Red Eléctrica advirtió internamente del riesgo cinco días antes del apagón que sumió a España en la oscuridad

Lo esencial

• El 23 de abril de 2025, Red Eléctrica redactó un informe interno sobre un incidente de sobretensión ocurrido el día anterior, que calificó de 'clonado' al que desencadenó el apagón del 28 de abril.
• El informe advertía de que las tensiones en la red iban a aumentar y urgía aplicar el Procedimiento de Operación 7.4, aún pendiente de aprobación por la CNMC.
• El apagón del 28 de abril de 2025 dejó sin electricidad a toda la Península Ibérica durante varias horas, causó cinco muertos y millonarias pérdidas económicas.
• El informe interno no fue compartido con terceros, pero se aportó a las investigaciones posteriores al apagón.
• El ministro de Transportes, Óscar Puente, atribuyó el incidente del 22 de abril a un exceso de tensión por el aumento de generación renovable no acumulable.
• La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, sigue en el cargo un año después, respaldada por el Gobierno pese a las críticas del PP.
• El PP, en la comisión de investigación del Senado, atribuye a Red Eléctrica la 'responsabilidad operativa directa' del apagón.
• Iberdrola ha demandado a Redeia y a Corredor por menoscabar su reputación al señalar a una planta fotovoltaica como origen del apagón.

Un aviso interno ignorado

Cinco días antes de que España sufriera el peor apagón de su historia, Red Eléctrica de España (REE) redactó un informe interno en el que reconocía que los problemas en la red iban a intensificarse y que era urgente tomar medidas. El documento, elaborado el 23 de abril de 2025, analizaba un incidente grave ocurrido la víspera: una sobretensión en la zona centro que hizo saltar las protecciones de Adif, la empresa pública de infraestructuras ferroviarias. El informe describía el episodio del 22 de abril como un 'clon' o 'espejo' del que desencadenaría el apagón total seis días después. Según fuentes con acceso al texto, el sistema osciló 'puntualmente' por encima del límite de 435 kilovoltios (kV), el máximo permitido en España, donde el estándar es más laxo que el europeo (420 kV). El pico de tensión fue controlado en minutos gracias a la central de ciclo combinado de Aceca, en Villaseca de la Sagra (Toledo), pero su intensidad llevó a los técnicos a documentarlo por escrito. El documento no fue compartido con nadie fuera de la empresa, pero sí se entregó a las investigaciones posteriores al apagón. En él, los técnicos dejaban constancia de que las tensiones en la red iban a ir a más y que, para evitarlo, era necesario aplicar el Procedimiento de Operación 7.4, que en ese momento aún estaba en tramitación ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La versión oficial frente a la evidencia interna

Red Eléctrica siempre ha negado que el incidente del 22 de abril o cualquier otro previo al apagón pudiera considerarse un aviso. Fuentes oficiales de Redeia, la matriz de REE, insisten en que 'lo que sucedió el 22 de abril de 2025 no tuvo absolutamente nada que ver con el incidente del día 28'. Defienden que ese día no hubo sobretensión y que los niveles de tensión en los últimos años no han aumentado, sino que han disminuido. Sin embargo, el informe interno contradice esta versión. Fuentes próximas a la investigación lo consideran 'la prueba más sólida' de que, pese a tener diagnosticado y documentado el riesgo, la empresa que preside Beatriz Corredor no activó las precauciones necesarias. Destacan que, a diferencia de otros episodios de inestabilidad, el del día 22 no fue por fallos de frecuencia, sino de tensión, lo que lo hace comparable al del día 28. Además, subrayan que la operación reforzada que se puso en marcha al día siguiente del gran apagón no se activó antes. El mismo día 22, el ministro de Transportes, Óscar Puente, describió el incidente en su perfil de X como un 'exceso de tensión en la red' que provocó que saltaran las protecciones de las subestaciones desde Chamartín hasta Pajares. Lo calificó de 'indeseable' y lo contextualizó en la transformación del sistema eléctrico, que recibe 'más generación por las renovables (no acumulable) que la que se consume'. 'Es una consecuencia del progreso que se irá resolviendo', afirmó.

