Contraloría emitió 1.341 informes en 2025; 309 con indicios de responsabilidad penal

Lo esencial

• 1.341 informes generales emitidos en 2025 por la Contraloría General del Estado.
• 309 informes con indicios de responsabilidad penal remitidos a la Fiscalía General.
• 1.169 auditorías ejecutadas a nivel nacional; 1.032 informes aprobados.
• 209 informes de control patrimonial; 79 con indicios de responsabilidad penal.
• Responsabilidades civiles y administrativas confirmadas por $434 millones.
• Auditorías en Guayas: 127 informes, 26 con indicios penales.
• Informes con indicios penales incluyen a los jueces constitucionales Alí Lozada y José Luis Terán.

El contralor rinde cuentas: 1.341 informes y 309 remisiones a Fiscalía

El contralor general del Estado, Mauricio Torres, presentó este miércoles 29 de abril de 2026 la rendición de cuentas correspondiente al año 2025. Durante el periodo, la Contraloría emitió 1.341 informes generales tras realizar exámenes a diversas instituciones públicas. De ese total, 309 informes contienen indicios de responsabilidad penal y fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado. Las acciones de control abarcaron gobiernos autónomos descentralizados (GAD), el sector jurisdiccional, educación, el Legislativo, la seguridad social, entidades financieras públicas, y los sectores de salud y electricidad, entre otros. “A través de nuestros exámenes, verificamos que los recursos públicos se utilicen con eficiencia, legalidad y en beneficio de la sociedad”, declaró Torres.

Auditorías en Guayas: 127 informes, 26 con indicios penales

Torres ejemplificó el trabajo de la Contraloría en la provincia del Guayas, donde se realizaron auditorías a las contrataciones de entidades como los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Abel Gilbert Pontón, la Empresa Pública de Acción Social y Educación de Guayaquil, y los municipios de Yaguachi y Milagro. Estas auditorías dieron como resultado 127 informes, de los cuales 26 presentan indicios de responsabilidad penal. A escala nacional, durante 2025 se ejecutaron 1.169 auditorías, entre informáticas, financieras y forenses. De ellas, se aprobaron 1.032 informes. El contralor subrayó que estos exámenes buscan garantizar el uso eficiente y legal de los recursos públicos.

Control patrimonial: 209 informes, 79 con indicios penales y dos jueces constitucionales implicados

En el ámbito del control patrimonial de funcionarios públicos, la Contraloría emitió 209 informes durante 2025. De ellos, 79 contienen indicios de responsabilidad penal, mientras que 130 son informes generales. Entre los informes con responsabilidad penal figuran los correspondientes a los jueces de la Corte Constitucional Alí Lozada y José Luis Terán. Además, Torres puntualizó que entre enero y diciembre de 2025 la Contraloría confirmó responsabilidades civiles y administrativas por un monto de 434 millones de dólares. Estas cifras reflejan el alcance de las acciones de control sobre el patrimonio y la gestión de los servidores públicos.

Consejera del CPCCS denuncia falta de movilidad y pide examen a la Contraloría

En una sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) celebrada el mismo 29 de abril, la consejera Piedad Cuarán anunció que solicitará a la Contraloría un examen especial sobre el estado de los vehículos institucionales del organismo. La decisión surgió tras denunciar deficiencias administrativas que la obligaron a costear con sus propios recursos un viaje a Santa Elena, debido a que la entidad no proveyó pasajes aéreos ni transporte operativo. Cuarán expuso que sus requerimientos de traslado no fueron atendidos pese a ser gestionados con anticipación. La justificación recibida fue la falta de disponibilidad en la agencia de viajes y que el parque automotor no se encontraba en condiciones operativas. La consejera enfatizó que estas situaciones evidencian una crisis en la planificación y coordinación administrativa, y sugirió evaluar la continuidad de la agencia de servicios si esta no garantiza la movilidad necesaria para las autoridades.

Presidente Fantoni justifica carencias por presupuesto “ínfimo”

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, justificó las carencias señalando que la institución sobrevive con un “presupuesto ínfimo”. Fantoni reveló que incluso él utiliza su vehículo personal, costeando sus propias reparaciones, para cumplir con la agenda institucional. La declaración se produjo en el marco de la sesión 16 del Pleno, donde Cuarán expuso su denuncia. La situación pone de relieve las limitaciones presupuestarias del CPCCS, un organismo clave en la selección de autoridades de control y en la promoción de la participación ciudadana. La solicitud de un examen especial a la Contraloría busca esclarecer las condiciones del parque automotor y las responsabilidades administrativas que podrían derivarse de las fallas en la movilidad de los consejeros.

Implicaciones y próximos pasos

La rendición de cuentas de la Contraloría y la denuncia de la consejera Cuarán ocurren en un contexto de escrutinio público sobre la gestión de los recursos estatales. Los 309 informes con indicios penales remitidos a la Fiscalía representan un incremento en la detección de posibles irregularidades, mientras que los 434 millones de dólares en responsabilidades confirmadas subrayan el impacto financiero de las malas prácticas. El examen especial solicitado por Cuarán podría derivar en nuevas investigaciones sobre la administración del CPCCS. Por su parte, la Contraloría continuará con sus auditorías programadas para 2026, en un esfuerzo por fortalecer el control de los fondos públicos. La combinación de informes patrimoniales y denuncias internas sugiere que la lucha contra la corrupción y la ineficiencia administrativa sigue siendo un desafío central en Ecuador.

En resumen

• La Contraloría emitió 1.341 informes en 2025, de los cuales 309 fueron remitidos a la Fiscalía por indicios de responsabilidad penal.
• Se confirmaron responsabilidades civiles y administrativas por $434 millones durante el periodo.
• Dos jueces de la Corte Constitucional, Alí Lozada y José Luis Terán, figuran entre los funcionarios con informes patrimoniales con indicios penales.
• La consejera del CPCCS Piedad Cuarán solicitó un examen especial a la Contraloría por el mal estado de los vehículos institucionales, tras costear su propio viaje a Santa Elena.
• El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, atribuyó las carencias a un presupuesto “ínfimo” y reveló que usa su vehículo personal para funciones oficiales.
• Las auditorías en Guayas generaron 127 informes, 26 con indicios penales, enfocadas en hospitales, empresas públicas y municipios.