Canadian Pacific Kansas City demanda a México por concesión ferroviaria ante el Ciadi
La empresa canadiense inició un arbitraje internacional alegando trato discriminatorio y riesgo de expropiación indirecta de sus inversiones ferroviarias.

MEXICO —
Lo esencial
- Canadian Pacific Kansas City (CPKC) presentó una solicitud de arbitraje ante el Ciadi el 27 de abril de 2026.
- El caso está registrado como ARB/26/19 bajo el CPTPP.
- La disputa surge por una concesión ferroviaria que el gobierno mexicano podría modificar o revocar.
- El despacho White & Case representa a CPKC en el litigio.
- La Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía defiende al Estado mexicano.
- El 8 de octubre de 2024 se aprobó una reforma constitucional al artículo 28 que permite al Ejecutivo otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
- La reforma, impulsada por el entonces presidente López Obrador, busca priorizar el transporte de pasajeros sobre el de carga.
- El gobierno inauguró el Tren Felipe Ángeles el domingo anterior, comprando la participación de CAF en el Tren Suburbano.
Una disputa ferroviaria escala a arbitraje internacional
El gigante ferroviario Canadian Pacific Kansas City (CPKC) ha demandado a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando un trato discriminatorio a sus inversiones en el país. La solicitud de arbitraje, registrada el 27 de abril de 2026 bajo el caso ARB/26/19, se fundamenta en el Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP). La controversia deriva de una concesión ferroviaria que, según CPKC, el gobierno federal podría modificar o revocar sustancialmente para favorecer el transporte de pasajeros. El Ciadi confirmó que el Secretario General en funciones registró la solicitud, dando inicio formal al procedimiento, que actualmente se encuentra en estado "Pendiente".
El temor a una expropiación indirecta recorre el sector
CPKC, al igual que Grupo México y otras empresas ferroviarias, percibe que el gobierno busca una "estatización ferroviaria" mediante una expropiación indirecta de las concesiones. En su informe anual presentado el 30 de abril, CPKC destacó entre sus riesgos "el impacto adverso de cualquier terminación o revocación por parte del gobierno mexicano de las concesiones". En el sector es común escuchar que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum pretende modificar las concesiones para priorizar el transporte de pasajeros, como lo demuestra el mapa de Banobras que enlaza la ruta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el Tren México-Pachuca en la terminal Xaltocán.
La reforma constitucional de 2024 como telón de fondo
El 8 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó con 472 votos a favor una reforma al artículo 28 de la Constitución, presentada el 5 de febrero de ese año por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma establece que el Ejecutivo federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares, y declara tanto el transporte de pasajeros como el de carga como áreas prioritarias para el desarrollo nacional. El dictamen señala que es conveniente un uso más eficiente de las vías ferroviarias, que no se concentre en el transporte de carga sino que se amplíe al de pasajeros. Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la reforma permitirá "recuperar la rectoría del Estado" en materia ferroviaria, privilegiando el transporte de pasajeros frente a las concesiones surgidas tras la privatización de los años noventa.
La oposición advierte riesgos y opacidad
Aunque la oposición votó a favor de la reforma, exigió mecanismos de transparencia y alertó sobre posibles riesgos ambientales y presupuestarios. El diputado José Manuel Hinojosa expresó su preocupación al señalar que "cada propuesta de la 4T viene con trampa, corrupción, opacidad, y seguramente se quedará inconclusa o inservible". Por su parte, Rubén Moreira cuestionó la viabilidad financiera de futuras inversiones y advirtió sobre un eventual endeudamiento público. Estas críticas reflejan la tensión en torno a la política ferroviaria del gobierno, que busca expandir el transporte de pasajeros mientras las empresas concesionarias temen por la seguridad jurídica de sus inversiones.
El litigio y sus actores clave
La defensa de CPKC estará a cargo del despacho White & Case, con sede en la Ciudad de México, mientras que el Estado mexicano será representado por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía. El arbitraje se rige por las Reglas de Arbitraje del Convenio del Ciadi, y el caso se encuentra en etapa inicial. La demanda de CPKC se suma a un clima de incertidumbre en el sector ferroviario mexicano, donde las empresas observan con atención los movimientos del gobierno. La inauguración del Tren Felipe Ángeles, que conecta Buenavista con el AIFA, y la compra de la participación de la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) en el Tren Suburbano, son señales de la apuesta oficial por el transporte de pasajeros.
Implicaciones para la inversión y la certidumbre jurídica
El arbitraje internacional de CPKC pone de relieve la falta de certeza jurídica que perciben los inversionistas en el sector ferroviario mexicano. La Asociación Latinoamericana del Acero difundió un mensaje de Sergio de la Maza, presidente de Canacero, quien calificó como clave el acuerdo para fomentar la industria siderúrgica mexicana, que respalda cerca de 90 mil empleos directos y da certidumbre a inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares. Sin embargo, la disputa de CPKC podría tener un efecto disuasorio para futuras inversiones extranjeras en infraestructura ferroviaria. El gobierno mexicano, por su parte, defiende su derecho a modificar el marco regulatorio para priorizar el interés público, pero deberá demostrar que las reformas no constituyen una expropiación indirecta según los estándares del CPTPP.
El desenlace del arbitraje y el futuro del ferrocarril en México
El caso ARB/26/19 ante el Ciadi marcará un precedente sobre los límites de la reforma ferroviaria mexicana y la protección de inversiones extranjeras. Mientras tanto, el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en sus planes de construir tres nuevas líneas de trenes de pasajeros en los primeros cinco años de su administración, en línea con la reforma constitucional. La resolución del arbitraje podría llevar años, pero desde ya genera tensiones entre el Estado y las empresas concesionarias. La pregunta que queda abierta es si México podrá equilibrar su ambición de expandir el transporte de pasajeros con la necesidad de mantener un clima de inversión atractivo y seguro para los operadores ferroviarios privados.
En resumen
- CPKC presentó un arbitraje internacional contra México ante el Ciadi por una disputa sobre concesiones ferroviarias, bajo el CPTPP.
- La empresa teme una expropiación indirecta de sus concesiones debido a la reforma constitucional de 2024 que prioriza el transporte de pasajeros.
- La reforma, aprobada en octubre de 2024, permite al Ejecutivo otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
- El gobierno de Sheinbaum ha inaugurado el Tren Felipe Ángeles y planea tres nuevas líneas de pasajeros.
- El litigio es manejado por White & Case para CPKC y por la Secretaría de Economía para México.
- La falta de certeza jurídica en el sector ferroviario podría afectar futuras inversiones extranjeras.







1 de mayo: descanso obligatorio en México con pago triple para quienes trabajen

INAPAM y Walmart extienden descuentos en medicamentos durante mayo 2026
