Detenido en RD el vicecónsul honorario de Bangladesh por presunta estafa inmobiliaria del proyecto West Side Punta Cana

Lo esencial

• Joan Fernando González Contreras fue arrestado el miércoles en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).
• La orden de arresto número 2025-AJ0007854 fue emitida por el Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
• González Contreras figura como Vicecónsul Honorario de Bangladesh en República Dominicana.
• El proyecto West Side Residences Punta Cana, de Grupo Paceo, es señalado como una estafa inmobiliaria.
• Holger Ariosto León Rivas inició pagos el 21 de octubre de 2019 por una villa valorada en US$110.000.
• León Rivas realizó desembolsos de US$5.900, US$5.000 y US$1.817 mediante transferencias bancarias.
• La constructora enviaba videos de avance hasta octubre de 2021, cuando cesaron las comunicaciones.
• La Ucaprec ejecutó la detención con apoyo de Interpol; la fiscal Andry De Los Santos encabezó el operativo.

Un arresto en la pista de despegue

Joan Fernando González Contreras, empresario vinculado al Grupo Paceo y vicecónsul honorario de Bangladesh en República Dominicana, fue detenido este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) cuando presuntamente intentaba abandonar el país. La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público (Ucaprec) ejecutó la orden judicial número 2025-AJ0007854, emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras, del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público. La operación contó con el apoyo de la Interpol, lo que subraya la dimensión internacional del caso. González Contreras comparecerá en las próximas horas ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se le solicitará una medida de coerción. El juez de instrucción deberá decidir si el imputado permanece en prisión preventiva o bajo otra figura legal mientras avanza la investigación.

El proyecto fantasma West Side Residences

El caso se originó el 21 de octubre de 2019, cuando Holger Ariosto León Rivas comenzó a realizar pagos a la constructora Paceo para adquirir una villa en el proyecto West Side Residences Punta Cana, valorada en US$110.000 y pagadera en un plazo de dos años. León Rivas efectuó varios desembolsos mediante transferencias bancarias: primero US$5.900, luego US$5.000 como abono para el inicio del proyecto y posteriormente US$1.817 adicionales. Durante ese período, la constructora le enviaba videos del avance de las obras y comprobantes de pago. En octubre de 2021, los videos y recibos dejaron de llegar. Ante la falta de respuesta, León Rivas envió a un amigo a verificar el estado del proyecto en el lugar, quien le reportó que le mostraron una villa que presuntamente era la negociada, por lo que continuó realizando pagos. Sin embargo, cuando sus abogados se trasladaron a verificar el proyecto directamente, la conclusión fue contundente: el proyecto no existe.

Más de 40 víctimas y una querella formal

El 3 de julio de 2024, León Rivas interpuso una querella formal ante el Ministerio Público contra el Grupo Paceo LLC y González Contreras, invocando el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el delito de estafa. La denuncia se suma a múltiples querellas presentadas por compradores nacionales y extranjeros que aseguran haber entregado importantes sumas de dinero por villas que nunca fueron entregadas. Las víctimas del caso Grupo Paceo han hecho un llamado a todos los afectados que aún no han formalizado querella a presentarse ante la Fiscalía del Distrito Nacional, a fin de que sus reclamaciones sean incorporadas al proceso. Los querellantes también solicitaron a las autoridades profundizar la investigación y garantizar que el proceso avance sin privilegios, interferencias ni dilaciones.

El rol del vicecónsul y la dimensión diplomática

González Contreras figura públicamente como Vicecónsul Honorario de Bangladesh en República Dominicana, condición que aumenta la atención pública sobre un caso en el que compradores nacionales y extranjeros aseguran haber sido estafados. La inmunidad diplomática no aplica a los cónsules honorarios en asuntos penales comunes, por lo que el arresto se realizó sin obstáculos legales. La participación de la Interpol en el operativo sugiere que las autoridades buscan evitar que el imputado evade la justicia utilizando su estatus diplomático o sus conexiones internacionales. El caso ha generado un escrutinio adicional sobre las actividades del Grupo Paceo y sus vínculos con figuras públicas.

Próximos pasos judiciales y llamado a más víctimas

El proceso entra ahora en la fase de medidas de coerción. El juez de instrucción deberá determinar si González Contreras permanece en prisión preventiva o bajo otra figura legal mientras avanza la investigación formal. La Ucaprec, encabezada por la procuradora fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden de arresto con apoyo de la Interpol, lo que marca un hito en la persecución de este tipo de fraudes. Las víctimas del caso han instado a las autoridades a profundizar la investigación y a garantizar que el proceso avance sin privilegios ni dilaciones. Mientras tanto, se espera que más afectados se presenten a formalizar sus querellas ante la Fiscalía del Distrito Nacional, a fin de que sus reclamaciones sean incorporadas al proceso. El desenlace de este caso podría sentar un precedente en la lucha contra la estafa inmobiliaria en la región.

En resumen

• Joan Fernando González Contreras fue detenido en el Aeropuerto de Las Américas cuando intentaba salir del país, acusado de estafa inmobiliaria vinculada al proyecto West Side Residences Punta Cana.
• El proyecto, promovido por Grupo Paceo, resultó ser inexistente; más de 40 víctimas han presentado querellas por pérdidas que superan los US$110.000 por villa.
• La orden de arresto fue emitida por el juez Rigoberto Sena Ferreras y ejecutada por la Ucaprec con apoyo de Interpol.
• González Contreras se desempeñaba como Vicecónsul Honorario de Bangladesh, lo que añade una dimensión diplomática al caso.
• El proceso judicial se encuentra en la fase de medidas de coerción; se espera que el juez decida sobre prisión preventiva u otras medidas.
• Las víctimas han solicitado a las autoridades profundizar la investigación y garantizar un proceso sin privilegios ni dilaciones.