Corredor, blindada por el Gobierno pese a las críticas

Un año después del apagón, Beatriz Corredor sigue al frente de Redeia, la empresa semipública encargada de garantizar la seguridad del suministro eléctrico, cuyo accionista mayoritario (20% a través de la SEPI) es el Estado. Muchos esperaban que el presidente Pedro Sánchez la sacrificara tras el histórico apagón, que dejó sin electricidad a la Península Ibérica durante horas, causó cinco muertos y millonarias pérdidas económicas. Pero no fue así. En el Gobierno nadie espera su relevo. 'No creo que el presidente la vaya a mover', apunta un ministro. 'Me extrañaría mucho', corrobora otro. La estrecha relación entre Corredor y Sánchez se fraguó cuando ambos eran concejales en el Ayuntamiento de Madrid, antes de que José Luis Rodríguez Zapatero la nombrara ministra de Vivienda. Sánchez la incluyó en un puesto destacado de las listas electorales de 2019 y, tras ganar las generales, la situó al frente de Redeia en sustitución del también exministro socialista Jordi Sevilla. Sevilla, que había tenido desencuentros con la vicepresidenta Teresa Ribera, publicó tras el apagón un artículo en 'Cinco Días' en el que acusó al Gobierno de un 'mesianismo renovable' que le habría llevado a hacer 'oídos sordos' a los problemas técnicos asociados a un mix energético con alto peso de energías asíncronas, como la fotovoltaica o la eólica. Corredor, registradora de la propiedad sin experiencia previa en el sector energético, siempre ha estado más alineada con el Ejecutivo.

Las investigaciones exculpan a las renovables, pero no al operador

Tanto el informe de la investigación coordinada por el Ministerio como el publicado el 20 de marzo de 2025 por la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E) concluyen que el apagón tuvo un origen multifactorial y reparten culpas. Los expertos del panel internacional descartan que las renovables, eje de la política energética de Sánchez, estén detrás de lo ocurrido, pero no exoneran al operador de infraestructuras ni respaldan su intento de señalar en exclusiva a las eléctricas privadas. El pasado martes, el Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid admitió la demanda de Iberdrola contra Redeia y Corredor por menoscabar su reputación al acusar a la planta fotovoltaica que tiene en Badajoz de estar en el origen del apagón. La eléctrica reclama por daños a su imagen. El PP no está dispuesto a soltar la presa. En las conclusiones de la comisión de investigación del Senado, donde tiene mayoría absoluta, atribuye a Red Eléctrica la 'responsabilidad operativa directa' y asevera que la compañía 'conocía el riesgo con antelación' y, pese a ello, 'no impulsó ni desplegó a tiempo una respuesta suficiente en el plano preventivo, operativo y documental'. El pasado julio, un mes después de que la Junta de Redeia ratificara a Corredor en el cargo, los populares votaron en contra del decreto antiapagones con el argumento de que antes debería haber ceses.

Audios comprometedores y el traslado de la batalla al Congreso

La batalla política se traslada ahora a la comisión de investigación del Congreso, con dos elementos desfavorables para Corredor. El primero son los audios analizados en el Senado, en los que, doce días antes del apagón, técnicos de REE respondían a una eléctrica que los picos de tensión se debían a que 'apenas' había 'nuclear en el sistema' y remarcaban que eso no era 'algo puntual'. Tres semanas antes, un operador reconocía: 'En algún momento nos la damos seguro'. Y el propio día del apagón, a las 11:47, con la inestabilidad ya visible, REE decía a una distribuidora: 'Es un tema nuestro'. Y añadía: 'Y no solo el día, ¡veremos a ver este verano!'. Estos audios, que el PP esgrime como prueba de que la empresa conocía el riesgo y no actuó, contrastan con la versión oficial de Redeia, que insiste en que el incidente del 22 de abril no tuvo relación con el apagón. Sin embargo, el informe interno demuestra que los técnicos ya habían alertado de que las tensiones irían a más y que era necesario aplicar el PO 7.4, que permitiría a las renovables controlar la tensión de manera dinámica. El blindaje con gas, una de las medidas adoptadas tras el apagón para garantizar el suministro, ha elevado el recibo eléctrico en más de 600 millones de euros, según informes recientes. Este coste adicional se suma a las millonarias pérdidas económicas derivadas del apagón, que aún se están cuantificando.

