La Unidad para las Víctimas, en la mira de la Corte Constitucional por fallas en giros de ayuda humanitaria

Lo esencial

• La Corte Constitucional ordenó a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio de Hacienda explicar en cinco días por qué fallan los giros de ayuda humanitaria.
• En 2025 hubo 133 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 107.924 personas, un incremento del 318,3% frente a 2024.
• Entre enero y marzo de 2026, la Defensoría documentó 39 eventos de desplazamiento con 7.611 afectados y 25 confinamientos con 39.582 personas.
• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Uariv precisar su plan administrativo y contractual para 2026 tras una tutela de la Defensoría.
• La Ley 996 de 2005 (ley de garantías electorales) restringe la contratación directa en los cuatro meses previos a elecciones presidenciales.
• La Unidad reconoció problemas derivados del incumplimiento del operador contratado para los giros, según el auto de la Corte.
• Más de 51.000 giros de ayuda humanitaria se han realizado en 25 departamentos, con una cobertura del 94% del territorio nacional.

La Corte Constitucional da un ultimátum a la Unidad para las Víctimas

La Corte Constitucional emitió un auto de seguimiento a la histórica sentencia T-025 de 2004 en el que lanza un fuerte llamado de atención a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y le da un plazo de cinco días para explicar por qué, en plena vigencia de 2026, el sistema de entrega de giros de ayudas y atención humanitaria a población desplazada estaría fallando a nivel nacional, afectando el mínimo vital de miles de personas. El mismo plazo cobija al Ministerio de Hacienda, que debe responder si existen problemas de recursos o de flujo de caja detrás de la crisis. La decisión se desprende de una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre la insuficiencia de las respuestas de la Uariv frente a las restricciones presupuestales y administrativas para garantizar la continuidad de las ayudas en 2026.

El fallo del Tribunal de Cundinamarca que ordena transparencia

En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió los argumentos de la Defensoría y revocó la decisión de primera instancia que había negado la protección. El tribunal ordenó a la Uariv suministrar información clara, concreta y suficiente sobre las acciones que implementará para garantizar la entrega oportuna, continua y adecuada de la atención humanitaria en 2026, especialmente para las víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento. El fallo subraya que "la atención humanitaria está intrínsecamente ligada a la vida, la integridad, la salud y el mínimo vital de las víctimas. Este derecho fundamental no puede, bajo ninguna circunstancia, quedar supeditado a obstáculos administrativos o a restricciones derivadas de la Ley de Garantías. La dignidad humana no admite pausas burocráticas". También le ordenó adoptar y fortalecer las medidas administrativas, presupuestales y operativas necesarias para prevenir cualquier interrupción, incluso bajo los términos de la Ley 996 de 2005.

Cifras récord de desplazamiento y confinamiento en 2025 y 2026

El contexto humanitario se ha agravado. Durante 2025 hubo 133 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento que impactaron a 128.825 personas, restringiendo su movilidad y acceso a bienes básicos. Estas cifras representan un incremento del 318,3% en el número de personas desplazadas frente a 2024, y un aumento del 19,4% en la población confinada. La tendencia se mantiene en 2026. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la Defensoría documentó 39 eventos de desplazamiento forzado con 7.611 personas afectadas, y 25 eventos de confinamiento que impactaron a 39.582 personas. La urgencia de medidas efectivas es evidente.

Las respuestas insuficientes de la Unidad y el fantasma de la Ley de Garantías

En agosto y octubre de 2025, la Defensoría solicitó a la Uariv implementar medidas concretas para garantizar la continuidad de la atención humanitaria ante posibles restricciones presupuestales y administrativas. Sin embargo, las respuestas emitidas se limitaron a planteamientos generales, sin detallar cómo se materializarían en la entrega efectiva de ayudas. La Ley 996 de 2005, conocida como ley de garantías electorales, restringe la contratación directa por parte de entidades públicas durante los cuatro meses anteriores a elecciones presidenciales. Según constató este diario, desde julio de 2025 se registró un aumento sustancial de contratos en la Unidad, con picos particularmente altos en el último mes antes de la entrada en vigencia de la ley. Solo en los primeros 21 días de enero de 2026 se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios, una cifra atípica, y en total hubo 3.000 contratos antes de la Ley de Garantías en esa entidad.

Incumplimiento del operador y problemas operativos

En el auto, la Corte advierte que desde enero de 2026 no se habrían garantizado los giros en el país y que la propia Unidad de Víctimas reconoció problemas derivados del incumplimiento del operador contratado. A pesar de ello, la entidad había informado avances significativos: más de 51.000 giros de ayuda humanitaria realizados en 25 departamentos, con una cobertura del 94% del territorio nacional gracias a la habilitación de más de 21.900 puntos. Karol Ortigoza, Subdirectora de Asistencia y Atención Humanitaria de la Unidad, afirmó: "Estamos trabajando de la mano del operador 4/72 para alcanzar la cobertura del 100% del territorio nacional, reafirmando nuestro compromiso como Unidad para las Víctimas de que la ayuda llegue de manera oportuna y segura a la población víctima. Invitamos a las víctimas a consultar únicamente los canales oficiales y acercarse a los puntos autorizados para evitar intermediarios".

El seguimiento de la Defensoría y las próximas decisiones

La Defensoría del Pueblo hará seguimiento al cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal y la Corte, con el propósito de garantizar que el Estado proteja de manera efectiva a las víctimas del conflicto armado y asegure su acceso a la atención humanitaria en condiciones de dignidad. El fallo obliga a las autoridades a emitir respuestas de fondo, claras y oportunas, evitando prácticas que puedan generar escenarios de revictimización. La Corte Constitucional, por su parte, mantiene abierto el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado. El plazo de cinco días para que la Unidad y Hacienda entreguen sus explicaciones vence en los próximos días, y de sus respuestas dependerán las próximas decisiones del alto tribunal para asegurar que la ayuda humanitaria llegue sin interrupciones a quienes más lo necesitan.

En resumen

• La Corte Constitucional exige explicaciones en cinco días a la Unidad para las Víctimas y al Ministerio de Hacienda por las fallas en los giros de ayuda humanitaria en 2026.
• El Tribunal de Cundinamarca ordenó a la Uariv presentar un plan detallado para garantizar la continuidad de las ayudas, advirtiendo que la dignidad humana no admite pausas burocráticas.
• Las cifras de desplazamiento forzado se dispararon un 318% en 2025 frente a 2024, y en el primer trimestre de 2026 ya se registran 7.611 nuevos desplazados y 39.582 confinados.
• La Ley de Garantías electorales (Ley 996 de 2005) ha sido señalada como un obstáculo para la contratación oportuna, aunque el tribunal aclara que no puede supeditar la atención humanitaria.
• La Unidad reconoció problemas con el operador contratado para los giros, mientras que en paralelo reporta haber realizado más de 51.000 transferencias en 25 departamentos.
• La Defensoría del Pueblo hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes judiciales para evitar la revictimización de la población desplazada.