Yeimy Paola Vargas se declara inocente tras imputación por presunto título falso en contrato con el IPCC

Lo esencial

• Yeimy Paola Vargas Gómez fue imputada por falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente.
• El contrato con el IPCC fue suscrito en marzo de 2025 por $55 millones y liquidado en agosto del mismo año.
• La Fiscalía calcula que Vargas se apropió indebidamente de $8.647.500 al presentar un título falso de técnica laboral.
• El título habría sido expedido por un instituto de Bucaramanga que no tiene registro de Vargas en sus bases de datos.
• El documento presentado en Secop II mostraba un tipo de letra distinto al del resto del acta oficial.
• En 2026, la Alcaldía de Cartagena otorgó un nuevo contrato a Vargas por $18 millones bajo perfil de bachiller.
• La exdirectora del IPCC, Carmen Lucy Espinosa, no asistió a la audiencia por incapacidad médica.
• La Fiscalía investiga si el documento fue elaborado en un café internet del centro de Cartagena por un asesor de la entidad.

Audiencia de imputación sin aceptación de cargos

La actriz y exreina de belleza Yeimy Paola Vargas Gómez se declaró inocente este jueves 30 de abril de 2026 durante la audiencia de imputación de cargos celebrada en Cartagena. La diligencia, de carácter reservado, se realizó sin presencia de medios de comunicación, según informó la Fiscalía General de la Nación. Una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó los delitos de falsedad en documento privado y peculado por apropiación en calidad de interviniente. Vargas no aceptó los cargos, lo que abre la puerta a un juicio oral en las próximas semanas. El caso gira en torno a un contrato suscrito en marzo de 2025 entre Vargas y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), por un valor de 55 millones de pesos y una duración de nueve meses. La Fiscalía sostiene que la contratista presentó un título falso de técnica laboral en actuación y teatro para acceder a una mejor clasificación en la tabla de honorarios.

El título falso y las irregularidades detectadas

Según la investigación, Vargas cargó en la plataforma de contratación Secop II un documento que la acreditaba como técnica laboral en actuación y teatro, supuestamente expedido por un instituto de Bucaramanga. Sin embargo, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga negó haber emitido ese diploma. La entidad santandereana informó que Vargas no figura en sus listados históricos de egresados ni en sus bases de datos académicas. Además, el formato del documento presentado no corresponde a los diseños oficiales que maneja actualmente la institución. Los investigadores también detectaron una irregularidad en la escritura: el nombre de la exreina aparece con un tipo de letra distinto al utilizado en el resto del acta oficial, lo que rompe la uniformidad del documento. Estas inconsistencias llevaron a la Fiscalía a imputar los cargos.

El contrato y la apropiación indebida de $8,6 millones

El contrato objeto de investigación fue suscrito en marzo de 2025 por un término de nueve meses y un valor de 55 millones de pesos. Sin embargo, fue liquidado de mutuo acuerdo en agosto del mismo año, tras seis meses de ejecución, después de que surgieran denuncias públicas sobre las presuntas inconsistencias documentales. La Fiscalía calcula que, gracias al falso nivel de titulación, Vargas logró acceder a una mejor condición en la tabla de honorarios y se apropió indebidamente de 8.647.500 pesos. “Esto habría permitido que Vargas Gómez se apropiara indebidamente de 8.647.500 pesos, según el falso nivel de titulación”, señaló el ente acusador en un comunicado. El dinero corresponde a la diferencia entre lo que habría recibido como bachiller y lo que percibió como técnica, según la escala salarial del IPCC. La defensa de Vargas aún no ha presentado una versión alternativa de los hechos.