Un sistema en transformación y preguntas sin respuesta

El apagón del 28 de abril de 2025 puso de manifiesto las vulnerabilidades de un sistema eléctrico en plena transición hacia las renovables. El incidente del 22 de abril, que el propio ministro Puente describió como 'una consecuencia del progreso', evidenció que los picos de tensión son cada vez más frecuentes debido al aumento de generación renovable no acumulable, que provoca desequilibrios en la red. El Procedimiento de Operación 7.4, que según el informe interno podría haber evitado la escalada, sigue sin estar plenamente implementado. La CNMC aún no lo ha aprobado, y las eléctricas privadas y el operador se culpan mutuamente por el retraso. Mientras tanto, el sistema sigue operando con un estándar de tensión más laxo que el europeo, lo que aumenta el riesgo de nuevas sobretensiones. Las investigaciones oficiales han repartido culpas, pero no han señalado a un único responsable. El informe de ENTSO-E, publicado el 20 de marzo, y la investigación del Ministerio coinciden en que el apagón fue el resultado de una combinación de factores, pero dejan abiertas preguntas clave: ¿por qué no se activaron las medidas preventivas a tiempo? ¿Quién tomó la decisión de no aplicar el PO 7.4? ¿Por qué el informe interno no se compartió con el regulador ni con el Gobierno?

El futuro de Corredor y la seguridad del sistema

A pesar de las críticas y de las evidencias que apuntan a una falta de prevención, Beatriz Corredor sigue al frente de Redeia. El Gobierno la mantiene en el cargo, en parte por su estrecha relación con Sánchez y en parte porque, como señalan fuentes del Ejecutivo, ser objeto de los ataques del PP contribuye a su blindaje. Pero la presión no cesa. La comisión de investigación del Congreso, donde el PP también tiene mayoría, podría emitir conclusiones más duras que las del Senado. Además, la demanda de Iberdrola y los audios comprometedores añaden presión sobre la presidenta de Redeia. Por ahora, el Gobierno no contempla su relevo, pero la situación podría cambiar si surgen nuevos elementos. El sistema eléctrico español sigue siendo vulnerable. Las renovables, aunque no causaron el apagón, introducen una volatilidad que requiere una gestión más dinámica y coordinada. El PO 7.4, que permitiría a las plantas renovables controlar la tensión, sigue en el limbo regulatorio. Mientras tanto, el país se prepara para un verano que, según los audios de REE, podría traer nuevos problemas. 'Veremos a ver este verano', decía un técnico el día del apagón. Un año después, la incertidumbre persiste.

En resumen

• Red Eléctrica redactó un informe interno cinco días antes del apagón advirtiendo de que los problemas de tensión irían a más y urgiendo a aplicar el Procedimiento de Operación 7.4, aún pendiente de aprobación.
• El informe documentó un incidente de sobretensión el 22 de abril de 2025 que calificó de 'clon' del que desencadenó el apagón del 28 de abril, pero la empresa niega cualquier relación.
• La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, sigue en el cargo un año después, respaldada por el Gobierno pese a las críticas del PP y a las evidencias de que la empresa conocía el riesgo.
• Las investigaciones oficiales atribuyen el apagón a múltiples causas y exculpan a las renovables, pero no exoneran al operador de infraestructuras.
• Audios de técnicos de REE revelan que la empresa era consciente de los problemas de tensión y anticipaba un posible colapso semanas antes del apagón.
• El Procedimiento de Operación 7.4, que podría haber evitado la crisis, sigue sin implementarse, y el sistema eléctrico español opera con un estándar de tensión más laxo que el europeo.