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Rubén Rocha Moya solicita licencia como gobernador de Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico de EE.UU.

El mandatario estatal pidió al Congreso separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga los señalamientos de la justicia estadounidense que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

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Rubén Rocha Moya solicita licencia como gobernador de Sinaloa tras acusaciones de narcotráfico de EE.UU.
El mandatario estatal pidió al Congreso separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República iCrédito · La Jornada

Lo esencial

  • Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa el viernes 1 de mayo de 2026.
  • La solicitud se produce tras ser acusado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios, por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
  • El Congreso de Sinaloa convocó a sesión extraordinaria para el sábado 2 de mayo a las 8:00 horas para procesar la licencia.
  • La senadora morenista Guadalupe Chavira solicitó públicamente la renuncia de Rocha Moya, no solo la licencia.
  • El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia temporal por más de 10 días tras las acusaciones.
  • El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Gibran Ramírez Reyes presentaron una solicitud de desafuero contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde Gámez.
  • La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no cubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero calificó las imputaciones de 'políticas'.

Un giro inesperado: de negar la licencia a solicitarla en 24 horas

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este viernes que ha solicitado al Congreso estatal una licencia temporal al cargo mientras dure el proceso de investigación que realice la Fiscalía General de la República (FGR). La decisión contrasta con sus declaraciones del jueves, cuando descartó tajantemente separarse del puesto: 'Voy a seguir todo el proceso, todo lo que me corresponde; soy licenciado en matemáticas y me la viví dando clases; pero también soy abogado egresado de la UNAM, a mucha honra, entonces conozco los procedimientos', afirmó entonces. La solicitud se produce un día después de que el miércoles pasado autoridades estadounidenses acusaran a Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, por narcotráfico y mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa. El gobernador justificó su cambio de postura 'ante el anuncio que hace el día de hoy (viernes) la FGR respecto al inicio de un proceso de investigación en Sinaloa'. En un breve mensaje difundido por el gobierno estatal, Rocha Moya subrayó que actúa 'desde mi profunda convicción republicana y con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas'. Añadió que no permitirá que lo utilicen para dañar al movimiento al que pertenece 'y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos de lo más elemental'.

Acusaciones de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa

El miércoles pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, imputó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por narcotráfico y por tener vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones, que también alcanzan al senador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, han sacudido el panorama político en Sinaloa y a nivel nacional. Rocha Moya calificó las imputaciones de 'falsas y dolosas' y aseguró tener 'la conciencia tranquila'. 'A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado nunca y nunca los traicionaré', declaró. El gobernador afirmó que demostrará su inocencia 'con firmeza en el momento que las instituciones de nuestro país lo requieran'. El senador Enrique Inzunza también rechazó las acusaciones, calificándolas de 'calumnia' e 'insidia', y advirtió que se trata de un ataque contra el movimiento de la Cuarta Transformación y contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. 'No lo toleraremos', sentenció.

Reacciones políticas: entre el apoyo y la exigencia de renuncia

La senadora morenista Guadalupe Chavira exhortó públicamente a Rocha Moya a solicitar licencia y, más aún, a presentar su renuncia al cargo de gobernador constitucional. En una carta a la opinión pública, Chavira argumentó que 'Sinaloa no puede quedar atrapado entre la gravedad de una acusación internacional y la parálisis de sus instituciones'. Recordó los principios del Movimiento de la Cuarta Transformación: 'no mentir, no robar y no traicionar al pueblo'. Chavira subrayó que su solicitud no constituye una condena anticipada, sino que busca que las investigaciones avancen sin interferencias. 'Separarse del cargo permitiría que las investigaciones correspondientes avancen sin interferencias reales o aparentes, que las instituciones actúen con plena independencia y que el pueblo de Sinaloa cuente con condiciones mínimas de certeza política e institucional', planteó. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura el jueves: 'Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político'. Sheinbaum optó por la defensa del proyecto y de los suyos, siguiendo la línea de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien en agosto de 2024, tras las declaraciones de Ismael 'El Mayo' Zambada, afirmó: 'Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha'.

Solicitud de desafuero y proceso en el Congreso

El jueves, Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, y el diputado Gibran Ramírez Reyes presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de desafuero contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. En el documento, señalan que existen 'sobradas razones' para separarlos del cargo y que respondan sin fuero ante la jurisdicción mexicana. Los legisladores argumentan que los acusados 'presuntamente han actuado en forma dolosa y en perjuicio a la libertad de las instituciones, al obstaculizar e interferir u omitir sus funciones respecto a los principios constitucionales en su actuar tras los graves señalamientos en el Estado de Sinaloa'. La solicitud de desafuero se suma a la presión política sobre los implicados. Mientras tanto, el Congreso de Sinaloa, por instrucciones del presidente de la Mesa Directiva, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, convocó a una sesión pública extraordinaria para el sábado 2 de mayo a las 8:00 horas, con el fin de procesar la solicitud de licencia de Rocha Moya.

