo en contra tendría motivaciones políticas. La sesión plenaria del 27 de abril, en la que los magistrados evitaron pronunciarse, ha aumentado la incertidumbre. Carrillo ha señalado que la decisión de la Corte podría estar influenciada por el calendario electoral. La primera vuelta presidencial del 31 de mayo añade presión política a un debate que debería ser técnico. El funcionario ha insistido en que la documentación que respalda el decreto es sólida y que cualquier revocación sería una decisión política, no técnica. El presidente Gustavo Petro, originario de Córdoba, ha mantenido un perfil bajo en este debate, pero la cercanía de las elecciones y la importancia de la región para su base política hacen que el fallo de la Corte tenga implicaciones que van más allá de lo humanitario.

Lo que está en juego para las comunidades afectadas

Más de cien mil familias esperan la decisión de la Corte Constitucional para acceder a los recursos de reconstrucción y recuperación económica. Sin la declaratoria de emergencia, estas familias quedarían desprotegidas frente a los daños causados por las inundaciones de febrero. Las comunidades rurales y étnicas, que ya enfrentaban condiciones de vulnerabilidad, serían las más perjudicadas. La Defensoría del Pueblo ha documentado las afectaciones a derechos fundamentales en los ocho departamentos, y ha instado a la Corte a considerar la gravedad de la situación. La emergencia no solo ha destruido viviendas e infraestructura, sino que ha interrumpido el acceso a servicios básicos como salud y educación, profundizando la exclusión de comunidades que ya eran marginadas. El fallo de la Corte Constitucional definirá si el Gobierno puede movilizar los recursos necesarios para atender la crisis o si, por el contrario, las comunidades afectadas deberán esperar a que el proceso político post-electoral ofrezca soluciones. Mientras tanto, la incertidumbre persiste.

En resumen

• La Defensoría del Pueblo respalda el Decreto 150 de 2026 y pide a la Corte Constitucional declararlo exequible.
• Las inundaciones de febrero de 2026 afectaron a 181 municipios en ocho departamentos, dejando a comunidades rurales y étnicas sin acceso a servicios esenciales.
• El director de la UNGRD advierte que un fallo en contra del decreto tendría motivaciones electorales, no técnicas.
• Más de cien mil familias quedarían sin recursos de reconstrucción si la Corte anula la declaratoria de emergencia.
• La presión delictiva en Colombia alcanzó su nivel más alto en cinco gobiernos, complicando la respuesta a la crisis climática.
• La decisión de la Corte se produce en un contexto electoral, con la primera vuelta presidencial programada para el 31 de mayo.