El Supremo condena a García Ortiz a dos años de inhabilitación por revelar secretos del novio de Ayuso

Lo esencial

• Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación especial y multa de 7.200 euros.
• El Tribunal Supremo le impone una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales.
• La sentencia, ponencia del presidente de la Sala Segunda Andrés Martínez Arrieta, considera probado que la filtración se originó en la Fiscalía General del Estado.
• El tribunal afirma que García Ortiz, o alguien de su entorno inmediato y con su conocimiento, filtró el correo de 2 de febrero de 2024 al periodista Miguel Ángel Campos de la Cadena SER.
• El ex fiscal general asumió en el programa 'Lo de Évole' la autoría de la nota de prensa difundida el 14 de marzo de 2024.
• La Sala destaca que sobre García Ortiz pesaba un 'reforzado deber de reserva' que quebrantó sin justificación.
• El tribunal subraya que 'informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos' de quien comunica al fiscal su voluntad de conformidad.

Una condena histórica por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha notificado este martes la sentencia que condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para el cargo y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos. Es la primera vez que un fiscal general es condenado penalmente en democracia. La resolución, de 143 páginas y ponencia del presidente de la Sala Segunda, Andrés Martínez Arrieta, considera probado que García Ortiz, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento, filtró a la Cadena SER el correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales. El tribunal también lo declara responsable de la nota de prensa que ordenó difundir el 14 de marzo de 2024, en la que se incluía un extracto de ese correo. La Sala concluye que esa nota 'consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa'. García Ortiz, que juró el cargo en enero de 2024 con la promesa de modernizar la Fiscalía y alejarla de 'personalismos', se convierte así en el primer alto cargo del Ministerio Público en ser condenado por un tribunal.

La filtración del correo y la nota de prensa

Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2024, cuando el diario El Mundo publicó que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador. Horas después, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, difundió en redes sociales que la Fiscalía había retirado el pacto, una afirmación que el tribunal califica de 'especulación gratuita'. Esa misma noche, a las 21:29, El Mundo publicó parte del correo del fiscal Julián Salto ofreciendo el acuerdo. Ante la presión mediática, García Ortiz ordenó la elaboración de una nota de prensa que, según él, buscaba 'decir la verdad' frente a lo que consideraba una 'noticia falsa'. En la nota, difundida el 14 de marzo, se incluía un fragmento del correo de la defensa de González Amador en el que se admitían los delitos. El ex fiscal general asumió la autoría de la nota en una entrevista televisiva, pero negó haber filtrado el correo a la Cadena SER. El tribunal, sin embargo, considera que no hay 'una explicación alternativa razonable' que no apunte a la Fiscalía General como origen de la filtración.

El deber de confidencialidad quebrantado

La sentencia subraya que el deber de confidencialidad del fiscal general no desaparece aunque la información ya haya sido divulgada por otros medios. 'El que otros medios de comunicación ya dispusieran del correo electrónico no neutraliza el deber de confidencialidad del Fiscal General del Estado', afirma la Sala. Sobre García Ortiz pesaba un 'reforzado deber de reserva' que quebrantó 'sin justificación', según el tribunal. Los magistrados recuerdan que 'informar a la opinión pública no es terciar en polémicas mediáticas asumiendo el sacrificio de los derechos que asisten a quien comunica al fiscal su voluntad de llegar a una conformidad'. Además, señalan que 'la negación de una noticia incierta no requiere la afirmación pública de la responsabilidad penal reconocida'. La Sala también destaca que 'banalizar el deber de confidencialidad' de los acuerdos preparatorios de conformidad 'distancia de manera irreparable el proceso penal de sus fuentes legitimadoras'.

Las pruebas que llevaron a la condena

Durante el juicio, celebrado en noviembre de 2024, quedaron acreditadas 13 pruebas que, según el tribunal, no dejaban salida a García Ortiz. Entre ellas, el propio acusado admitió su intervención en la nota de prensa. La Sala también constató que se produjeron otras dos filtraciones: la del expediente tributario a eldiario.es y la de la nota de prensa a El País, tres horas antes de su difusión oficial. Aunque estas filtraciones no son objeto del procedimiento, el tribunal las califica de 'forma de actuar un tanto anómala'. El tribunal considera que la filtración lesionó los derechos fundamentales de González Amador, en particular el derecho de defensa y la presunción de inocencia, al hacerlo aparecer como culpable cuando solo era sospechoso. La sentencia impone una indemnización de 10.000 euros por daños morales. El fallo condenatorio se adelantó el 20 de noviembre, y ahora se ha publicado el texto íntegro.

El perfil técnico que no pudo evitar la política

García Ortiz, nacido en 1967 en Lumbrales (Salamanca), estudió Derecho en Valladolid y desarrolló su carrera en destinos como Menorca y Santiago de Compostela. Fue fiscal del caso Prestige y dirigió la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. En 2022 fue nombrado fiscal general por el Gobierno de Pedro Sánchez, sustituyendo a Dolores Delgado, de quien había sido mano derecha. Su nombramiento fue cuestionado por la oposición, que veía en él 'servilismo' al Ejecutivo, aunque el Consejo General del Poder Judicial lo aprobó por 12 votos a favor y siete en contra. En su jura del cargo en enero de 2024, prometió no tomar postura en cuestiones políticas. Sin embargo, sus acciones para defender la honorabilidad de la Fiscalía, según sus propias palabras, lo llevaron a ser acusado. Pese a las críticas que le exhortaban a dimitir, García Ortiz contó con el respaldo del Gobierno, que destacó su 'impecable trayectoria'. El ex fiscal general explicó en una entrevista que no renunció porque hacerlo habría dado 'una sensación de debilidad institucional' y sentado un precedente peligroso para otros fiscales.

Las consecuencias y el futuro de la Fiscalía

La condena deja a García Ortiz inhabilitado para ejercer como fiscal general durante dos años, aunque podría recurrir la sentencia ante el Tribunal Constitucional. El ex fiscal general ha afirmado que acata la resolución judicial y que 'hay que seguir viviendo'. En la entrevista televisiva, reconoció el coste personal del proceso: su familia, especialmente sus hijos, lo han llevado mal, y describió la experiencia como una suerte de 'muerte civil'. La sentencia abre un debate sobre la independencia de la Fiscalía y su relación con el poder político. La oposición ha reclamado la dimisión del actual fiscal general, mientras que el Gobierno mantiene su respaldo. El tribunal, en su fallo, no se pronuncia sobre la posible responsabilidad de otras personas, como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, a quien la defensa de García Ortiz señaló como origen del bulo. El Supremo deja claro que la filtración del correo se produjo en la Fiscalía General, pero no descarta que hubiera otros entornos implicados.

En resumen

• Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general condenado penalmente en democracia, por revelación de secretos, a dos años de inhabilitación y multa de 7.200 euros.
• El tribunal considera probado que la filtración del correo de la defensa de González Amador se originó en la Fiscalía General, con conocimiento directo de García Ortiz.
• La nota de prensa que oficializó los datos reservados fue ordenada por García Ortiz, quien asumió su autoría, pero negó haber filtrado el correo.
• La sentencia subraya que el deber de confidencialidad del fiscal general es reforzado y no se neutraliza por la divulgación previa de la información.
• El fallo impone una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador por daños morales, al considerar lesionados sus derechos de defensa y presunción de inocencia.
• El caso evidencia la tensión entre la obligación de informar a la opinión pública y la protección de datos reservados en procesos penales.