El ICAM celebra el avance político de la pasarela al RETA pero exige que sea universal y urgente

Lo esencial

• La enmienda transaccional para la pasarela al RETA fue aprobada en el Congreso sin votos en contra.
• El ICAM, presidido por Eugenio Ribón, calificó el avance como un hito de 'responsabilidad política'.
• La Comisión de Justicia del 20 de mayo es la fecha clave para la tramitación urgente de la norma.
• El ICAM y el Consejo General del Notariado suscribieron un convenio marco de colaboración institucional.
• El Tribunal Supremo admitió el recurso del Colegio de Abogados de Valencia sobre la publicación de honorarios orientativos.
• La Audiencia Nacional confirmó la multa al ICAB por 315.000 euros y anuló la de A Coruña (65.000 euros).
• Los colegios de abogados acumulan multas por 825.218 euros por prácticas restrictivas de la competencia.

Un consenso político sin precedentes que exige concreción

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha calificado como un hito de "responsabilidad política" la reciente votación en el Congreso de los Diputados, donde una enmienda transaccional para regular la pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de los abogados mutualistas avanzó sin un solo voto en contra. Este escenario, inédito en la tramitación de una medida largamente reclamada, abre la puerta a una solución histórica para miles de profesionales que durante años han contribuido a la mutualidad sin garantías de pensión digna. Sin embargo, el ICAM, que dirige Eugenio Ribón, lanza una advertencia clara: la unidad política actual debe cristalizar en una aprobación urgente y efectiva. Para el Colegio, no basta con el acuerdo de hoy si este no se traduce en una norma que garantice pensiones dignas y seguridad jurídica inmediata. El riesgo de una solución a medias, que deje fuera a colectivos enteros de mutualistas, es el principal temor de la institución.

La fecha clave del 20 de mayo y las lagunas del texto actual

A pesar del optimismo moderado, el ICAM pone el foco en una fecha clave: la Comisión de Justicia del próximo 20 de mayo. Según los representantes de la abogacía madrileña, el texto actual todavía presenta lagunas críticas que podrían dejar desamparados a muchos profesionales. Eugenio Ribón ha sido tajante al solicitar que en el proceso de urgencia se cuente con las asociaciones de afectados, para garantizar que la pasarela sea justa y universal. "El éxito de esta ley solo se medirá por su capacidad de no dejar a ningún mutualista atrás", ha sentenciado Ribón, quien además exige que los tiempos parlamentarios se acorten al máximo dada la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchos compañeros de profesión. La demanda es unánime: la pasarela debe ser justa y universal, evitando que cualquier mutualista quede desamparado tras años de contribución.

El ICAM y el Notariado sellan una alianza por la seguridad jurídica

En paralelo al avance legislativo, el ICAM y el Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio marco de colaboración institucional con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, la digitalización y la atención a ciudadanos y empresas. Este acuerdo, firmado en un contexto de transformación del sector legal, busca mejorar la coordinación entre ambas instituciones para ofrecer servicios más eficientes y transparentes. La alianza se enmarca en una estrategia más amplia del ICAM por modernizar la profesión y adaptarla a las nuevas demandas del mercado, en un momento en que la digitalización y la seguridad jurídica son prioridades tanto para los profesionales como para los ciudadanos.

El Tribunal Supremo revisa su jurisprudencia sobre honorarios orientativos

El Tribunal Supremo ha decidido revisar su consolidada jurisprudencia en contra de que los Colegios de Abogados publiquen un listado orientativo de precios sobre los servicios de los profesionales. Hasta el momento, el tribunal consideraba que la publicación orientativa de los honorarios contribuía a fijar los precios de las distintas actuaciones, homogeneizando su coste en todo o parte del territorio nacional, lo que restringía y falseaba la libre competencia. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Derecho a la Defensa en noviembre de 2024, que permite a los Colegios de Abogados "cuantificar y calcular" los honorarios para informar a los clientes del coste de una posible condena en costas, el alto tribunal se abre a revisar y, si es necesario, rectificar su jurisprudencia. En un auto del 12 de noviembre, el Supremo admite el recurso del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia contra la confirmación de la Audiencia Nacional de la sanción de la CNMC de 315.000 euros por publicar honorarios.

