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Piero Corvetto: 18 meses de impedimento de salida por presuntos delitos en la ONPE

El exjefe de la ONPE entregó voluntariamente sus pasaportes, lo que reduce el riesgo de fuga, según el penalista César Nakasaki.

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Piero Corvetto: 18 meses de impedimento de salida por presuntos delitos en la ONPE
El exjefe de la ONPE entregó voluntariamente sus pasaportes, lo que reduce el riesgo de fuga, según el penalista César NCrédito · El Comercio Perú

Lo esencial

  • El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida contra Piero Corvetto.
  • Corvetto entregó voluntariamente sus pasaportes a las autoridades.
  • La Fiscalía investiga posibles delitos de colusión agravada, incumplimiento de deberes de función y falsedad.
  • Los chats revelan coordinaciones con la empresa encargada del transporte de material electoral.
  • El abogado César Nakasaki defendió la medida como proporcional y necesaria.
  • La defensa de la empresa involucrada será clave para determinar la colusión.

La medida cautelar y sus fundamentos

El Poder Judicial del Perú impuso 18 meses de impedimento de salida del país al exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el marco de una investigación preliminar por presuntos delitos. La decisión, que no implica un proceso penal formal, busca garantizar que Corvetto permanezca en el país mientras la Fiscalía lleva a cabo diligencias. El abogado penalista César Nakasaki, en entrevista con Canal N, calificó la medida como excepcional pero válida. "El impedimento de salida es una medida excepcional, pero válida cuando se requiere asegurar que la persona permanezca en el país para determinados actos de investigación", explicó. Nakasaki descartó que se trate de una "cacería de brujas", subrayando que es una herramienta legal necesaria en esta etapa.

Indicios de delitos y la entrega voluntaria de pasaportes

Nakasaki señaló que los elementos conocidos hasta el momento, como los chats que revelarían coordinaciones con la empresa encargada del transporte de material electoral, constituyen indicios que justifican la intervención de la Fiscalía. "Sí hay indicios de posibles delitos como colusión agravada, incumplimiento de deberes de función y falsedad", afirmó. A diferencia de un proceso penal formal, en esta etapa el riesgo de fuga no es el principal criterio, sino la necesidad de asegurar la presencia del investigado. No obstante, Nakasaki destacó que la entrega voluntaria de los pasaportes por parte de Corvetto reduce considerablemente el peligro de fuga. "Al haber entregado sus documentos, el peligro de fuga disminuye considerablemente. Por eso no se ha solicitado una detención preliminar y basta con el impedimento de salida", añadió.

El rol de la empresa de transporte electoral y la configuración de colusión

La configuración del delito de colusión dependerá de que se demuestre un acuerdo indebido entre funcionarios públicos y una empresa privada. Nakasaki advirtió que la defensa de la compañía involucrada será clave en el desarrollo del caso. "Si la empresa logra demostrar que no tuvo responsabilidad, la figura de colusión podría caerse, pero podrían configurarse otros delitos vinculados exclusivamente a funcionarios", explicó. El actual Código Procesal Penal otorga amplias herramientas a la Fiscalía, como allanamientos, incautaciones y levantamiento del secreto de comunicaciones, lo que permitirá profundizar la investigación y determinar la existencia de acuerdos ilícitos.

Cuestionamientos a la defensa legal de Corvetto

Sobre los cuestionamientos relacionados a la defensa legal de Corvetto, Nakasaki señaló que la elección de un abogado no constituye, por sí sola, un conflicto ético, siempre que no exista incompatibilidad establecida en las normas. La defensa de Corvetto ha sido objeto de críticas, pero el penalista sostiene que no hay base para un conflicto de intereses sin una incompatibilidad normativa explícita.

Contexto y próximos pasos de la investigación

La investigación preliminar contra Corvetto se enmarca en presuntas irregularidades durante su gestión al frente de la ONPE, específicamente en la contratación de servicios para el transporte de material electoral. Los chats conocidos hasta ahora apuntan a coordinaciones que podrían constituir actos de corrupción. La Fiscalía continuará recabando pruebas y, si se confirman los indicios, podría formalizar una denuncia penal. Mientras tanto, el impedimento de salida asegura que Corvetto esté disponible para las diligencias. La defensa de la empresa de transporte será determinante para esclarecer si existió colusión o si los delitos se limitan a funcionarios públicos.

Implicaciones para la transparencia electoral en Perú

El caso Corvetto pone en el centro del debate la integridad de los procesos electorales en Perú. La ONPE, encargada de organizar las elecciones, enfrenta cuestionamientos sobre la transparencia en sus contrataciones. La investigación podría sentar un precedente sobre la rendición de cuentas de altos funcionarios electorales. La medida de impedimento de salida, aunque excepcional, refleja la gravedad de los indicios recabados. El desenlace del caso dependerá de la solidez de las pruebas y de la capacidad de la Fiscalía para demostrar los presuntos acuerdos ilícitos.

En resumen

  • El Poder Judicial impuso 18 meses de impedimento de salida a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, por presuntos delitos de colusión, incumplimiento de deberes y falsedad.
  • Corvetto entregó voluntariamente sus pasaportes, lo que redujo el riesgo de fuga y evitó una detención preliminar.
  • Los chats con la empresa de transporte electoral son el principal indicio que justifica la investigación.
  • La configuración del delito de colusión depende de que se demuestre un acuerdo indebido entre funcionarios y la empresa privada.
  • La Fiscalía cuenta con herramientas legales amplias para profundizar la investigación, incluyendo allanamientos y levantamiento de secreto de comunicaciones.
  • El caso pone en cuestión la transparencia en la gestión de la ONPE y la rendición de cuentas de sus altos funcionarios.
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