Fiscalía pide más de cinco años de cárcel a Roberto Sánchez por fraude político
La tensión judicial y la disputa electoral rodean a Roberto Sánchez, quien se enfrenta a Keiko Fujimori en el balotaje tras una campaña de acusaciones de desvío de fondos.

PERU —
Lo esencial
- La Fiscalía ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión para Roberto Sánchez.
- Las acusaciones se centran en la supuesta declaración de información falsa y aportes económicos en 2018-2020.
- Roberto Sánchez afirma que el Poder Judicial ya archivó la acusación sobre fraude con recursos del partido.
- Él compitió en la primera vuelta presidencial y aventajó levemente a Rafel López Aliaga por el segundo lugar.
- Su hermano William Sánchez también tuvo un caso con el comité electoral, el cual, según Sánchez, fue archivado.
- Según la acusación, Sánchez habría recibido más de 57 mil dólares en aportes no declarados ante la ONPE.
- El Poder Judicial está programando una audiencia para el 27 de mayo determinar si el caso va a juicio oral o se archiva.
Los pleitos judiciales intensifican la disputa electoral de Sánchez
Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú, enfrenta una escalada de acusaciones legales en medio de la intensa disputa por la candidatura presidencial. El Ministerio Público formalizó el pedido de cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato por presunto desvío de fondos de su propio partido. Esta acción judicial añade una capa significativa de controversia mientras Sánchez pugna por asegurar el paso al balotaje contra Keiko Fujimori. La acusación se sustenta en la supuesta presentación de información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y en presuntos aportes económicos fraudulentos dados entre 2018 y 2020. El juez de turno debe ahora decidir si la evidencia acumulada en el expediente justifica llevar el caso a un juicio oral o si debe mantenerse archivado, programándose una audiencia clave para el 27 de mayo. El caso había sido originalmente presentado ante los tribunales en enero de 2026, pero en esa instancia la justicia rechazó parcialmente la acusación, pidiendo a los fiscales reformular la presentación inicial.
Sánchez desestima las acusaciones: 'La justicia ya archivó el fraude'
Desde su espacio en redes sociales, el dirigente político, identificado con el expresidente Pedro Castillo, desestimó con vehemencia las acusaciones de fraude. Sánchez insistió en su inocencia, argumentando que la propia justicia peruana ya descartó su participación en cualquier delito. Señaló que había demostrado que nunca utilizó recursos económicos del partido para uso personal. El candidato rechazó explícitamente haber declarado información falsa a la ONPE, recordando que su rol como representante legal del partido le obligaba a trasladar documentación e información oficial a dichas entidades. Además, Sánchez recordó su participación en todas las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía durante los cinco años que se prolongó la investigación. En defensa de su familia, Sánchez defendió también el caso de su hermano Ricardo, quien fue elegido como comité electoral del partido. Afirmó que el caso de Ricardo también se encuentra archivado, ya que le correspondía a dicho comité autogestionar su acción, concluyendo que no existe ninguna causa pendiente con el Ministerio Público ni el Poder Judicial, y que en los años 2018, 2019 y 2020 no se recibieron fondos públicos.
Los detalles de la acusación fiscal y la defensa legal
La Fiscalía sostiene que Roberto Sánchez habría presentado declaraciones basadas en información falsificada en 2018, junto con presuntos aportes económicos fraudulentos en 2019, plasmados en informes financieros de Juntos por el Perú. Según la acusación, tanto el candidato como su hermano William Sánchez habrían recibido hasta 280.000 soles, aproximadamente 81.500 dólares, sin que estos fondos fueran declarados en los documentos financieros como aportes de los afiliados. Abogados del candidato, incluyendo a Carlos García Asenjo, advirtieron que Sánchez no fue la persona encargada de elaborar las declaraciones financieras del partido. Estos defensores también criticaron a la fiscalía por no especificar cómo se habrían utilizado los fondos que su defendido supuestamente recibió.






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