Exministros Bonilla y Velasco enfrentan acusación por presunto desvío de 612.000 millones de pesos en la Ungrd

Lo esencial

• La audiencia de acusación contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se reanudó el 30 de abril de 2026 ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
• La Fiscalía imputa a los exfuncionarios los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
• El ente acusador señala que se habrían comprometido al menos 612.000 millones de pesos de la Ungrd y el Invías en 74 contratos direccionados a congresistas.
• Los contratos se distribuyeron en cuatro comisiones del Congreso: Comisión Cuarta de Cámara (13 proyectos por $142.658 millones), Comisión Cuarta de Senado (19 por $80.816 millones), Comisión Tercera de Senado (14 por $155.145 millones) y Comisión Tercera de Cámara (25 por $177.380 millones).
• El magistrado Jorge Emilio Caldas Vera es el encargado del expediente.
• La Fiscalía citó una declaración clave: 'Para mantener la gobernabilidad era necesario direccionar, a favor de congresistas, proyectos para las regiones que se denominaban cupos indicativos, que eran autorizados por Ricardo Bonilla'.
• Cuatro congresistas se encuentran actualmente en prisión como parte del mismo entramado de corrupción.

Reanudación de la audiencia de acusación

A las 8:00 de la mañana de este jueves 30 de abril, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reanudó la audiencia de acusación contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Ambos son investigados por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La diligencia se adelanta ante el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, a quien le correspondió el expediente. La decisión ratifica la medida tomada el pasado 18 de diciembre en contra de los exfuncionarios.

Los delitos imputados y el papel de los exministros

La Fiscalía imputa a Bonilla y Velasco los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Según el ente investigador, los exministros habrían intentado comprar con coimas y contratos al Congreso para destrabar la aprobación de proyectos clave del Ejecutivo en el Legislativo. La investigación señala que ambos habrían comprometido al menos 612.000 millones de pesos de la Ungrd y del Instituto Nacional de Vías (Invías). Este caso ya ha salpicado a otros altos funcionarios del gobierno actual y a varios congresistas, cuatro de ellos hoy tras las rejas.

Detalle de los contratos direccionados

El escrito de acusación, de 287 páginas, detalla 74 contratos presuntamente direccionados: 71 en el Invías y 5 en la Ungrd. La distribución de los proyectos por comisión legislativa es la siguiente: Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes: 13 proyectos en Atlántico, Cesar, La Guajira, Tolima y Magdalena, por 142.658.279.353 pesos. Comisión Cuarta del Senado: 19 proyectos en Magdalena, Córdoba, Montería, Atlántico, Nariño y Caldas, por 80.816.638.625 pesos. Comisión Tercera del Senado: 14 proyectos en Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca, Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre, por 155.145.632.524 pesos. Comisión Tercera de la Cámara de Representantes: 25 proyectos en Cundinamarca, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Boyacá, Magdalena, Bolívar, Valle del Cauca, Atlántico y Arauca, por 177.380.923.155 pesos. La Fiscalía advirtió que un número significativo de estos contratos no habría llegado a ejecutarse, ya que quedaron suspendidos durante el trámite contractual.

Declaraciones clave y defensa de los exministros

En la audiencia, el exministro Ricardo Bonilla intervino para señalar supuestas imprecisiones de la Fiscalía. “Me gusta mucho que hoy la Fiscalía haya reconocido que ni el ministro Velasco, ni el ministro Bonilla saqueamos la Ungrd, que eso es un hecho de Olmedo López, Sneyder Pinilla y su cuadrilla, que son unos delincuentes confesos”, dijo. Agregó que el ente investigador “nunca ha examinado cómo es el procedimiento de discusión del presupuesto general de la Nación”. Bonilla también cuestionó el testimonio de María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave, calificándolo de “impreciso”. Según el exministro, esa información ha llevado a asumir que los ministros incurrieron en ilegalidades. Por su parte, la Fiscalía defendió su trabajo, asegurando que toda la información presentada ha sido clara y que los hechos jurídicamente relevantes son los mismos entre la imputación y la acusación.

La declaración que pone en aprietos a la asesora Andrea Ramírez

La Fiscalía destacó una declaración clave en el proceso: “Para mantener la gobernabilidad era necesario direccionar, a favor de congresistas, proyectos para las regiones que se denominaban cupos indicativos, que eran autorizados por Ricardo Bonilla”. Esta cita pone en aprietos a la asesora del Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez, quien, presuntamente, habría dado instrucciones a María Alejandra Benavides en una operación que buscaba obtener votos a cambio de proyectos. El ente acusador sostiene que los reproches de la defensa de los exministros surgen de confusiones de los abogados, no por la presentación de presuntos hechos. El fiscal resaltó que nunca se han quitado ni agregado delitos o presuntos hechos entre la imputación y la acusación.

Contexto y próximos pasos judiciales

El caso de la Ungrd ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro, salpicando a altos funcionarios y congresistas. La investigación se centra en el presunto direccionamiento de contratos a cambio de apoyos legislativos. La audiencia de acusación continuará en los próximos días, y se espera que la Sala Especial de Primera Instancia determine si hay mérito para llevar a juicio a los exministros. Mientras tanto, cuatro congresistas permanecen en prisión preventiva, y el entramado de corrupción sigue siendo objeto de investigación. La Fiscalía ha dejado claro que mantendrá firme su acusación, mientras que la defensa insiste en la falta de pruebas directas contra sus representados.

En resumen

• La audiencia de acusación contra los exministros Bonilla y Velasco se reanudó el 30 de abril de 2026 ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
• Se les imputan los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
• El monto total comprometido asciende a 612.000 millones de pesos, distribuidos en 74 contratos de la Ungrd y el Invías.
• La Fiscalía sostiene que los contratos fueron direccionados a congresistas de cuatro comisiones a cambio de votos para proyectos del Ejecutivo.
• El exministro Bonilla cuestionó la precisión de la testigo clave María Alejandra Benavides y defendió su inocencia.
• El caso ha llevado a la prisión preventiva de cuatro congresistas y continúa bajo investigación.