Alcaldesa de Uruapan cuestiona protección a gobernador frente a asesinato de su esposo

Lo esencial

• Grecia Quiroz es la alcaldesa de Uruapan.
• Su esposo, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025.
• Manzo sucedió en el cargo a su esposo asesinado.
• Quiroz cuestiona la protección otorgada a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
• Manzo solicitó apoyo federal para la seguridad del municipio sin éxito.
• El gobierno federal confirmó círculos de seguridad para Manzo que fallaron.
• Rocha Moya recibió escolta de seguridad a pesar de no enfrentar amenazas directas.
• El asesinato de Manzo ocurrió durante un evento por el Día de Muertos.

La alcaldesa de Uruapan alza la voz por la seguridad y la justicia

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, ha expresado públicamente su indignación y cuestionamientos sobre los mecanismos de protección del gobierno federal en México. Su pronunciamiento surge tras la asignación de escolta de seguridad al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, contrastando esta medida con la falta de protección efectiva que, según ella, sufrió su esposo, Carlos Manzo, quien fue asesinado en noviembre de 2025. Quiroz, quien sucedió a su esposo en el cargo, ha utilizado las redes sociales para interrogar públicamente sobre cuándo y para quién se activan estos dispositivos de seguridad en el país. La alcaldesa lamenta que la falta de pertenencia a un "movimiento político dominante" haya llevado a la "ignorancia" y al "abandono" de su esposo, a pesar de sus reiteradas solicitudes de apoyo a las instituciones federales. "Hoy estarías aquí junto a tu familia, despertando al lado de nuestros hijos, pero como pertenecías a un movimiento ciudadano y no a un movimiento político, te ignoraron y te dejaron solo", escribió Quiroz, evidenciando el profundo dolor y la frustración ante lo que percibe como una desigualdad en la aplicación de las políticas de seguridad.

El caso de Carlos Manzo: un asesinato en medio de fallos de seguridad

Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan y esposo de Grecia Quiroz, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, durante un evento cultural conmemorativo del Día de Muertos. El incidente ocurrió a pesar de que el gobierno federal había confirmado la existencia de "círculos de seguridad" para el entonces alcalde. Sin embargo, estos filtros de protección resultaron ineficaces en campo abierto. Las labores de inteligencia para prevenir ataques del crimen organizado tampoco fueron suficientes, pese a que Manzo había impulsado un "combate frontal" contra la delincuencia en su municipio. La falta de una estrategia de seguridad robusta y proactiva se hizo evidente en el trágico desenlace. La alcaldesa Quiroz ha señalado que, de haber contado con la protección adecuada, su esposo aún estaría con vida, junto a su familia. La omisión de las autoridades federales, a su juicio, fue determinante en la pérdida de su vida.

La protección a Rubén Rocha Moya: un contraste que genera debate

El cuestionamiento de Quiroz se intensifica al observar la protección otorgada al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. A diferencia de su esposo, Rocha Moya recibió una escolta de seguridad recomendada por las autoridades, pese a que, según se reconoce, no enfrenta amenazas directas ni un riesgo de seguridad específico. La decisión de asignar un cuerpo de seguridad se basó en el "contexto de violencia" en Sinaloa, donde grupos criminales mantienen una disputa territorial desde hace más de un año. Sin embargo, los parámetros exactos que el Servicio de Protección Federal contempló para esta asignación no están claros, según se desprende de las declaraciones. Este contraste ha puesto en el centro del debate la equidad y la efectividad de los mecanismos de protección gubernamentales, así como los criterios que determinan su activación. La alcaldesa de Uruapan subraya la aparente disparidad en la respuesta del Estado ante situaciones de riesgo.

Dos días después, el gobernador de Sinaloa pide licencia

En un desarrollo posterior, el gobernador de Sinaloa solicitó al Congreso estatal permiso para separarse de su puesto. Esta petición se produce mientras las investigaciones en su contra se encuentran en proceso. La decisión de Rocha Moya de solicitar licencia se da en un contexto de tensiones políticas y de seguridad en la región. La petición formal de desaparición de poderes en Sinaloa por parte del PAN en el Senado añade una capa adicional de complejidad a la situación. La salida temporal del gobernador abre un nuevo capítulo en la gestión de la crisis en Sinaloa, dejando interrogantes sobre la continuidad de las políticas de seguridad y la gobernabilidad del estado.

El trasfondo de la seguridad ciudadana en México

El caso de Carlos Manzo y las declaraciones de Grecia Quiroz ponen de manifiesto las profundas deficiencias en la protección de funcionarios públicos y ciudadanos en México. La percepción de que la seguridad se otorga en función de la afiliación política, y no de la necesidad objetiva, genera desconfianza en las instituciones. La violencia del crimen organizado sigue siendo un desafío mayúsculo para el país, afectando no solo a la población civil sino también a quienes ejercen cargos públicos. La falta de inteligencia efectiva y la respuesta tardía ante las amenazas contribuyen a un ciclo de impunidad y violencia. La discrepancia entre la protección brindada a Manzo y la otorgada a Rocha Moya, según la perspectiva de la alcaldesa, subraya la necesidad urgente de revisar y reformar los protocolos de seguridad, garantizando que estos se apliquen de manera justa y transparente para todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.

En resumen

• La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denuncia favoritismo en la asignación de escoltas de seguridad por parte del gobierno federal.
• Su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, fue asesinado en noviembre de 2025 tras, según Quiroz, ser ignorado por no pertenecer a un movimiento político.
• Manzo había solicitado apoyo federal para la seguridad de su municipio, pero las medidas resultaron insuficientes.
• El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, recibió escolta a pesar de no tener amenazas directas, lo que Quiroz considera una injusticia.
• El asesinato de Manzo ocurrió durante un evento público, evidenciando fallos en la inteligencia y protección.
• La situación ha generado un debate sobre la equidad y efectividad de los mecanismos de seguridad en México.