Bruselas exige a España un plan para eliminar la tarifa regulada de la luz y refuerza la supervisión financiera de las comercializadoras

Lo esencial

• El 29% de los hogares españoles sigue acogido a tarifas reguladas, frente al 57% en Francia y el 63% en Polonia.
• La Comisión Europea incluye a España en el grupo de seis países con intervenciones en precios para hogares o microempresas.
• El artículo 5 de la Directiva eléctrica europea establece la libertad de fijación de precios por parte de los comercializadores.
• Bruselas propone test de estrés y reportes de cobertura para asegurar la solvencia de las comercializadoras.
• La crisis energética de 2021-2022 provocó quiebras de comercializadoras por insuficiente cobertura frente a la volatilidad de precios.
• La Comisión no plantea una nueva propuesta legislativa, pero examinará la aplicación de las reglas y preguntará a cada Estado miembro por sus planes.
• El bono social español es citado como posible mecanismo de protección a vulnerables, siempre que se integre en una estrategia más amplia contra la pobreza energética.

Una hoja de ruta obligada para las tarifas reguladas

La Comisión Europea ha reclamado a los Estados miembros que aún mantienen tarifas eléctricas reguladas, entre ellos España, que elaboren hojas de ruta claras con plazos definidos para avanzar hacia precios minoristas basados en el mercado. El informe sobre precios minoristas de electricidad, competencia efectiva y remuneración de la flexibilidad, publicado este lunes, sitúa a España junto a Bulgaria, Francia, Hungría, Lituania y Eslovaquia como los países que han comunicado intervenciones en precios para hogares o microempresas durante una fase de transición hacia mercados plenamente competitivos. Bruselas sostiene que las intervenciones públicas pueden estar justificadas para proteger a consumidores vulnerables o durante una transición, pero advierte de que no deben convertirse en un elemento permanente. El documento señala que el 29% de los hogares españoles continúa acogido a tarifas reguladas, una cifra inferior al 57% de Francia, el 63% de Polonia, el 27,3% de Lituania y el 18% de Portugal. La Comisión recuerda que el artículo 5 de la Directiva eléctrica europea establece como principio general que los comercializadores deben ser libres para fijar el precio al que suministran electricidad. Aunque admite que las tarifas reguladas pueden estabilizar la factura de los consumidores, la Comisión advierte de que pueden debilitar las señales de precio, reducir los incentivos a la eficiencia energética y perjudicar la competencia en el largo plazo. El informe pone el foco en la necesidad de que los países con precios intervenidos definan un plan de salida ordenado, que incluya hitos concretos, indicadores para medir el avance hacia la competencia efectiva, medidas para reducir distorsiones en los precios, mayor transparencia en las señales de mercado y garantías de trato no discriminatorio entre comercializadores.

El bono social, bajo la lupa de Bruselas

La advertencia tiene un mensaje claro al Gobierno español, ya que el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social siguen desempeñando un papel relevante en el mercado doméstico. Bruselas cita expresamente el bono social español como una intervención que puede encajar dentro de los mecanismos previstos para proteger a consumidores vulnerables, siempre que forme parte de una estrategia más amplia contra la pobreza energética. La Comisión no plantea por ahora una nueva propuesta legislativa, pero avisa de que seguirá examinando la aplicación de las reglas europeas y preguntará a cada Estado miembro por su intención de fijar e implementar esas hojas de ruta. El mensaje es contundente: las tarifas reguladas no deben ser un elemento permanente, y los países deben demostrar su compromiso con la transición hacia un mercado plenamente competitivo.

Refuerzo de la supervisión financiera de las comercializadoras

Paralelamente, la Comisión ha dado un paso más en la reforma del mercado eléctrico con la publicación de otra recomendación dirigida a los Estados miembros para reforzar la supervisión financiera de las comercializadoras de electricidad. El objetivo es evitar episodios de inestabilidad como los vividos durante la crisis energética de 2021 y 2022, cuando el encarecimiento abrupto de la electricidad dejó al descubierto las debilidades de numerosos operadores, provocando quiebras y trasladando costes a los consumidores. El texto pone el foco en la gestión del riesgo por parte de los suministradores y en la necesidad de que cuenten con estrategias adecuadas de cobertura frente a la volatilidad de los precios mayoristas. La Comisión considera que uno de los principales fallos fue la insuficiente utilización de mecanismos de cobertura –el denominado hedging– en un contexto de contratos a precio fijo. Cuando los precios del mercado se dispararon, muchos comercializadores no habían asegurado sus costes de compra, lo que les llevó a una situación de estrés financiero. La recomendación propone test de estrés y reportes de cobertura para asegurar la solvencia de las comercializadoras, así como una mayor transparencia en sus prácticas de gestión de riesgos. La Comisión busca así evitar que las quiebras de comercializadoras se repitan y que los costes recaigan nuevamente sobre los consumidores.