Un nuevo contrato en 2026 bajo el principio de presunción de inocencia

Pese a la investigación en curso, la Alcaldía de Cartagena otorgó a Vargas un nuevo contrato en 2026 por un valor de 18 millones de pesos. En esta ocasión, la contratista presentó una hoja de vida modificada en la que ya no incluía el documento académico cuestionado, y fue contratada bajo el perfil de bachiller. Desde la administración distrital se indicó que esta contratación se realizó bajo el principio de presunción de inocencia, al considerar que no existe una inhabilidad legal vigente que impida su vinculación con el Estado. La decisión ha generado críticas de sectores que consideran que el proceso penal debería haber impedido cualquier nuevo contrato. El nuevo contrato, firmado cuando ya la Fiscalía había iniciado las pesquisas, añade una capa de controversia al caso, que ahora es seguido de cerca por la opinión pública en Cartagena y el resto del país.

La posible implicación de la exdirectora del IPCC y un café internet

El expediente incluye referencias a la posible participación de la entonces directora del IPCC, Carmen Lucy Espinosa, en la expedición del documento cuestionado. Sin embargo, Espinosa no compareció a la audiencia de imputación debido a una incapacidad médica, por lo que la Fiscalía solicitó la separación del proceso para continuar con la imputación de Vargas de manera independiente. Según los elementos recopilados por la investigación, el documento habría sido elaborado en un café internet del centro de Cartagena por un asesor vinculado a la entidad. Este detalle forma parte de las indagaciones en curso para determinar el origen exacto de la falsificación y el grado de responsabilidad de otros funcionarios. La Fiscalía no ha revelado la identidad del asesor ni si este ha sido citado a declarar. La investigación continúa en busca de esclarecer todos los eslabones de la presunta trama de falsedad documental.

El perfil de la imputada y el contexto del caso

Yeimy Paola Vargas Gómez nació en Ibagué (Tolima) y es egresada de la Universidad de Ibagué, donde estudió Comunicación Social. Su carrera como actriz y reina de belleza la llevó a participar en proyectos culturales en Cartagena, donde obtuvo el contrato con el IPCC. El caso ha puesto el foco en los mecanismos de control de la plataforma Secop II y en la facilidad con la que, según la Fiscalía, se habría introducido documentación falsa para acceder a contratos públicos. La imputación por peculado por apropiación implica que Vargas no solo habría falseado su perfil, sino que se habría beneficiado económicamente de manera ilícita. La defensa de Vargas, que no ha hecho declaraciones públicas, se prepara para el juicio oral, donde la Fiscalía deberá presentar las pruebas recopiladas, incluyendo los dictámenes del instituto de Bucaramanga y los testimonios de los funcionarios del IPCC.

Lo que sigue: juicio oral y posibles consecuencias

Con la imputación formal y la negativa de Vargas a aceptar los cargos, el caso avanza hacia un juicio oral que podría celebrarse en los próximos meses. La Fiscalía continuará recabando pruebas, entre ellas el análisis del documento original y las declaraciones de los testigos. Si es hallada culpable, Vargas enfrenta penas que podrían incluir prisión, además de la obligación de restituir los 8,6 millones de pesos. La investigación también podría extenderse a otros implicados, como la exdirectora Espinosa y el asesor del café internet, dependiendo de los hallazgos. El caso ha generado un debate sobre la transparencia en la contratación pública en Cartagena y la necesidad de reforzar los controles en plataformas como Secop II. Por ahora, la atención se centra en el juicio, que definirá la responsabilidad de una figura pública que pasó de las pasarelas a los tribunales.

En resumen

• Yeimy Paola Vargas fue imputada por falsedad documental y peculado tras presentar un título falso para un contrato con el IPCC.
• El contrato de $55 millones fue liquidado tras seis meses, pero la Fiscalía sostiene que Vargas se apropió de $8,6 millones gracias al falso título.
• El instituto de Bucaramanga negó haber expedido el diploma, y el documento presentaba inconsistencias gráficas.
• En 2026, la Alcaldía de Cartagena le otorgó un nuevo contrato por $18 millones bajo perfil de bachiller, invocando la presunción de inocencia.
• La exdirectora del IPCC, Carmen Lucy Espinosa, no asistió a la audiencia y su posible implicación se investiga por separado.
• El caso expone vulnerabilidades en la plataforma Secop II y en los procesos de verificación de títulos académicos en la contratación pública.