Ecuador descarta extender compensaciones al transporte y deja alza de pasajes en manos de municipios

Lo esencial

• Las compensaciones al transporte urbano finalizaron; las interprovinciales concluyen el 15 de mayo de 2026.
• El ministro Roberto Luque descartó extender las ayudas, contradiciendo a la ministra de Gobierno Nataly Morillo.
• El precio del diésel subió de $1,80 a $2,96 por galón desde septiembre de 2025.
• La Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape) dio 15 días al Gobierno para atender sus demandas.
• Luque anunció el retorno de radares de velocidad, con fines preventivos y no recaudatorios.
• El Gobierno propuso que empresas privadas incluyan el alza del diésel en contratos con transportistas.
• Cuenca ya ajustó tarifas de buses urbanos vinculadas a mejoras en el servicio.

El fin de las compensaciones y el pulso con los transportistas

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, descartó este miércoles 29 de abril de 2026 extender las compensaciones económicas que el Gobierno otorgó a los transportistas tras la eliminación del subsidio al diésel. Las ayudas para el transporte urbano ya expiraron, mientras que las destinadas al transporte intra e interprovincial concluirán el 15 de mayo de 2026. La decisión contradice lo señalado días antes por la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien había indicado que se evaluaba una prórroga de uno o dos meses. Luque fue tajante: no habrá extensión. El funcionario recordó que el Gobierno implementó varias medidas de alivio, como mecanismos de compensación, ajustes regulatorios, habilitación de la tercera placa y revisiones tarifarias en rutas interprovinciales de larga distancia.

El alza del pasaje urbano queda en manos de los municipios

Luque aclaró que cualquier incremento en el pasaje del transporte urbano dependerá exclusivamente de los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios de Quito y Guayaquil. “Las compensaciones dadas hasta ahora han sido suficientes”, afirmó el ministro en entrevista con Ecuavisa. El funcionario puso como ejemplo a Cuenca, donde ya se adoptaron ajustes tarifarios vinculados a mejoras en la calidad del servicio. En cuanto al transporte interprovincial, Luque señaló que se mantiene el diálogo con los gremios para revisar tarifas, aunque descartó paralizaciones. El ministro también anunció el retorno de los radares de control de velocidad, inhabilitados desde fines de 2024. Según dijo, su colocación será preventiva, señalizada y no persigue fines recaudatorios.

El transporte pesado amenaza con ‘apagar motores’

La Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape) advirtió el 20 de abril que el alza del diésel podría llevarlos a paralizar sus motores, al no poder cubrir los costos operativos. El gremio asegura que los costos se han triplicado, aunque Luque respondió: “La estructura de costos no es lo que dice ese tema”. Los transportistas dieron al Gobierno un plazo de 15 días para atender sus demandas, que incluyen focalización del sector organizado, ajuste dinámico de tarifas, devolución del IVA de productos y servicios de la canasta básica, y la paralización del alza mensual de los combustibles. Desde septiembre de 2025, cuando se eliminó el subsidio, el diésel pasó de costar $1,80 a $2,96 por galón, con la última actualización el 12 de abril de 2026.

La propuesta del Gobierno: incluir el diésel en contratos privados

Para aliviar la presión sobre los transportistas de carga, el Ministerio de Transporte propone que las empresas privadas incluyan el incremento del precio del diésel en los contratos que firman con los transportistas. Luque explicó que se están realizando mesas de trabajo con el sector privado para que los cambios en el costo del combustible se reflejen rápidamente en los fletes. “Los contratos entre el sector privado y el sector transportista no necesariamente consideran estos cambios”, dijo el ministro. La medida busca que el alza no recaiga únicamente sobre los conductores, sino que se distribuya a lo largo de la cadena de suministro. El transporte pesado es clave para la economía: los camiones retiran productos de los campos y los llevan a puntos de venta o puertos para exportación. Un incremento en los costos logísticos podría repercutir en los precios finales.

El contexto de la eliminación del subsidio y el sistema de bandas

Las compensaciones fueron instauradas por el Gobierno en septiembre de 2025, cuando se eliminó el subsidio al diésel y se creó un sistema de bandas para moderar el impacto en los precios. El objetivo era aliviar los costos operativos de las distintas modalidades de transporte durante la transición. Sin embargo, el fin de las ayudas deja a los transportistas expuestos a la volatilidad del precio del combustible, que ha subido de forma constante. El Gobierno considera que las compensaciones cumplieron su propósito y que ahora corresponde a los municipios y al sector privado absorber los ajustes. Luque insistió en que no se prevén paralizaciones del servicio, pese a las amenazas del gremio pesado. El diálogo continúa, pero las posiciones están distantes.

Lo que viene: incertidumbre tarifaria y posible conflicto

Con el fin de las compensaciones, el transporte urbano enfrenta un escenario incierto. Los municipios de Quito y Guayaquil deberán decidir si autorizan alzas de pasajes, lo que podría generar tensiones con los usuarios. En el transporte interprovincial, la revisión de tarifas sigue en discusión. El transporte pesado, por su parte, tiene en sus manos la amenaza de paralización. Si el Gobierno no atiende sus demandas en los próximos días, el país podría enfrentar interrupciones en la cadena de suministro. El retorno de los radares de velocidad, aunque presentado como medida de seguridad, también podría ser visto como un nuevo costo para los transportistas, que ya enfrentan el alza del diésel.

En resumen

• El Gobierno descarta extender las compensaciones al transporte, pese a la advertencia de paralización del gremio pesado.
• El alza del pasaje urbano queda en manos de los municipios; Cuenca ya ajustó tarifas.
• El diésel subió de $1,80 a $2,96 por galón desde septiembre de 2025, sin subsidio.
• El Gobierno propone que empresas privadas absorban parte del costo mediante contratos con transportistas.
• Confetrape exige ajuste dinámico de tarifas, devolución de IVA y freno al alza mensual de combustibles.
• Los radares de velocidad regresan con fines preventivos, pero podrían generar nuevas tensiones.