El giro antiecologista de la UE: la ley de deforestación como síntoma

En un contexto más amplio, la Comisión Europea ha propuesto otra reducción de las ambiciones ecologistas, esta vez en la ley de deforestación, una de las medidas estrella de la agenda verde europea. La norma, que busca garantizar que las importaciones de materias primas como café, caucho, aceite de palma, madera y cacao no contribuyan a la deforestación mundial, ha sufrido un progresivo descafeinamiento desde su presentación. Según datos de la FAO, entre 1990 y 2020 se perdieron 420 millones de hectáreas de bosque, una superficie del tamaño de la UE, y el 10% de esta deforestación corresponde a productos importados por el bloque comunitario. A pesar de que la ley tuvo un apoyo mayoritario inicial, su entrada en vigor se ha retrasado dos veces y se ha ido debilitando en cada negociación en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. Este lunes, la Comisión ha planteado más reformas, incluyendo la retirada del cuero de la lista de productos sujetos a control, así como los neumáticos de segunda mano a los que solo se les aplica una capa superior de caucho. En cambio, se incluye el café soluble para facilitar la aplicación de la norma. Estas excepciones han provocado el enfado de organizaciones ecologistas como WWF y Greenpeace, que consideran que reducen sustancialmente la ambición de la ley.

Presión política y cambio de correlación de fuerzas

La historia de la ley de deforestación es un ejemplo sintomático del cambio de postura de la Unión Europea en materia ecologista, impulsado por el crecimiento de la extrema derecha y la presión de los gobiernos conservadores. El Parlamento Europeo pasó de tener la mayor representación de su historia de parlamentarios verdes a una mayoría conservadora y ultra en la última legislatura. Este cambio de correlación de fuerzas permitió al Partido Popular Europeo rebajar las ambiciones climáticas de la UE con el apoyo de los ultras, a pesar de la oposición de socialdemócratas, Verdes, la Izquierda y, en algunos casos, la familia liberal. Más allá del Parlamento, la mayoría de gobiernos conservadores o ultras en la UE es aplastante. El único gobierno progresista entre las grandes economías del bloque es España, mientras que la italiana Giorgia Meloni, el conservador alemán Friedrich Merz y, en ocasiones, el francés Emmanuel Macron, presionan para que la UE dé marcha atrás con sus ambiciones ecologistas. La propia Comisión, formada mayoritariamente por comisarios conservadores, se ha visto forzada a reducir exigencias al sector automovilístico, descafeinar las exigencias climáticas de la PAC e introducir excepciones para cumplir los objetivos climáticos de reducción del 55% de emisiones en 2030 y la neutralidad climática en 2050.

Reacciones de las organizaciones ecologistas

Las organizaciones ecologistas han criticado duramente las nuevas excepciones. Andrea Carta, abogada de Greenpeace en la UE, afirmó en un comunicado que "la cadena de suministro de cuero sigue siendo un factor tan importante en la destrucción de los bosques como lo era cuando se incluyó en la ley en 2023", y acusó a la Comisión de querer "complacer a poderosas marcas de moda" de manera "inexcusable". Por su parte, Anke Schulmeister-Oldenhove, portavoz de WWF, señaló que retirar productos de la lista o hacer excepciones puede "complicar aún más su aplicación" y los controles, al contrario de lo que argumenta Bruselas. Estas críticas reflejan la creciente brecha entre las ambiciones climáticas iniciales de la UE y la realidad política actual, donde la presión de la derecha y los ultras está reconfigurando la agenda verde europea.

Un futuro incierto para la agenda verde europea

La combinación de las exigencias de Bruselas a España sobre las tarifas reguladas y el retroceso en la ley de deforestación dibuja un panorama complejo para la política energética y climática de la UE. Por un lado, la Comisión insiste en la necesidad de avanzar hacia mercados eléctricos competitivos y reforzar la supervisión financiera, mientras que, por otro, cede ante las presiones políticas para rebajar los estándares ambientales. La pregunta que queda abierta es si la UE podrá mantener su liderazgo climático mientras se enfrenta a una correlación de fuerzas cada vez más conservadora y a la presión de los Estados miembros. La Comisión ha dejado claro que seguirá examinando la aplicación de las reglas, pero el camino hacia una transición energética y ecológica parece cada vez más lleno de obstáculos.

En resumen

• España debe presentar una hoja de ruta con plazos para eliminar la tarifa regulada de la luz, que afecta al 29% de los hogares.
• La Comisión Europea refuerza la supervisión financiera de las comercializadoras para evitar quiebras como las de 2022.
• La ley de deforestación de la UE se ha ido descafeinando, con nuevas excepciones para el cuero y neumáticos de segunda mano.
• El giro antiecologista responde al crecimiento de la extrema derecha y la presión de gobiernos conservadores en la UE.
• Organizaciones como Greenpeace y WWF critican las excepciones por reducir la ambición de la normativa.
• La UE mantiene sus objetivos climáticos de reducción del 55% de emisiones en 2030 y neutralidad en 2050, pero con excepciones crecientes.