Multas por 825.000 euros y un mapa judicial tensado

La polémica por los baremos orientativos lleva más de quince años sobre la mesa y le ha costado a distintos colegios de abogados multas por un importe conjunto de 825.218 euros por prácticas restrictivas de la competencia. El Supremo ha ido ratificando en los últimos años las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a los distintos colegios. Entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023 confirmó sanciones al Colegio de Abogados de Madrid (459.024 euros), al de Las Palmas (19.443 euros), al de Guadalajara (10.515 euros) y al de Zaragoza (21.236 euros). Ahora, en apenas un mes, la Audiencia Nacional ha dictado sentencias dispares: confirmó la multa al Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por usar baremos con precios mínimos, pero anuló la de A Coruña (ICACOR) al no quedar probado que difundiera el baremo gallego. El ICAB, que ya pagó la multa en 2018, ha recurrido la sentencia. La Audiencia Nacional descartó el argumento del ICAB basado en la Ley de Derecho a la Defensa, aunque es probable que el recurso sea admitido en casación.

El caso Bankia y el nuevo frente abierto por Valencia

Todo ello ocurre una década después de que Bankia denunciara que varios colegios utilizaban tablas con escalas, porcentajes y bases mínimas para calcular honorarios en miles de pleitos derivados de su salida a bolsa. Aquella denuncia llevó a la CNMC a imponer 1,47 millones en multas a nueve colegios. La Audiencia Nacional anuló varias de ellas por considerar que debía intervenir la autoridad autonómica, pero el Tribunal Supremo zanjó el debate en abril de 2024: la CNMC sí puede sancionar cuando la conducta tiene efectos supraautonómicos y en un contexto de colegiación única que permite ejercer en todo el país. El Colegio de Abogados de Valencia ha abierto un nuevo frente al recurrir su sanción de 315.000 euros, argumentando que la Audiencia Nacional no tuvo en cuenta la Ley de Derecho a la Defensa. El Supremo, en su auto de admisión, señala que interpretará la nueva ley para determinar si puede contradecir su jurisprudencia y qué debe entenderse por "criterios orientativos", o si fuera necesario, reafirmarla, complementarla, matizarla, corregirla o rectificarla.

Lo que está en juego: el futuro de la información al cliente

Las tres resoluciones recientes tensan el mapa judicial y obligan al Alto Tribunal a aclarar qué puede hoy publicar un colegio como criterio orientativo y en qué momento ese documento pasa a ser una recomendación colectiva de precios prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia. La nueva Ley de Derecho a la Defensa establece que los clientes tienen derecho a conocer las consecuencias de recibir una condena en costas y, para ello, habilita a los colegios a elaborar y publicar criterios orientativos que permitan cuantificar y calcular el importe de los honorarios de los profesionales, solo para tenerlos en cuenta en la tasación de las costas. Sin embargo, la norma añade que esto no significa que permita establecer reglas específicas sobre actuaciones profesionales concretas que conduzcan directamente a la cuantificación de honorarios. El Supremo deberá ahora definir los límites de esta habilitación, en una decisión que marcará el futuro de la transparencia en los costes legales y la competencia entre despachos.

En resumen

• La enmienda para la pasarela al RETA avanza sin votos en contra, pero el ICAM exige que sea universal y urgente antes del 20 de mayo.
• El ICAM y el Consejo General del Notariado firman un convenio para reforzar la seguridad jurídica y la digitalización.
• El Tribunal Supremo revisará su jurisprudencia sobre honorarios orientativos tras la entrada en vigor de la Ley de Derecho a la Defensa.
• Los colegios de abogados acumulan multas por 825.218 euros por prácticas restrictivas de la competencia.
• La Audiencia Nacional confirma la multa al ICAB (315.000 euros) y anula la de A Coruña (65.000 euros).
• El Supremo deberá definir los límites de los criterios orientativos permitidos por la nueva ley, en un fallo que afectará a todo el sector.