Agentes aduanales litigan amparos contra declaración patrimonial obligatoria; la SCJN dirimirá el conflicto

Lo esencial

• La reforma a la Ley Aduanera, aprobada en noviembre de 2025, exige a los agentes aduanales presentar declaración patrimonial anual a más tardar en marzo.
• Al menos 40 amparos se tramitan solo en la Ciudad de México; hay otros en el resto del país.
• El Noveno Tribunal Colegiado Administrativo sostuvo que la obligación no persigue un fin constitucionalmente válido.
• El juez Martín Santos negó la suspensión al argumentar que la actividad aduanal es estratégica para el Estado mexicano.
• La CAAAREM, con más de 860 afiliados, rechazó promover amparos y afirmó actuar dentro del marco legal.
• El SAT denunció el tema ante la SCJN, que el 20 de abril de 2026 inició el trámite para emitir jurisprudencia.
• La reforma también impone integrar expedientes con fotografías de instalaciones de clientes y responsabilidad solidaria por impuestos omitidos.

El litigio estalla por la nueva obligación patrimonial

Agentes aduanales de todo México han recurrido a amparos contra la obligación de presentar su declaración patrimonial, impuesta por la reforma a la Ley Aduanera de noviembre pasado. La medida, que exige declarar la evolución patrimonial cada año a más tardar en marzo, ha generado una batalla legal con criterios judiciales opuestos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya denunció el conflicto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el pasado 20 de abril inició el trámite para emitir una jurisprudencia vinculante. Solo en la Ciudad de México se tramitan al menos 40 amparos, aunque muchos otros se han presentado en el resto del país.

Criterios judiciales encontrados sobre la constitucionalidad

El Noveno Tribunal Colegiado Administrativo sostuvo que la obligación de declaración patrimonial no persigue un fin constitucionalmente válido. Según el tribunal, el agente aduanal es una persona física que desarrolla una actividad profesional mediante una patente otorgada por el Estado, por lo que no tiene el carácter de servidor público y no se rige por el principio de rendición de cuentas del artículo 108 constitucional. En contraste, el juez Martín Santos negó la suspensión en el amparo de la Asociación Nacional para la Defensa de los Usuarios de Aduanas AC. Santos argumentó que las disposiciones impugnadas forman parte de un rediseño integral del régimen jurídico de los agentes aduanales, cuyo propósito es fortalecer los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas en una función estratégica para el Estado.

La CAAAREM se desmarca de los amparos individuales

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que agrupa a más de 860 agentes, rechazó tener participación en la promoción de amparos individuales o civiles. El organismo subrayó que su actuación se mantiene dentro del marco legal vigente y que no respalda acciones legales de ese tipo. El presidente de la CAAAREM, José Ignacio Zaragoza Ambrosi, afirmó que el agente aduanal cumple una función estratégica para el país y que quienes ejercen esta función deben apegarse a la legislación vigente bajo criterios de legalidad, ética y profesionalización. La confederación indicó que mantiene coordinación con la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México para atender temas operativos.

Nuevas obligaciones más allá de la declaración patrimonial

La declaración patrimonial es solo una de varias nuevas obligaciones que han provocado amparos. La reforma también exige integrar expedientes detallados sobre las personas o empresas que solicitan servicios aduanales, incluyendo fotografías de sus instalaciones. Además, establece la responsabilidad solidaria de los agentes por impuestos omitidos en las operaciones y responsabilidades adicionales para los almacenes de depósito. Estas medidas buscan reforzar el control sobre una actividad que, según el juez Santos, no es una labor privada ordinaria, sino una función vinculada con la recaudación de contribuciones federales, el control del comercio exterior, la prevención del contrabando y la protección del orden económico nacional.

Próximos pasos: jurisprudencia de la SCJN y eventos del sector

La SCJN deberá resolver la contradicción de criterios entre los tribunales que han concedido suspensiones y los que las han negado. La decisión sentará precedente para todos los amparos en curso y definirá si la obligación de declaración patrimonial es constitucional. Mientras tanto, la CAAAREM anunció que el próximo 6 de mayo agentes aduanales acudirán al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para presentar avances en modernización y digitalización de procesos aduaneros, orientados a mejorar la eficiencia del comercio exterior. La confederación mantiene su postura de cumplimiento normativo y diálogo institucional con las autoridades.

En resumen

• La SCJN decidirá si la declaración patrimonial obligatoria para agentes aduanales es constitucional, unificando criterios opuestos de tribunales federales.
• La CAAAREM, que representa a más de 860 agentes, se deslinda de los amparos y afirma actuar dentro de la ley.
• La reforma a la Ley Aduanera impone múltiples obligaciones: declaración patrimonial, expedientes de clientes con fotos, y responsabilidad solidaria por impuestos.
• El juez Martín Santos considera que la actividad aduanal es estratégica y justifica mayores controles, mientras que el Noveno Tribunal Colegiado la ve como una profesión privada no sujeta a rendición de cuentas.
• El SAT impulsa la jurisprudencia para evitar que las suspensiones temporales afecten el interés público y la recaudación.
• El sector aduanal avanza en digitalización y modernización, con una presentación programada para el 6 de mayo en el AIFA.