Condena de tres años y medio a Villarejo por filtrar el móvil de Dina Bousselham

Lo esencial

• José Manuel Villarejo condenado a 3 años y 6 meses de prisión por revelación de secretos.
• La sentencia le impone indemnizaciones de 5.000 € a Dina Bousselham y 1.000 € a Pablo Iglesias.
• El Estado es responsable civil subsidiario y pagará si Villarejo no lo hace.
• Los hechos ocurrieron el 1 de noviembre de 2015, cuando robaron el móvil de Bousselham en un centro comercial.
• La tarjeta de memoria llegó a la sede del Grupo Zeta el 19 de enero de 2016.
• Villarejo entregó los archivos a periodistas de su círculo para publicar informaciones en descrédito de Podemos.
• Se aplicó la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del proceso, abierto en 2017.

La sentencia del caso Dina

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y seis meses de cárcel al comisario jubilado José Manuel Villarejo por un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros. El tribunal considera probado que Villarejo accedió sin autorización al contenido de la tarjeta de memoria del teléfono móvil sustraído a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, y lo distribuyó a dos medios de comunicación. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, presidida por la magistrada Teresa Palacios, impone además a Villarejo el pago de 5.000 euros a Bousselham y 1.000 euros a Iglesias en concepto de indemnización por daño moral. Al ser el acusado funcionario público en el momento de los hechos, la Administración General del Estado responde como responsable civil subsidiario. El tribunal aplica la atenuante de dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido desde la apertura de esta pieza separada en 2017 hasta su enjuiciamiento.

El robo del móvil y la entrega de la tarjeta

Los hechos se remontan al 1 de noviembre de 2015, cuando personas desconocidas sustrajeron los efectos personales de Dina Bousselham y su pareja en un centro comercial, incluido el teléfono móvil de ella. El 19 de enero de 2016, un sobre con la tarjeta de almacenamiento externa del teléfono llegó a la sede del Grupo Zeta. Los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles, junto con el presidente del grupo editorial, Antonio Asensio Mosbah, examinaron los archivos. Tras decidir no publicar nada, y creyendo que el contenido podría pertenecer a Pablo Iglesias, le entregaron la tarjeta. Iglesias retuvo la tarjeta durante seis meses sin informar a Bousselham, y se la devolvió transcurrido ese periodo. La sentencia señala que no queda acreditado que la devolviera dañada ni que ello impidiera visualizar su contenido.

La filtración a Villarejo y su difusión

Antes de entregar la tarjeta a Iglesias, los periodistas Pozas y Rendueles hicieron una copia y se la entregaron a Villarejo. Ambos periodistas llegaron a un acuerdo con la acusación, que retiró los cargos a cambio de que reconocieran los hechos. La copia contenía documentos internos de Podemos, datos bancarios, vídeos, audios, fotografías íntimas de Bousselham y chats de miembros de la cúpula del partido. Villarejo, que en ese momento no tenía ninguna función policial relacionada con Podemos, descargó los archivos en un lápiz de memoria y los entregó a periodistas de su círculo de confianza para que elaboraran y publicaran informaciones en descrédito del partido y de Pablo Iglesias. La sentencia destaca que Villarejo no emitió ninguna nota informativa a la Dirección Adjunta Operativa sobre su actuación.

Indemnizaciones y daño moral

El tribunal considera que tanto Bousselham como Iglesias sufrieron un daño moral evidente por la invasión de su intimidad. La Sala señala que delitos como el enjuiciado, que implican una invasión del núcleo de la intimidad, hacen surgir implícitamente una presunción de daño moral, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo. En el caso de Bousselham, la Sala aprecia que su vida íntima y personalísima quedó expuesta al difundirse el contenido de su teléfono a dos medios. La indemnización de 5.000 euros es la solicitada por la fiscalía y la defensa, y el tribunal aclara que hubiera concedido una cantidad mayor si se hubiera pedido. Para Iglesias, la indemnización se fija en 1.000 euros, también la cantidad reclamada por su defensa y el Ministerio Público.

El contexto del caso Tándem

Esta sentencia corresponde a la pieza separada número 10 de la macrocausa Tándem, denominada Dina. La causa se abrió en 2017 y ha estado marcada por dilaciones que han llevado a aplicar la atenuante correspondiente. Inicialmente, los periodistas Pozas y Rendueles también estaban acusados, pero quedaron exonerados al retirarse los cargos tras su acuerdo. El juez instructor llegó a proponer al Tribunal Supremo imputar a Pablo Iglesias por retener y supuestamente dañar la tarjeta, pero el Alto Tribunal no encontró indicios suficientes. La sentencia subraya que Villarejo actuó sin autorización y con el objetivo de desacreditar a Podemos, aprovechando su posición como comisario de Policía.

Reacciones y próximos pasos

Dina Bousselham ha criticado la actuación del juez, acusándolo de revictimizarla, y ha solicitado que declare la cúpula policial del PP. La Policía Científica no ha logrado determinar si Iglesias dañó la tarjeta. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. Villarejo, que ya cumple otras condenas en el marco del caso Tándem, podría ver aumentada su estancia en prisión. El caso ha puesto de relieve las prácticas de filtración de información sensible desde las fuerzas de seguridad hacia medios afines, un fenómeno que ha generado un intenso debate en España.

Implicaciones para la protección de datos

El fallo de la Audiencia Nacional refuerza la protección de la intimidad frente a abusos de poder por parte de funcionarios públicos. La condena establece un precedente claro: el acceso no autorizado y la difusión de datos personales por parte de un policía constituye un delito grave, independientemente de la motivación política. La indemnización concedida, aunque modesta, reconoce el daño moral inherente a la exposición de la vida privada. El caso subraya la necesidad de mecanismos más robustos para prevenir filtraciones y proteger a las víctimas de este tipo de intrusiones.

En resumen

• Villarejo es condenado a 3 años y 6 meses de prisión por revelar secretos del móvil de Dina Bousselham.
• La tarjeta de memoria fue robada en 2015 y llegó a manos de Villarejo a través de periodistas.
• Villarejo filtró los datos a dos medios para desacreditar a Podemos y a Pablo Iglesias.
• El Estado es responsable civil subsidiario y deberá pagar las indemnizaciones si Villarejo no lo hace.
• La sentencia aplica la atenuante de dilaciones indebidas por la lentitud del proceso judicial.
• El caso evidencia la instrumentalización de información sensible por parte de funcionarios públicos.