PCM aprueba guía obligatoria para consulta pública en la elaboración de normas

Lo esencial

• La PCM aprobó la 'Guía Práctica de Consulta Pública' a través de la Secretaría de Gestión Pública.
• La guía es de aplicación obligatoria para entidades que formulen normas sujetas al Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.
• El objetivo es fortalecer la transparencia y participación ciudadana en la elaboración de normas.
• La disposición promueve que las entidades recojan aportes de ciudadanos, empresas y actores involucrados.
• La Secretaría de Gestión Pública supervisará el cumplimiento con enfoque progresivo.
• La Secretaría administrará la plataforma digital de consulta pública.
• La medida refuerza la modernización de la gestión pública y busca reducir cargas administrativas innecesarias.

Una guía para escuchar antes de legislar

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha dado un paso decisivo hacia una administración más abierta. A través de la Secretaría de Gestión Pública, aprobó la 'Guía Práctica de Consulta Pública en el marco de los instrumentos de mejora de la calidad regulatoria'. La herramienta tiene un objetivo claro: fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en el proceso de elaboración de normas. De ahora en adelante, las entidades públicas deberán recoger activamente las opiniones de ciudadanos, empresas y demás actores involucrados antes de aprobar cualquier medida de alcance general. La guía no es una recomendación, sino una obligación. Se aplica a todas las entidades de la administración pública que formulen normas sujetas al Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, un proceso que evalúa de forma previa, sistemática e integral los posibles resultados, beneficios y costos de las alternativas regulatorias y no regulatorias frente a un problema público.

Participación ciudadana como pilar regulatorio

La medida busca que las decisiones gubernamentales se sustenten en evidencia y respondan con mayor precisión a los problemas públicos. Al incorporar distintas perspectivas, se espera que las normas sean más eficaces y gocen de mayor legitimidad. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM será la encargada de supervisar el cumplimiento de la guía, con un enfoque progresivo que permita una implementación gradual. Además, administrará la plataforma digital de consulta pública, una herramienta que facilitará la interacción entre el Estado y la ciudadanía. Este movimiento se inscribe en un esfuerzo más amplio de modernización de la gestión pública. El Ejecutivo busca no solo mejorar la calidad de las normas, sino también reducir las cargas administrativas innecesarias que a menudo obstaculizan la actividad económica y social.

De la teoría a la práctica: obligatoriedad y alcance

La guía es de aplicación obligatoria para todas las entidades que participan en la formulación de normas sujetas al Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante. Esto incluye a ministerios, organismos reguladores y otras dependencias del poder ejecutivo. El Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante es un proceso que permite evaluar de forma previa, sistemática e integral los posibles resultados, beneficios y costos de las alternativas de solución, tanto regulatorias como no regulatorias, frente a un problema público. Con la nueva guía, la consulta pública se convierte en un paso obligatorio dentro de este análisis. La disposición promueve que las entidades recojan aportes de ciudadanos, empresas y actores involucrados antes de aprobar medidas de alcance general. De esta manera, se busca que las decisiones se sustenten en evidencia, incorporen distintas perspectivas y respondan con mayor precisión a los problemas públicos.

Supervisión y plataforma digital

La Secretaría de Gestión Pública de la PCM supervisará el cumplimiento de lo dispuesto con enfoque progresivo. Esto significa que la implementación se realizará de manera gradual, permitiendo a las entidades adaptarse a los nuevos requisitos. Asimismo, la Secretaría administrará la plataforma digital de consulta pública, que facilitará la interacción entre el Estado y la ciudadanía. Esta herramienta permitirá a los ciudadanos y organizaciones participar de manera más directa en el proceso normativo, enviando sus comentarios y sugerencias de forma electrónica. La plataforma digital es un componente clave de la estrategia, ya que busca reducir las barreras de participación y hacer más eficiente el proceso de consulta. Con esta medida, el Ejecutivo refuerza el proceso de modernización de la gestión pública, al promover normas más eficaces, reducir cargas administrativas innecesarias y consolidar mecanismos que respalden las decisiones regulatorias.

Implicaciones para la administración pública

La aprobación de esta guía representa un cambio significativo en la forma en que se elaboran las normas en Perú. Hasta ahora, la consulta pública no era obligatoria en todos los casos, lo que limitaba la participación ciudadana y la transparencia del proceso. Con la nueva disposición, las entidades públicas deberán planificar y ejecutar procesos de consulta que incluyan a todos los actores relevantes. Esto podría alargar los plazos de elaboración de normas, pero se espera que mejore su calidad y aceptación. La medida también envía una señal clara sobre la importancia que el gobierno otorga a la participación ciudadana y a la evidencia en la toma de decisiones. En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, iniciativas como esta pueden contribuir a fortalecer la legitimidad del Estado.

Próximos pasos y desafíos

La implementación de la guía será progresiva, lo que significa que las entidades tendrán tiempo para adaptarse. La Secretaría de Gestión Pública jugará un papel crucial en la capacitación y el acompañamiento técnico. Uno de los principales desafíos será garantizar que la plataforma digital de consulta pública sea accesible para todos los ciudadanos, incluyendo aquellos en zonas rurales o con limitado acceso a internet. Además, será necesario asegurar que las consultas no se conviertan en un mero trámite, sino que realmente influyan en las decisiones regulatorias. El éxito de esta iniciativa dependerá de la voluntad política y de la capacidad de las entidades para cambiar su cultura organizacional. Si se logra, Perú podría convertirse en un referente en la región en materia de mejora regulatoria y participación ciudadana.

Un paso hacia la modernización del Estado

La aprobación de la Guía Práctica de Consulta Pública es un hito en el proceso de modernización de la gestión pública en Perú. Al hacer obligatoria la consulta ciudadana en la elaboración de normas, el gobierno busca no solo mejorar la calidad de las regulaciones, sino también fortalecer la democracia participativa. La medida se enmarca en un esfuerzo más amplio por reducir las cargas administrativas innecesarias y promover una regulación más inteligente. En un mundo cada vez más complejo, donde los problemas públicos requieren soluciones colaborativas, esta iniciativa apunta en la dirección correcta. Queda por ver cómo se implementará en la práctica y si logrará los objetivos de transparencia y eficacia que se ha propuesto. Pero el primer paso, el de establecer la obligatoriedad de la consulta, ya está dado.

En resumen

• La PCM aprobó una guía obligatoria para consulta pública en la elaboración de normas, aplicable a entidades sujetas al Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.
• La medida busca fortalecer la transparencia y participación ciudadana, recogiendo aportes de ciudadanos, empresas y actores involucrados.
• La Secretaría de Gestión Pública supervisará el cumplimiento con enfoque progresivo y administrará una plataforma digital de consulta pública.
• La guía es parte de un proceso de modernización de la gestión pública para reducir cargas administrativas y mejorar la eficacia regulatoria.
• La implementación progresiva y la accesibilidad de la plataforma digital serán clave para el éxito de la iniciativa.