El alcalde de Culiacán también solicita licencia

Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, también solicitó licencia temporal por más de 10 días tras las acusaciones de vínculos con el narcotráfico. En su lugar, asumirá Ana Miriam Ramos como alcaldesa suplente. La decisión de Gámez se produce en el mismo contexto de las imputaciones estadounidenses que han puesto en la mira a varios funcionarios sinaloenses. La licencia del alcalde se suma a la del gobernador, lo que deja a Sinaloa en una situación de vacío de poder temporal en dos de sus principales cargos ejecutivos. La senadora Chavira había advertido sobre el riesgo de 'parálisis institucional' si no se actuaba con rapidez. En paralelo, la Policía de la Ciudad de México enfrenta nuevos señalamientos de violaciones a derechos humanos, y en Sinaloa cayó detenido el hijo de 'El Balta' Díaz, exconsuegro de 'El Mayo' Zambada, en una taquería de Ahome, lo que refleja la persistente actividad del crimen organizado en la región.

Contexto: la sombra de la 'narcoelección' y el blindaje político

Las acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios se inscriben en un contexto más amplio de denuncias sobre la influencia del narcotráfico en procesos electorales. Se ha reportado que la 'narcoelección' se replicó en seis estados, y se presentó una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). La justicia estadounidense ha puesto en la mira bienes de los acusados, que estarían sujetos a decomiso. El blindaje político en torno a los acusados ha sido una constante. Durante casi ocho años, el 'movimiento' ha cerrado filas en torno a sus integrantes, con justificaciones mediáticas y el emblemático '¡No estás solo!'. Ejemplos de ello son Ignacio Ovalle, implicado en el fraude de Segalmex; Cuauhtémoc Blanco, nunca investigado; Adán Augusto López, no involucrado en el caso La Barredora; y el almirante Rafael Ojeda, apenas enterado del huachicol. La presidenta Sheinbaum, a pesar de haber prometido ir a fondo contra la corrupción y la violencia criminal, ha optado por la defensa del proyecto y de los suyos, repitiendo el patrón de su antecesor. En agosto de 2024, tras el testimonio de Ismael 'El Mayo' Zambada sobre una celada en la que participó el gobernador sinaloense, Sheinbaum declaró: 'Vamos a seguir apoyando al gobernador y a su pueblo; quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia'.

Lo que sigue: incertidumbre institucional y presión política

Con la solicitud de licencia de Rocha Moya y la convocatoria a sesión extraordinaria del Congreso, el proceso para su separación temporal avanza, pero quedan preguntas abiertas. La FGR deberá llevar a cabo la investigación en Sinaloa, mientras que la solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados podría derivar en un juicio político que obligue a los acusados a responder sin fuero. La presidenta Sheinbaum tiene la opción de recurrir al Congreso para procesar el desafuero, pero hasta ahora ha evitado romper la promesa hecha a López Obrador de apoyar a Rocha. La presión política, sin embargo, crece: la senadora Chavira, de su propio partido, ha pedido la renuncia, y la oposición ha presentado la solicitud de desafuero. Sinaloa, entidad rehén del miedo y la ingobernabilidad, observa cómo sus principales autoridades se ven envueltas en acusaciones de narcotráfico. La resolución de este caso definirá no solo el futuro político de los implicados, sino también la capacidad del Estado mexicano para enfrentar la corrupción y el crimen organizado sin importar el costo político.

En resumen

  • Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal al Congreso de Sinaloa tras ser acusado por EE.UU. de narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa.
  • La FGR inició una investigación en Sinaloa que motivó el cambio de postura del gobernador, quien un día antes había descartado separarse del cargo.
  • El Congreso de Sinaloa sesionará el sábado 2 de mayo para procesar la licencia; el alcalde de Culiacán también pidió licencia.
  • La senadora morenista Guadalupe Chavira exigió la renuncia de Rocha Moya, mientras que Movimiento Ciudadano presentó una solicitud de desafuero.
  • La presidenta Sheinbaum calificó las acusaciones de 'políticas' y evitó condenar al gobernador, en línea con la defensa del movimiento de la 4T.
  • El caso expone la persistente influencia del narcotráfico en la política sinaloense y la tensión entre la justicia mexicana y las presiones internacionales.
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