Senador Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico por EE.UU., negocia ser testigo cooperante

Lo esencial

• Enrique Inzunza Cázares es uno de los diez funcionarios mexicanos acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos.
• Sus abogados se habrían acercado al Departamento de Justicia de EE.UU. para gestionar su estatus como testigo cooperante.
• Inzunza ha impulsado ocho iniciativas en el Senado, pero solo una de autoría individual.
• Preside la Comisión de Estudios Legislativos, desde donde ha colaborado en 166 iniciativas, 144 aprobadas.
• El senador reapareció en redes sociales desde Badiraguato, Sinaloa, negando los rumores de testigo protegido.
• La petición de extradición incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios.

El senador que busca un acuerdo con la justicia estadounidense

Enrique Inzunza Cázares, senador de Morena por Sinaloa y uno de los diez servidores públicos mexicanos acusados de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, se encuentra en el centro de una controversia que sacude al ámbito político mexicano. Según información publicada por el diario El Universal, los abogados del legislador se habrían acercado al Departamento de Justicia de Estados Unidos para negociar su conversión en testigo cooperante, lo que implicaría entregar información a cambio de beneficios legales. La noticia, que aún no ha sido confirmada oficialmente, ha generado una ola de especulaciones sobre el alcance de las revelaciones que Inzunza podría hacer. De concretarse, el senador se sumaría a una lista de testigos protegidos que incluye a los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, quienes ya colaboran con las autoridades estadounidenses.

Seis días sin pisar el Senado y una aparición en redes

Inzunza lleva seis días sin visitar su oficina en el Senado, según reportes del 5 de mayo de 2026. Sin embargo, el fin de semana pasado reapareció en redes sociales desde su tierra natal, Badiraguato, Sinaloa, donde afirmó: 'Desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros. Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo. Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Como él, con mi Patria y con los míos, siempre'. En el mismo mensaje, negó los rumores que lo señalan como testigo cooperante, calificándolos de 'falsos de toda falsedad'. No obstante, la versión del acercamiento a la justicia estadounidense persiste y ha sido recogida por diversos medios.

El trabajo legislativo de un acusado

A pesar de las acusaciones, Inzunza ha mantenido una activa labor legislativa. Desde el inicio de la LXVI Legislatura, el 1 de septiembre de 2024, hasta el 30 de abril de 2026, ha impulsado ocho iniciativas, de las cuales tres las ha suscrito como promovente y cinco como adherente. La única iniciativa de autoría individual es una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y al Código de Comercio. Como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, ha colaborado en la redacción y revisión de 166 iniciativas, de las cuales 144 han sido aprobadas. Entre las iniciativas que ha promovido se encuentran la reforma constitucional de no reelección y nepotismo electoral, modificaciones a la Ley de Amparo, la reforma en materia de Guardia Nacional, y la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Armada de México.

El contexto de las acusaciones y la petición de extradición

Inzunza es uno de los diez funcionarios públicos mexicanos incluidos en una petición de extradición presentada por Estados Unidos, que también alcanza al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Las acusaciones, que vinculan a los funcionarios con el narcotráfico, han provocado una crisis política en el estado y en el gobierno federal. En este contexto, la posible cooperación de Inzunza con la justicia estadounidense podría tener implicaciones de gran alcance. Según la información publicada, su testimonio podría 'abrir más la cloaca' y revelar los nombres de otros involucrados en la relación entre funcionarios públicos y el crimen organizado. La situación ha sido descrita como un 'agua al cuello' para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta la presión de la petición de extradición y sus consecuencias al interior de su gobierno.

Reacciones y versiones encontradas

Mientras que la versión del acercamiento al Departamento de Justicia ha sido difundida por El Universal, el senador ha negado rotundamente los rumores. En su aparición en redes sociales, Inzunza afirmó que no busca ser testigo cooperante y que se encuentra en Badiraguato preparándose para los trabajos de la Comisión Permanente. Sin embargo, la falta de confirmación oficial y la ausencia del senador en el Senado durante seis días han alimentado las especulaciones. La fiscalía de Sinaloa, por su parte, analiza la remoción del vicefiscal, quien también ha sido señalado por Estados Unidos de tener vínculos con la delincuencia organizada.

El impacto político y las perspectivas futuras

El caso de Inzunza se suma a una serie de escándalos que han sacudido al gobierno de Morena en Sinaloa. La petición de extradición contra Rocha Moya y otros funcionarios ha generado tensiones entre el gobierno federal y estatal, y ha puesto en el centro del debate la relación entre políticos y el narcotráfico. Si Inzunza se convierte en testigo cooperante, podría proporcionar información clave que afecte a otros altos funcionarios. Mientras tanto, el senador continúa con su labor legislativa, aunque su futuro político y legal permanece incierto. La presidenta Sheinbaum enfrenta el desafío de gestionar esta crisis sin que afecte la estabilidad de su administración.

Un caso que reaviva el debate sobre la infiltración del narco en la política

El caso de Enrique Inzunza Cázares es un recordatorio de la persistente influencia del crimen organizado en la política mexicana. Las acusaciones de Estados Unidos y la posible cooperación del senador con la justicia estadounidense ponen de manifiesto la complejidad de las redes que vinculan a funcionarios públicos con el narcotráfico. Mientras el gobierno mexicano busca mantener la imagen de lucha contra la corrupción, casos como este evidencian los desafíos que enfrenta. La resolución de este caso podría tener implicaciones no solo para los implicados, sino para la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.

En resumen

• Enrique Inzunza, senador de Morena, es uno de los diez funcionarios acusados de narcotráfico por EE.UU. y busca ser testigo cooperante.
• Sus abogados se habrían acercado al Departamento de Justicia, aunque el senador lo niega.
• Inzunza ha estado ausente del Senado por seis días, pero reapareció en redes sociales desde Badiraguato.
• Ha impulsado ocho iniciativas legislativas, pero solo una de autoría individual; preside la Comisión de Estudios Legislativos.
• La petición de extradición incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios.
• El caso podría revelar más vínculos entre políticos y el crimen organizado, afectando la relación bilateral México-EE.UU.