El ocaso de la justicia paraguaya: sobreseimientos, privilegios y el asesinato impune de un fiscal

Lo esencial

• El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) denunció el sometimiento constante de la justicia, la persecución a opositores y el amedrentamiento a la prensa.
• El senador cartista Hernán Rivas obtuvo un sobreseimiento definitivo por prescripción en un caso de título falso.
• El senador Erico Galeano, condenado a 13 años por lavado de activos, cumple arresto domiciliario en su lujosa residencia.
• El fiscal Marcelo Pecci fue asesinado en mayo de 2022 en Colombia; los autores intelectuales siguen sin ser identificados.
• El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados archivó una acusación contra la jueza Carmen Analía Cibils, implicada en la 'mafia de los pagarés'.
• La abogada y activista Esther Roa fue condenada penalmente por expresiones sobre asuntos de interés público, pese a estándares de la CIDH.

La denuncia de un patrón sistemático

El diputado liberal Diosnel Aguilera (PLRA) alertó sobre el deterioro de los pilares democráticos en Paraguay, señalando que el gobierno de Santiago Peña ha implementado un patrón sistemático de imputaciones fabricadas, procesos judiciales que se aceleran o congelan según la conveniencia y prisiones preventivas para amedrentar a los adversarios políticos. "Los cimientos sobre los que descansa la República son la independencia de la justicia, la pluralidad en el ejercicio del poder y la libertad irrenunciable de la prensa", afirmó Aguilera, quien advirtió que estos no son inventos sino garantías constitucionales. El legislador, representante de Ñeembucú, responsabilizó directamente al cartismo —la corriente interna del Partido Colorado que lidera el presidente Peña— por el copamiento de todos los niveles de poder, incluidos el Judicial y los órganos extrapoderes. "Hemos denunciado cómo se da el copamiento sistemático por parte no de un partido, sino de una corriente interna del Partido Colorado que se está apoderando de todos los espacios de poder y extrapoder", declaró.

Impunidad selectiva: los casos Rivas y Galeano

El sobreseimiento del senador cartista Hernán Rivas, acusado de producir y usar un título de abogado presuntamente falso, ejemplifica la impunidad que denuncian los críticos. La Cámara de Apelaciones declaró la prescripción del delito, pese a que la Fiscalía recurrió en casación ante la Corte Suprema. La decisión dejó la impresión de que ciertos políticos gozan de un blindaje que impide que la justicia se imparta a todos por igual. En paralelo, el senador Erico Galeano, condenado a 13 años de prisión por lavado de activos y asociación criminal en el marco del caso "A Ultranza Py", salió caminando del tribunal y regresó a su lujosa residencia en lugar de ingresar a una cárcel. Mientras miles de paraguayos cumplen condenas en condiciones inhumanas, Galeano disfruta de arresto domiciliario o medidas alternativas que, a ojos de la opinión pública, parecen privilegios reservados para los poderosos.

El asesinato impune del fiscal Pecci

El caso más doloroso es el del fiscal Marcelo Pecci, asesinado a sangre fría en mayo de 2022 durante su luna de miel en Colombia. Pecci representaba la cara más valiente de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Hoy, los autores materiales han sido juzgados en otros países, pero los autores intelectuales —aquellos que ordenaron su muerte desde las sombras— permanecen intocables. Su viuda, Claudia Aguilera, ha recorrido todos los espacios posibles: actos públicos, entrevistas, foros internacionales. Reclama verdad, justicia y que no se olvide el legado de su esposo. Pero el silencio de la Fiscalía y del Poder Judicial es, según denuncian, no solo ofensivo sino una traición a la memoria de quien dio todo por el Estado de derecho.

Tres resoluciones en 24 horas que revelan la misma lógica

En un solo día, la justicia paraguaya mostró su rostro contradictorio. La Fiscalía avanzó con la acusación contra directivos del Banco Atlas por presunto lavado de dinero, pese a los indicios de irregularidades en la denuncia impulsada por la Conmebol y al acuerdo secreto firmado por Alejandro Domínguez y su abogado Claudio Lovera con los herederos de Nicolás Leoz. Por otro lado, la justicia condenó a la abogada y activista social Esther Roa, utilizando el derecho penal como garrote, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en múltiples sentencias que la vía penal es desproporcionada para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público. Para cerrar el círculo negro de esa jornada, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) archivó una grave acusación contra la jueza de Paz de La Encarnación Carmen Analía Cibils —involucrada en el caso "mafia de los pagarés"— con los votos clave de Enrique Berni y Alejandro Aguilera. Tres resoluciones en 24 horas que, según los críticos, desnudan la misma lógica perversa: protección sistemática a los poderosos y rigor selectivo contra quienes incomodan al sistema.

El copamiento de las instituciones y la persecución a la prensa

El diputado Aguilera también denunció el uso del dinero del Estado para beneficiar a los leales mientras se asfixia a los opositores. "Me preocupa profundamente cuando se utiliza el dinero del Estado para beneficiar a los leales mientras se asfixian a los opositores. Se incumple con el precepto constitucional del control recíproco al matar las fuerzas de oposición", indicó. Asimismo, alertó sobre la persecución sistemática a periodistas y medios de comunicación independientes, financiada con recursos estatales. "La libertad de prensa, que últimamente ha venido siendo sistemáticamente perseguida en la República, no es solo proteger a los periodistas, sino a los ciudadanos que tienen derecho a informarse. La prensa libre es la alerta temprana de la democracia", afirmó Aguilera, quien calificó de alarmante el nivel de hostigamiento contra quienes osan criticar la gestión del gobierno.

Un sistema de justicia capturado que exige reformas profundas

Estos hechos no ocurren en el vacío. Son síntomas de un mal estructural: una justicia politizada, permeable a las presiones y selectiva en su rigor. La ciudadanía observa con creciente hartazgo y desconfianza. Cada sobreseimiento, cada privilegio, cada condena selectiva erosiona un poco más la poca fe que quedaba en las instituciones. La democracia paraguaya no puede sostenerse sobre un Poder Judicial capturado por intereses políticos y económicos. Se necesita una reforma profunda: mayor transparencia en la selección de magistrados, rendición de cuentas efectiva, límites reales a la influencia partidaria y un compromiso genuino con los estándares internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, el país sigue viviendo días aciagos, en los que la viuda de Pecci grita en el desierto, Esther Roa paga con su libertad el precio de alzar la voz, y la justicia parece reservada solo para quienes no tienen poder.

En resumen

• El diputado Diosnel Aguilera denunció un patrón sistemático de imputaciones fabricadas y prisiones preventivas contra opositores, así como el copamiento del Poder Judicial por el cartismo.
• El senador Hernán Rivas fue sobreseído por prescripción en un caso de título falso, mientras el senador Erico Galeano cumple arresto domiciliario pese a una condena de 13 años.
• El asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022 sigue impune en cuanto a los autores intelectuales, a pesar de los reclamos de su viuda Claudia Aguilera.
• En un mismo día, la justicia mostró su sesgo: acusó a directivos del Banco Atlas, condenó a la activista Esther Roa y archivó una acusación contra una jueza implicada en la 'mafia de los pagarés'.
• La libertad de prensa está bajo amenaza, con una campaña de hostigamiento financiada con recursos estatales contra periodistas y medios independientes.
• La crisis judicial exige una reforma profunda que garantice transparencia en la selección de magistrados, rendición de cuentas y límites a la influencia partidaria.