Petro ordena retirar licencias a las EPS 'más malas' en una medida sin precedentes

Lo esencial

• El presidente Gustavo Petro anunció dos veces esta semana el retiro de licencias a las EPS con mal desempeño.
• La medida se basa en el decreto 682 de 2018, que establece causales como incumplimientos financieros y técnicos.
• El exsuperintendente Conrado Gómez advierte que la revocación implicaría el cierre de las EPS y el traspaso de afiliados.
• Petro argumenta que liquidar las EPS no pagaría sus deudas con hospitales, mientras que quitar licencias mantiene las obligaciones.
• Daniel Quintero, nuevo superintendente de Salud, genera polémica y nerviosismo en el sector.
• La medida se produce tras decisiones judiciales adversas y cifras financieras negativas en el sistema de salud.
• El interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, apoya la cancelación de licencias.

El presidente Petro lanza una ofensiva contra las EPS

El presidente Gustavo Petro ordenó iniciar el proceso de retiro de licencias a las EPS consideradas 'las más malas', una medida sin precedentes en Colombia. El anuncio se produjo en dos ocasiones durante la semana: primero en una alocución el lunes y luego en el consejo de ministros. 'Este Gobierno a las más malas EPS les quita la licencia de salud', declaró Petro, añadiendo que 'nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la Supersalud'. La decisión llega en un contexto de tensiones en el sector salud, agravadas por medidas judiciales adversas y cifras financieras en rojo. El nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud ya había generado polémica, y sus primeras acciones confirman una línea dura contra las aseguradoras.

El fundamento legal: el decreto 682 de 2018

La revocación de licencias se sustenta en el decreto 682 de 2018, que enumera las causales específicas para retirar la autorización a una EPS. Según explicó el exsuperintendente Conrado Gómez, estas incluyen 'incumplir de forma reiterada e injustificada las condiciones de habilitación técnico-administrativas, tecnológicas o científicas que pongan en riesgo la efectividad de los servicios o la seguridad de los afiliados'; así como incumplir condiciones financieras, de red prestadora o ejecutar operaciones que deriven en desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gómez precisó que la medida implicaría el cierre efectivo de las EPS afectadas: 'Los deja tendidos en el suelo'. La entidad perdería la capacidad de operar y, crucialmente, de recibir los pagos del Estado a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). La consecuencia inmediata sería el traspaso de sus afiliados a otras aseguradoras.

Petro defiende la medida frente a la liquidación

El presidente justificó su decisión argumentando que la liquidación de las EPS no resolvería las deudas con el sistema hospitalario. 'Si se liquidan las EPS, no se pagan las deudas que tienen con el sistema hospitalario y clínico del país', afirmó Petro en el consejo de ministros. 'Por eso he propuesto quitar las licencias: así se mantiene la deuda de los propietarios de las EPS y debe ser pagada'. Esta postura contrasta con la práctica habitual de intervenir o liquidar las aseguradoras en problemas. Al revocar la licencia, los dueños de la EPS siguen siendo responsables de las obligaciones financieras contraídas, lo que podría garantizar el pago a hospitales y clínicas.

Apoyos y críticas en el sector salud

Jorge Iván Ospina, interventor de la Nueva EPS, expresó su respaldo a la iniciativa de Petro. 'Se había demorado', comentó, sugiriendo que la medida era necesaria desde hace tiempo. Sin embargo, el sector privado y algunos gremios han mostrado inquietud. Daniel Quintero, el nuevo superintendente, ya había advertido al sector: 'Tienen razón en estar nerviosos. Yo vine a tomar decisiones'. Gremios farmacéuticos también han alertado sobre errores en la administración de medicamentos y han pedido reforzar la seguridad del paciente, en un contexto de cambios regulatorios.

El proceso técnico y los obstáculos legales

El retiro de licencias no es automático. Implica etapas técnicas supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud, que debe verificar el cumplimiento de las causales del decreto 682. Además, las EPS afectadas podrían recurrir a instancias judiciales para impugnar la decisión, lo que alargaría el proceso. Expertos señalan que la medida podría enfrentar obstáculos legales, especialmente si se considera que algunas EPS ya están bajo intervención o tienen procesos de liquidación en curso. La Supersalud deberá demostrar que las condiciones para la revocación se cumplen de manera fehaciente.

Consecuencias para los afiliados y el sistema de salud

Si se concreta la revocación, los afiliados de las EPS sancionadas serán transferidos a otras aseguradoras, en un proceso que podría generar incertidumbre y demoras en la atención. La medida busca mejorar la calidad del sistema, pero también implica riesgos de desestabilización temporal. Las EPS con problemas financieros y de servicio han sido un dolor de cabeza recurrente para el sistema colombiano. La decisión de Petro apunta a resolver de raíz las deficiencias, aunque el camino está lleno de desafíos técnicos, legales y políticos.

Un precedente que redefine el sector salud

La orden de Petro marca un punto de inflexión en la política de salud colombiana. Al optar por la revocación de licencias en lugar de la liquidación, el gobierno busca enviar una señal contundente a las EPS: el incumplimiento sistemático tendrá consecuencias directas sobre su operación. El éxito de la medida dependerá de la capacidad de la Supersalud para ejecutarla sin generar un colapso en la atención. Mientras tanto, el sector espera con atención los próximos pasos de una administración que promete no titubear en su ofensiva contra las aseguradoras.

En resumen

• Petro ordena retirar licencias a las EPS con peor desempeño, basado en el decreto 682 de 2018.
• La revocación implica el cierre de la EPS y el traspaso de afiliados, manteniendo las deudas con hospitales.
• La medida cuenta con apoyo del interventor de la Nueva EPS, pero genera nerviosismo en el sector.
• El proceso enfrenta posibles obstáculos legales y técnicos que podrían retrasar su implementación.
• La decisión busca resolver la crisis financiera y de calidad del sistema de salud colombiano.