ONU advierte que remoción del juez Ordóñez por la JNJ sienta un precedente peligroso para la independencia judicial en Perú

Lo esencial

• La JNJ removió al juez Oswaldo Ordóñez tras denunciar leyes procrimen ante la CIDH.
• La ponencia de Cayo Galindo, respaldada por Germán Serkovic y Víctor Chanduví, sustentó la remoción.
• Gino Ríos y María Teresa Cabrera apoyaron la posición de Galindo pero emitieron votos singulares.
• Francisco Távara y Jaime de la Puente se opusieron a la no ratificación.
• Ordóñez intervino el 13 de noviembre de 2024 ante la CIDH como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados.
• La CIDH advirtió previamente que el proceso de evaluación podría constituir una represalia institucional.

La destitución del juez Ordóñez desata la alarma internacional

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú ha removido al juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, desatando una condena inmediata por parte de Naciones Unidas. Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, y Gina Romero, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, señalaron que la decisión afecta la independencia judicial y el derecho a la libertad de expresión de los jueces en el país. Las expertas advirtieron que la remoción constituye un precedente peligroso. "Nos preocupa que la remoción del cargo del juez Ordóñez constituya represalia cuya magnitud afecta a todos y todas las juezas del país", indicaron en un comunicado conjunto.

Los hechos que llevaron a la remoción

El juez Ordóñez fue separado de su cargo después de denunciar, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de noviembre de 2024, los efectos nocivos de las leyes procrimen. En esa ocasión, Ordóñez ejercía como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y advirtió que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Ejecutivo, venía debilitando el sistema de justicia mediante leyes que restringen la labor de jueces y fiscales frente al crimen organizado. A raíz de esas declaraciones, la JNJ abrió un proceso de evaluación contra Ordóñez, a pesar de que la CIDH ya había advertido que ello podría constituir una represalia institucional contraria a los estándares del sistema interamericano.

La votación dividida en la JNJ

La decisión de remover a Ordóñez se sustentó en la ponencia presentada por el magistrado de la JNJ Cayo Galindo, la cual recibió el respaldo de Germán Serkovic y Víctor Chanduví. Gino Ríos y María Teresa Cabrera también apoyaron esa posición, aunque emitieron votos singulares. Por otro lado, Francisco Távara y Jaime de la Puente se opusieron a la no ratificación y destacaron el respeto que guardan hacia su colega Galindo. La división interna refleja la controversia que rodea el caso. Mientras la mayoría consideró que la intervención de Ordóñez ante la CIDH justificaba su separación, la minoría defendió su derecho a expresarse sin temor a represalias.

El cuestionamiento de la ONU al proceso de evaluación

Las relatoras de la ONU cuestionaron la naturaleza misma de la evaluación a la que fue sometido el juez. "Este tipo de preguntas en un proceso de ratificación estándar es muy inusual y es inaceptable que haya resultado en una decisión de no ratificación y separación del cargo", afirmaron Satterthwaite y Romero. Para las expertas, estas acciones pueden constituir un intento de castigar y silenciar a Ordóñez por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y por defender la independencia del poder judicial en Perú. "Las y los jueces no deben ser objeto de enjuiciamiento ni de sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por ninguna acción realizada de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos", agregaron.

Implicaciones para el sistema judicial peruano

La remoción de Ordóñez se produce en un contexto de creciente tensión entre el poder judicial y los poderes Ejecutivo y Legislativo. El juez había denunciado que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Ejecutivo, venía debilitando el sistema de justicia mediante leyes que restringen la labor de jueces y fiscales frente al crimen organizado. La decisión de la JNJ, según las expertas de la ONU, podría tener un efecto disuasorio sobre otros jueces que deseen participar en el debate público sobre la organización y la independencia del poder judicial. "Las y los jueces deben poder, individual y colectivamente, participar en el debate público sobre la organización, el funcionamiento y la independencia del poder judicial, de conformidad con sus deberes de discreción y responsabilidad, sin temor a presiones, medidas disuasorias o procedimientos que puedan obstaculizar el ejercicio de sus funciones institucionales", recordaron Satterthwaite y Romero.

El futuro de la independencia judicial en Perú

El caso de Ordóñez deja abiertas preguntas sobre el rumbo de la independencia judicial en Perú. La CIDH ya había advertido que el proceso de evaluación podría constituir una represalia, y ahora la ONU se suma a las críticas, señalando que la remoción sienta un precedente peligroso. Mientras tanto, la JNJ mantiene su decisión, respaldada por la mayoría de sus miembros. La comunidad internacional observa de cerca los próximos pasos, en un país donde la lucha contra el crimen organizado y la reforma judicial son temas centrales en la agenda política.

En resumen

• La ONU considera que la remoción del juez Ordóñez constituye una represalia por su defensa de la independencia judicial.
• La JNJ actuó pese a la advertencia previa de la CIDH sobre posibles represalias.
• La votación en la JNJ estuvo dividida, con cuatro votos a favor de la remoción y dos en contra.
• El juez Ordóñez denunció ante la CIDH que el Congreso y el Ejecutivo debilitan el sistema de justicia con leyes procrimen.
• El caso podría disuadir a otros jueces de participar en el debate público sobre la independencia del poder judicial.
• La comunidad internacional sigue de cerca el impacto de esta decisión en el Estado de derecho en Perú.